Evidencias del perfilamiento racial

En un revés importante para las políticas migratorias del gobierno de Trump, la jueza federal Maame Ewusi Mensah Frimpong, de California, emitió una orden que frena temporalmente los arrestos sin causa probable por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración. La medida busca frenar especialmente las detenciones basadas en el ‘perfil racial’. Frimpong señaló una “montaña de evidencia” sobre prácticas inconstitucionales que violan la cuarta y quinta enmienda de la Constitución. 

El fallo responde a una demanda de la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU) y obliga a las autoridades a garantizar acceso inmediato a asesoría legal para los arrestados. Y aunque la orden judicial se aplica a siete condados del Distrito Central de California, incluido Los Ángeles, podría sentar un precedente para la defensa de los derechos de los inmigrantes a escala nacional. 

En Línea Abierta, Mayra Joachín, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes y abogada principal de la ACLU del Sur de California en Los Ángeles, explicó que la demanda, propuesta en colaboración con personas individuales y cuatro organizaciones contra el gobierno federal, fue una respuesta a la manera como se han efectuado las redadas en el sur de California.  

La abogada señala que ACLU realizó una investigación detallada durante varias semanas, “conversando con personas que han sido directamente impactadas, incluyendo a personas detenidas simplemente por el color de su piel”. De ahí se desprende que hay irregularidades en las detenciones pues existe evidencia de que los agentes se enfocan en personas que parecen ser latinas. Hay casos en los que en el mismo lugar donde se detuvo a ‘latinos’, individuos con rasgos diferentes no fueron aprehendidos, “lo que indica que las redadas se han basado en operaciones contra personas por su apariencia”. 

Además, las autoridades han realizado redadas en ciertos lugares donde se encuentran trabajadores, como Home Depot y otros, “para utilizar esas locaciones como una indicación de que esas persona están en este país en violación de la ley de inmigración, cuando sabemos que legalmente ellos no pueden utilizar esos lugares para indicar que tienen una sospecha razonable sobre una persona”. 

También encontraron que los agentes federales “han utilizado el lenguaje o la manera en que uno se expresa para justificar detener a alguien simplemente porque ha hablado en español. Esos factores no son suficientes para arrestar a una persona”. 

El gobierno, sostiene la abogada Joachín, ha tenido oportunidad para presentar su evidencia en respuesta a la demanda de ACLU, “sin embargo, no han presentado suficiente evidencia ni dado información en la corte ni ante el juez para responder a nuestras alegaciones”. 

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