El altísimo costo de las deportaciones masivas

Las plataformas electorales de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en 2024 contrastan respecto a casi todo, y la inmigración no es la excepción. Es más bien un tema principal, aunque ninguno de los candidatos tiene un plan detallado de reforma migratoria comprensiva.

Pero el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea por ejemplo deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, construir enormes campos de detención para millones de indocumentados mientras son expulsados, y crear verdaderos aparatos policiales y administrativos en los 50 estados del país. Esas son solo unas de las primeras medidas que tomaría una hipotética administración republicana desde el primer día de gobierno, según se ha dado a conocer.

Por su parte, aunque el gobierno de la actual Vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, ha dado pasos hacia atrás en los derechos de asilo y no ha señalado un plan de reforma a la inmigración tras aceptar que es un sistema caducado y disfuncional, sí ha hablado de propiciar un camino a la ciudadanía para un pequeño pero importante sector, como el de los dreamers , pero también para otros inmigrantes.

Lo que sí es claro y vale la pena no olvidar es el trabajo de distintas instituciones científicas que han calculado las multi millonarias contribuciones económicas de los inmigrantes y de los indocumentados en ingresos fiscales, poder adquisitivo, llenar la escasez de mano de obra, contribuir con la Seguridad Social y Medicare, entre otros rubros.

The New American Economy estima que en 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron 46,800 millones de dólares en impuestos federales y 29,300 millones de dólares en impuestos estatales y locales.

Si se alcanzara una reforma migratoria, dice la fuente, los indocumentados aportarían en ingresos fiscales estatales y locales 68,000 millones de dólares en una década, mientras que en ingresos fiscales federales aportarían 116,000 millones de dólares adicionales y el Producto Interno Bruto (PIB) crecería en gran medida.

En cuanto a la mano de obra, los inmigrantes indocumentados trabajan en la agricultura, la construcción y los servicios diversos representando el 5% de la fuerza laboral del país. Ese año contaban con 256,800 millones de dólares en poder adquisitivo, después de impuestos, y en estados como Dakota del Sur, Dakota del Norte, Maryland, Vermont, Maine y Carolina del Sur cubrirían la escasez de mano de obra.

Con estas aportaciones de los inmigrantes indocumentados se garantiza la existencia del Seguro Social y el Medicare, a pesar de que ellos mismos no reciben beneficios a cambio. Pero si se legalizan, los inmigrantes indocumentados podrían contribuir aún más a la economía estadunidense, dicen distintas firmas de análisis económico y financiero.

Por el contrario, las deportaciones tendrían un impacto negativo en la economía, privarían a los gobiernos locales, estatales y al federal de centenares de miles de millones de dólares en ingresos fiscales, y aumentaría la escasez de mano de obra y la inflación. Eso sin contar los billonarios costos operativos de extensos cuerpos policiales, militares y administrativos, de transportación, y de los campos de detención para hacinar a millones de inmigrantes mientras se realizan sus expulsiones.

Más de ocho de cada 10 inmigrantes indocumentados han vivido en Estados Unidos durante más de cinco años. Debido a la deportación masiva, 6.4% de la fuerza laboral se reduciría; 1.6 trillones de dólares sería la reducción del PIB; 5.7% de la economía estadunidense se contraería y 400,000 millones de dólares sería el costo directo para el gobierno federal.

Las opciones entre ambos planes de gobierno no pueden estar más claras.