EE.UU. contra la Corte Penal Internacional

Estados Unidos volvió a amenazar con sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal no se compromete a no investigar a exfuncionarios y al propio presidente Donald Trump. Paralelamente, la administración federal comenzó a incluir en listas negras bancarias a jueces y servidores de la corte que investigan crímenes de guerra en Gaza y Afganistán. Estas medidas bloquean su acceso al sistema financiero global y constituyen un golpe sin precedentes contra la justicia internacional al debilitar su capacidad operativa.

En enero pasado, en el marco del arranque del 2025, la CPI conminó a la comunidad internacional a proteger “la independencia judicial internacional” y señaló que los ataques dificultan la protección de víctimas, testigos y personal involucrado en procesos sensibles. Varios Estados miembros y organizaciones de derechos humanos han condenado la ofensiva de Washington, llamando a resguardar la integridad del tribunal. 

¿Cuál es el impacto de estas represalias en los casos de crímenes de lesa humanidad?

Michelle Reyes Milk, de Human Rights Watch, dijo a Línea Abierta que “es un momento muy crítico y serio para la Corte Penal Internacional”. Explicó que las sanciones se sustentan en la norma International Emergency Economic Powers, que permite perseguir a funcionarios o individuos considerados que actúan ilegítimamente contra los intereses de Estados Unidos y, en este caso, “su aliado Israel”.

Las sanciones derivan de una orden ejecutiva emitida en febrero, luego de que el tribunal —respaldado por la ONU— ordenara el arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Las medidas pueden incluir el bloqueo del acceso financiero, el congelamiento de propiedades o activos en EE.UU. y las prohibiciones de viaje.

Reyes subrayó que Trump declaró que las investigaciones de la Corte Penal Internacional constituían una “amenaza extraordinaria”. Con esta declaración, firmó la Orden Ejecutiva 13928 y autorizó sanciones económicas y restricciones a visas que afectaron a funcionarios de la CPI de Eslovenia, Perú, Francia y Canadá, así como a tres organizaciones palestinas que documentaban crímenes en Gaza y Cisjordania, y a una relatora especial de la ONU cuyo mandato se enfocaba en Palestina. Todo esto, afirmó Reyes, “se ha presentado como un ataque directo contra la Corte Penal Internacional”.

El efecto disuasorio es profundo, agrega. Los estadunidenses, por temor a multas u otras penalidades, “desisten no sólo de interactuar con la Corte, sino de brindar lo que podría ser interpretado como un servicio”. Y dio un ejemplo reciente. “Microsoft ha desistido de brindar sus servicios a toda la Corte Penal Internacional y acaba de tener que cambiar este programa”. El impacto afecta no sólo investigaciones relacionadas con Palestina o Afganistán, sino también a víctimas de otros casos globales. 

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 Además del temor y la incertidumbre que provoca esta persecución, la Asamblea General de la ONU ha condenado toda forma de injerencia. Reyes enfatizó que “es la única corte internacional permanente con la capacidad de juzgar los crímenes más atroces: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra”. Recordó que la CPI depende de la cooperación de los Estados. “Si un Estado miembro recibe a una persona que es requerida por la Corte Penal Internacional y se niega a detenerla, está incumpliendo una obligación que ha asumido bajo el Estatuto de Roma”.

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