Estados cierran puertas de la universidad a estudiantes indocumentados (primera)

Protesta en Arizona. Hubo 25 detenidos que formaban parte de un grupo de inmigrantes conocidos como “soñadores”, en referencia al proyecto de ley Dream Act de Estados Unidos.

Muchos estudiantes latinos a lo largo y ancho del país atraviesan por serios problemas para avanzar a la educción superior. Uno de ellos es falta de ayuda financiera para poder hacerle frente a las altas colegiaturas que tienen que pagar por la matrícula universitaria. En esta reseña de la primera parte del programa Línea Abierta de ayer, se apuntan los reflectores al estado de Arizona que, sin ser el único, reflejan una problemática que aflige a nuestra juventud en la nación. En Arizona por ejemplo, una iniciativa prohíbe el acceso a la universidad a las personas que no residen con documentos legales de migración. Allí, el gobierno del estado lleva a la corte al sistema de colegios universitarios más grande del país, con el propósito de impedir que los beneficiarios de DACA paguen la matrícula universitaria al mismo precio que los residente estatales, dice Chelis López, conductora de este programa.

Para analizar con mayor profundidad el caso de Arizona, el programa contó con la participación de Alfredo Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva para el Distrito 5 de Maricopa Community College District, y también experto en temas de educación e inmigración, quien se unió vía telefónica desde la ciudad de Phoenix, Arizona.

¿De qué manera dicha iniciativa legal sometida en Arizona dificulta la vida estudiantil de los indocumentados en ese estado? pregunta López a Gutiérrez.

Se trata de una iniciativa o propuesta de ley que pasó a través del voto, y pasó con casi el 60 por ciento de los votantes del estado de Arizona, dice Gutiérrez. “El intento de la iniciativa era claro: que el estudiante indocumentado no pudiera seguir con su educación, porque los precios iba a subir tan radicalmente que los iban a dejar afuera”. Esa era la intención de los autores, reitera el experto. Y explica que por ejemplo en las universidades del estado, un estudiante residente del estado paga 10 mil dólares por semestre. “Un semestre ¡10 mil dólares!”. Sin embargo, sostiene, un estudiante de fuera del estado paga ¡23 mil dólares! por ese mismo semestre. “En el colegio comunitario, dijimos que había una diferencia, que costaba de mil a casi 4 mil dólares por semestre”. Pero la mesa directiva de las universidades, los regentes decidieron seguir la ley. Entonces subieron los precios para esos estudiantes, y forzaron a miles a quedarse fuera de la universidad”.

Gutiérrez afirma que la mesa directiva de los colegios comunitarios consideró la cuestión, e iba a implementarla, “pero aquí se consideró, y después de muchas juntas con abogados se decidió no seguirla, y esperar a que se diera una demanda en contra del sistema escolar comunitario de parte del Fiscal del estado. Y eso es precisamente lo que ha pasado, el Fiscal y la Gobernadora de Arizona quieren forzar al sistema para que cobre los preciso más altos posible a esos estudiantes”.

Se trata de la demanda, Arizona vs Condado Maricopa Community College District, en la que el fiscal general, Tom Horne está demandando al distrito de la universidad por lo oneroso de la matrícula estatal para los inmigrantes indocumentados que cuentan con permisos de trabajo a través del programa federal de la Acción Diferida; los auto nombrados Dacamentados. En la demanda se argumenta que el costo de la matrícula estatal en ese distrito es de 78 dólares por crédito-hora, en comparación con una matrícula para los de afuera del estado, que es de 317 dólares por crédito-hora.

El sistema de colegios comunitarios del Condado de Maricopa tiene 260 mil estudiantes y es el sistema más grande del país, sostiene Gutiérrez. Y un 30% de esos estudiantes actualmente son latinos. Muchos de ellos, “no sabemos precisamente qué tantos porque no preguntamos”, son indocumentados. “Lo que sí preguntamos y sí sabemos es que el 70% son estudiantes que pertenecen a la primera generación que va a la universidad. Y creemos que el número de afectados va a ser altísimo si llegáramos a adoptar las medidas que quisiera imponer el Fiscal y la Gobernadora.Nos han llevado a corte y hemos perdido el primer nivel de argumentos, y hemos entrado a la segunda fase. Y esperamos que antes de finalizar este año tengamos una decisión. Y si ganamos, creemos que el estado va a apelar, y si nosotros perdemos, es nuestra intensión también apelar. Entonces, este problema, yo creo, va a llegar hasta las cortes federales, y puede ser que hasta a la Suprema Corte de Estados Unidos”.

