En Arizona, inmigrantes afectados no van al médico por temor a regla de “carga pública”

Cristina es una de casi 8 millones de personas en EE UU que no son ciudadanas y carecen de seguro médico.

En mayo, Olga perdió su trabajo limpiando casas. Al mes siguiente comenzó a faltarle la respiración, y tenía mucha fiebre. Su esposo la quiso llevar de urgencia al hospital pero Olga se negó.

“Si voy a morir, voy a morir en casa. No, no quiero ir a un hospital. Yo me voy a quedar aquí y no quiero dejar más problemas de los que ya teníamos”

Olga tiene 48 años, es mexicana y sin documentos de migración. Recuerda que tenía una fiebre tan alta que deliraba y no podía levantarse de la cama para darle de comer a su hija de 6 años. A pesar de eso no quería revivir la discriminación que vivió en un hospital cuando estuvo embarazada.

“Lo primero que yo pensaba era: ‘mira, yo soy hispana’… No, a mí no me van a poner la atención que le van a poner a un americano que tenga aseguranza y puedan cobrarle a la aseguranza por atenderlo”

Como Olga hay en el país 7.7 millones de inmigrantes y personas que no son ciudadanas y no cuentan con un seguro médico, según el Migration Policy Institute.

Samantha Artiga, directora del Programa de Políticas de Salud y Equidad Racial de KFF.

Y a pesar de que muchos son trabajadores esenciales, por las condiciones de pobreza, hacinamiento y falta de cobertura médica preventiva se encuentran más vulnerables a enfermarse de COVID-19, dice Samantha Artiga, directora del Programa de Políticas de Salud y Equidad Racial de Kaiser Family Foundation.

“Lo que esta pandemia realmente ha hecho es exponer y amplificar disparidades que estaban de raíz en la salud, y el acceso a los cuidados de salud; y en la raíz de muchas de esas disparidades está el racismo estructural y sistemático y la discriminación”

Arizona tiene una larga historia de negar servicios sociales a los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, el estado no les provee acceso a un seguro médico, a diferencia de California. Además, muchos como Olga piensan que cuesta mucho dinero atenderse en un hospital, y mejor se arriesgan a controlar la enfermedad con medicinas caseras exponiéndose a serias consecuencias.

Eso le sucedió en junio a Cristina, una inmigrante indocumentada de 38 años que pinta casas por cuenta propia. Se enfermó de COVID-19 y se trató de curar en su casa con medicamentos de México. Fue a emergencias a un hospital cuando ya casi no podía respirar.

“Yo les dije que no tengo aseguranza, pero no me dijeron: ‘Pues si estás aquí, tenemos planes de pago, que pagar tanto por esto, y este estudio’. Que si me han dicho a lo mejor yo no me los hago porque pues dijera yo no tengo tiempo para pagar eso. Ahorita no estoy trabajando”

Ya recuperada de su salud en septiembre a Cristina le cobraron casi 400 dólares por dos horas de servicio. Le tomaron unos rayos X para ver sus pulmones y un electrocardiograma. Ese dinero era mucho para Cristina pues tenía un mes desempleada. No se animó a reclamarle al hospital, pero como no lo ha podido pagar ya le subió la deuda por los intereses.

“Pues la verdad no, no los esperaba…”
Lo que no sabía Cristina es que la ley de estímulo económico o CARES reembolsa los costos a clínicas y hospitales que tratan a pacientes de COVID-19 sin seguro médico, y sin importar su estado migratorio. Jennifer Tolbert, directora de reformas de salud estatal para Kaiser Family Foundation explica que los hospitales que participan en este programa administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos deben primero cobrarle al gobierno y no pasarle la cuenta al paciente. Pero hay ciertas limitaciones, dice la experta:

Jennifer Tolbert, directora de reformas de salud estatal para Kaiser Family Foundation.

“Un paciente sin cobertura de seguro médico que va al hospital puede llegar sin saber de entrada si ninguno de los costos de su servicios de tratamiento serán cubiertos”

Otra de las desventajas, según Tolbert, es que para que estos costos estén cubiertos, la enfermedad principal del paciente tiene que ser de COVID-19.

“Alguien que llega al hospital digamos, quizás por insuficiencia renal o tiene diabetes como su diagnóstico primario y luego después se le diagnostica con COVID-19 como diagnóstico secundario. Los costos de ese tratamiento no son elegibles para el reembolso de este programa”

De acuerdo a un análisis de Kaiser Family Foundation, hasta fines de agosto el gobierno federal reembolsó 470 millones de dólares de este fondo para pacientes sin seguro médico. Pero no se sabe cuántas personas han recibido facturas de cobro o ya pagaron los gastos que clínicas y hospitales les exigieron.

“Yo estoy en proceso ahorita de arreglar mi situación migratoria por parte de mi hermana”

Lizet, tiene 40 años y es indocumentada. Sus hijos ciudadanos sufren de asma pero no solicita seguro médico al que tienen derecho por temor a afectar sus trámites migratorios. Modificada por el gobierno de Trump la regla de carga publica le niega la residencia permanente a personas que han utilizado ciertos beneficios públicos o pudieran usarlos en un futuro.

La implementación de esta medida fue frenada por una corte federal en julio, argumentando su impacto durante la pandemia. Pero a mediados de septiembre la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que la decisión de una corte de apelaciones permitía que volvieran a poner la medida en efecto.

“Entonces no, yo no quiero entrar como carga pública y afectar la vida de mis hijos y afectar mi aplicación. Entonces preferimos no pedir nada al gobierno por lo mismo”

Por eso este año Lizet no renovó el seguro médico estatal de sus dos hijos, aun cuando pedir este apoyo para hijos ciudadanos no se considera una carga pública. Estas dudas son muy comunes, dice Claudia Maldonado, directora de programas at Keogh Health Connection, organización que asistió a casi 10 mil personas que solicitaron beneficios públicos el año pasado.

“Están con angustia, con confusión… porque aparte, no nomás es que no saben si deben de pedir este beneficio, sino que a veces ya no tienen trabajo, o falta comida en la casa, alguien está enfermo… Llega un momento en ¿qué tanto más pueden aguantar?”

Cristina esperó hasta el último momento para ir al hospital y estivo tratándose con medicamentos caseros, mexicanos.

Pese a pagar impuestos todos los años Lizet no tiene acceso a ningún apoyo. Para ella es desesperante. La misma desesperación vive Olga, quien todavía tiene secuelas del COVID-19; tiene dolores en el pecho y en los huesos, y depresión por no ser la que era antes, ni ella ni su esposo han ido a ver un doctor.

“Quedé tan, tan traumada que aunque yo sepa que ya no lo tengo, trato de no acercarme con nadie y tener los cuidados que más puedo”

Lo que tienen en común Olga, Cristina y Lizet, estas tres inmigrantes que viven en Arizona es una gran desconfianza hacia el gobierno, y esto presenta un gran problema cuando se desarrolle y se distribuya la vacuna contra el COVID-19 en las comunidades inmigrantes. Porque del éxito de estos trabajadores esenciales y su recuperación también depende el futuro económico del país. Por eso el senador demócrata, Tony Navarrete propone esta solución para asistir a personas de bajos ingresos sin seguro médico.

“Proveer y expandir Medicaid a todos esos individuos que no tienen cobertura, aún si son indocumentados”

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Foto y Texto de Valeria Fernández.