El caso que definiría quién es ciudadano estadunidense

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos clave sobre la orden ejecutiva de Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Se espera que el fallo se conozca en el verano, pero la audiencia dejó claro que uno de los principios más básicos del sistema constitucional estadunidense: la Enmienda 14 -que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana-, está en juego.

Algunos observadores jurídicos afirman que el ataque a la ciudadanía por nacimiento es un esfuerzo por reescribir las propias reglas de interpretación constitucional y que, una vez sentado el precedente, ningún derecho estará a salvo.

Dentro de la Corte, el ambiente fue tenso. Así lo explicó la abogada María Elena Hincapié en Línea Abierta, destacada académica de Cornell, quien estuvo presente en dicha audiencia. “Había mucha ansiedad y preocupación de que la presencia del Presidente fuera un intento de intimidar a los jueces”, señaló. Aun así, dijo que salió de esa sesión con cierto optimismo. “La Constitución es muy clara: Toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana”.

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 El debate también incidió en el terreno histórico. El gobierno insiste en que el contexto actual —con altos niveles de migración— exige reinterpretar la ley. Pero varios jueces no parecieron convencidos. El propio presidente de la Corte, John Roberts, lo resumió en una frase: “Es un nuevo mundo, pero es la misma Constitución”.

Del lado de los defensores del derecho a ciudadanía por nacimiento, el argumento es más amplio. La historia de Estados Unidos está profundamente ligada a la inmigración, explicó Hincapié. “Este país fue fundado por inmigrantes ‘sin papeles’, sin visas durante más de 200 años”. Otro punto clave de la discusión fue el concepto de “arraigo” o “domicilio”, utilizado por el gobierno para limitar quiénes tienen derecho a la ciudadanía. Pero ahí surge una contradicción evidente. “Los inmigrantes ya están arraigados, pagan impuestos, participan en sus comunidades y hacen de este país su hogar”, sostuvo la abogada.

Más allá del fallo, las posibles consecuencias son enormes, afirmó Hincapié. Una decisión a favor del gobierno “no sólo afectaría a futuros nacimientos, sino que podría generar dudas legales sobre personas que ya son consideradas ciudadanas”, advirtió. 

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