En la primera fase del pleito los colegios comunitarios defendieron el argumento de que tienen derechos que son intrínsecos, que vienen directamente de su constitución legal como colegio, dice Gutiérrez. “Y nosotros como la Mesa Directiva tenemos el derecho de establece cuánto se va a cobrar por la matrícula, el tuition, que le dicen en inglés; y ese derecho solamente corresponde a la Mesa Directiva y no al Fiscal o al Estado”. Este argumento es similar al argumento que puede defender una ciudad o un municipio, que tiene ciertos derechos, agrega; y aunque son un instrumento del Estado, por ejemplo el de California o Texas, etcétera, hay sin embargo ciertos poderes que solamente se cumplen por el Municipio, explica. “Esta decisión que es solamente de la mesa directiva es el argumento que perdimos”.

Ahora entran de lleno en la segunda fase del pleito judicial, dice Gutiérrez. “Las segunda fase es esto: DACA le da derecho legal a los estudiantes -beneficiarios- y son estudiantes legales del estado mientras tengan este permiso provisional. El argumento del estado es que el permiso provisional les da ciertos derechos, pero no les da residencia legal. Y que la frase en la ley -que rige en torno a los colegios- es la de ‘residente legal’; y que eso no se provee con DACA. Que DACA es un permiso provisional temporal, con muchas limitaciones”. Se trata del mismo argumento que ha usado el Estado de Arizona para negar licencia de conducir a los estudiantes de DACA, los Dacamentados. En ese caso se ganó la primera fase, sostiene Gutiérrez. El estado decidió apelar, y entonces los estudiantes todavía no tiene el derecho para poder manejar, pero ganaron en la primera fase, prosigue el experto de la Junta Directiva del Distrito 5 del Maricopa.

“En el caso de nosotros, vamos a usar ese mismo argumento, en la segunda fase. Es con otro juez, es en otra corte, porque nosotros vamos a argumentar en cortes estatales -la cuestión de las licencias se argumentó en cortes federales-; entonces, son otros jueces, otra rama del gobierno, y creemos que vamos a ganar en este caso”.

Pero, ¿cuántos estudiantes de colegios comunitarios en Arizona se han visto afectados con esta medida?, pregunta Chelis López.

Es importante subrayar que en el sistema de colegios en el condado de Maricola no se les pregunta a los estudiantes por su estatus migratorio para ingresar, aclara Gutiérrez. “Entonces tenemos que especular al estimar cuál sería la situación”. La estimación de parte del administrador del sistema -dice- es que de llegarse a cobrar al nivel más alto eso va a a tener un impacto inmediato. “Y estamos en peligro de perder a 12 mil estudiantes… La realidad es que los estudiantes en el community college de Maricopa, y creo que en muchos sistemas urbanos, grandes en el país, como por ejemplo el de Los Ángeles, o Dallas, en Texas, los estudiantes latinos vienen siendo, como en nuestro caso, casi el 30%… Y sabemos que la gran mayoría, el 70% y más, necesitan becas y ayuda federal para seguir con sus estudios”. El 60% -de estos estudiantes son estudiantes de la primera generación, reitera Gutiérrez, los primeros en su familia que van a la universidad, claramente estudiantes con muy bajos recursos. “No vienen de la clase media ni de la clase alta. Vienen a estudiar con un propósito tremendo, una disciplina tremenda…, con sueños que quieren alcanzar”. Pero necesitan ayuda, señala el experto, y están en una situación económica muy precaria. “Entonces, si llegáramos a cobrar en vez de mil dólares, 4 mil dólares, y solamente para medio año, para las doce clases por semestre, que es tiempo completo en el colegio… Acuérdense, además estos estudiantes tienen que trabajar, tienen que pagar renta, tienen todo lo demás. Y tiempo completo es un compromiso muy grande de tiempo, de disciplina. Y subiéndoles miles de dólares… esto va a costar muchos a los estudiantes, va a causar un fracaso tremendo en nuestra comunidad”. En otras palabras van a tirar la toalla, remata López.

