El acuerdo IRS-ICE: Otro autogol de Trump en materia económica

En esta semana de pago de impuestos cobran especial urgencia las negativas consecuencias del acuerdo entre el Servicio de Rentas Internas (IRS) y el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para compartir información sobre los contribuyentes indocumentados, tanto en materia de privacidad como de pérdida de miles de millones de dólares en ingresos para los gobiernos federal, estatal y local si las personas sin documentos dejan de pagar impuestos o son deportadas.

El Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) presentó la semana pasada un análisis que concluye que “cada descenso de 10 puntos porcentuales en la tasa de cumplimiento del impuesto sobre ingresos de los inmigrantes indocumentados reduciría los ingresos fiscales federales en 8 mil 600 millones de dólares al año, y la recaudación fiscal estatal y local en 900 millones de dólares anuales”. Una reducción combinada de 9 mil 500 millones de dólares anuales. 

Un descenso de 30 puntos porcentuales en la tasa de cumplimiento del pago de impuestos supondría una reducción de 25 mil 900 millones de dólares anuales para el gobierno federal, y 2 mil 600 millones para los gobiernos estatal y local. 

Esas cifras deberían alarmar a la propia administración de Donald Trump, que ha antepuesto una política antinmigrante y en muchos casos ilegal y anticonstitucional en su obsesiva cruzada contra los inmigrantes de color.

El acuerdo IRS-ICE permite que la agencia encargada de recaudar impuestos le corrobore a la agencia migratoria los datos, hasta ahora secretos, de los contribuyentes que rinden su declaración de impuestos utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) que otorga el IRS a algunas categorías de no ciudadanos que no pueden obtener un número de Seguro Social. La idea es ubicarlos y deportarlos.

Varios funcionarios de alto nivel del IRS, incluyendo la comisionada interina, Melanie Krause, renunciaron porque el acuerdo es una clara violación a las leyes federales que protegen la privacidad de la información de los contribuyentes, independientemente de su situación migratoria. Solamente el Congreso puede solicitar que se revele información bajo circunstancias especiales, pero no para labores migratorias.

El acuerdo debería preocupar también a ciudadanos y residentes autorizados porque al abrirle la puerta, nadie sabe con qué otros fines el gobierno federal quiera acceder a su información tributaria. Ignorar los desarrollos argumentando que solamente afectará a los indocumentados es jugar con fuego. Así se van erosionando las protecciones y los derechos individuales sobre todo ante el gobierno de Trump, que no respeta el debido proceso de ley ni lo que dictaminen las cortes, incluyendo el máximo tribunal. 

Así lo prueba la renuencia de Trump a traer de vuelta al residente legal de Maryland, el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado “por error” a la infame prisión CECOT en El Salvador, a pesar de que la Corte Suprema de la nación falló que su gobierno debe “facilitar” el retorno del joven casado con una ciudadana estadunidense y padre de tres niños estadunidenses.  

Pero si solamente analizamos en dólares y centavos los efectos negativos del acuerdo IRS-ICE para las arcas del gobierno, no hay que ir muy lejos. En estos días abundan las historias en la prensa de contables indicando que sus clientes indocumentados se preguntan si sería seguro declarar sus impuestos ante el temor a que los detengan y los deporten. O de expertos advirtiendo sobre la pérdida de ingresos a todos los niveles.

Según el American Immigration Council, “en 2023 los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados pagaron 89 mil 800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales”. En 2022, los impuestos combinados totalizaron casi 100 mil millones de dólares, según ITEP.

También en 2022, “los indocumentados pagaron 25 mil 700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social, 6 mil 400 millones en impuestos de Medicare y mil 800 millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo”, reportó ITEP. Son beneficios a los que no tienen derecho.

Y no se trata únicamente de perder sus aportaciones tributarias sino su mano de obra en sectores vitales de nuestra economía, y su capacidad adquisitiva como consumidores.

El acuerdo IRS-ICE y las deportaciones masivas suponen otro autogol de Trump para la economía estadunidense.