La frase que establece la referida ley sobre ser ‘residente legal’ para adquirir dichos beneficios, versus la condición de ‘residentes temporales’ que los excluye de ellos, en Arizona, a diferencia de muchos otros estados va a ser muy difícil de sobreponer, admite Alfredo Gutiérrez. “Y la razón es esta: La ley pasó por iniciativa, es decir que fue propuesta por un grupo de ciudadanos que tenía el derecho de hacerlo; y fue aprobada por casi 60 por ciento de los votantes en el estado”. Y es que la Constitución del estado de Arizona prohíbe a la legislatura cambiar esa ley, sin contar con tres cuartas partes del voto de los legisladores de ambas cámaras. “Actualmente, con la composición del Senado y de la Cámara en Arizona, que están en manos muy derechistas, muy antinmigrantes, es imposible que vamos a tener ese tipo de apoyo”. Otra forma de intentar cambiar dicha ley es yendo a los votantes de nuevo, afirma Gutiérrez. “Pero esa es una ruta carísima, muy difícil. Francamente no creemos que pudiéramos ganarla. Le voy a decir algo muy interesante. Si tuviéramos la confianza de que los latinos van a salir a votar, y hablo de los latinos que tienen el derecho de votar, eh, que son ciudadanos, que tienen más de 18 años, etcétera… Si tuviéramos confianza de que los latinos salieran a votar, entonces sí iríamos a pelear la iniciativa. Pero en Arizona, y a nivel nacional, hemos llegado al 40% de aquellos que tienen el derecho de votar, que participan en las elecciones; el 60% no participa. Y por eso no vamos a los votantes porque no tenemos confianza en que nuestra misma gente va a salir a votar y nos va a apoyar en esta situación”. Y ese es el caso por todo el país, deplora con una sonrisa irónica Gutiérrez. “A veces tenemos que hablar muy francamente. Y hablando con toda franqueza es que… tenemos que hacer algo con nuestra misma comunidad, para motivarla a que tome responsabilidad por sus mismos hijos. Y eso es de lo que hablamos en este caso, hablamos de nuestros hijos. Es a quien vamos a negar la educación si no salimos a votar, si no participamos en esta acción”.

No obstante, respuesta hay, aunque por parte de los Dacamentados, los soñadores en Arizona y en otros estados del país; y de los profesores y académicos que están apoyando este movimiento, sostiene López, quien pide al experto que hable de este bloque que apoya el cambio.

“En cuanto a los jóvenes, y no solamente aquellos afectados, aquellos que son ‘soñadores’, que son elegibles para DACA, sino toda esa generación de estudiantes latinos que fueron a la escuela juntos, uno sentado cerca del otro, uno con ‘papeles’ y el otro sin ‘papeles’…, ellos no distinguen entre uno y otro; ellos tienen una solidaridad tremenda”. Gutiérrez señala que entre esa generación de jóvenes, “estamos viendo un nivel de activismo que no creo que hemos visto desde los días del movimiento chicano, el Chicano movement. Entre esa generación, aquí, en California, en Washington o en donde se quiera, en todo el país, estamos viendo esta generación en pie; y marchando, y demandando cambio”. Y ojala, dice, que esta generación le de un liderazgo nuevo a nuestra comunidad para tomar los asuntos que tanto tiene que resolver la comunidad latina. “Es el sueño que tengo, son mis inspiración estos jóvenes que en ellos de veras uno puede contar, que van a estar ahí para buscar el mejoramiento de nuestra comunidad y van a tomar responsabilidad por sus acciones”, concluyó Alfredo Gutiérrez■

Enlaces de interés:

Immigrant Access to Higher Education

Maricopa community colleges sued over in-state tuition for migrants

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