Educación y una batalla inconclusa

La demanda presentada contra la administración de Trump por la congelación de 6800 millones de dólares para la educación sigue su curso en un tribunal federal de Rhode Island. 24 estados y el distrito de Columbia argumentan que el gobierno está legalmente obligado a entregar los fondos aprobados por el Congreso antes del 1 de julio, por lo que demandan su liberación inmediata. Cabe recordar que, el pasado 30 de junio, la Administración notificó la retención de dichas subvenciones y, aunque el 18 de julio ya liberó, 1300 millones de dólares, restan más 5000 millones congelados.

Los recursos en juego son recursos cruciales para capacitar a maestros en comunidades de bajos ingresos y programas de arte, salud mental y educación migrante. La retención se suma a la luz verde dada por la Corte Suprema para el desmantelamiento del Departamento de Educación.

Zaidee Stavely, reportera de educación y migración de Edsource, analizó la situación en Línea Abierta. Los programas cancelados son “los que ayudan a aprender inglés, la educación bilingüe, la educación para los hijos de trabajadores migrantes del campo, que se llama Educación Migrante; algunos programas que ayudan a capacitar a los maestros, los programas para después de la escuela y programas de verano”.

De acuerdo a la periodista especializada, uno de los criterios del presidente para congelar estos fondos, además de mostrarse contrario a las políticas de inclusión y diversidad, es “alentar a las familias a mudarse, y no quedarse en un solo lugar”.  

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 La invitada afirmó que un elemento importante a considerar es que “es ilegal si no se imparte el programa de adquisición del inglés. Las escuelas tienen que ofrecer ayuda para que entiendan el contenido de sus clases. Es algo que se ha decidido a nivel de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, muchos distritos se están preguntando ¿qué hacemos?, porque obviamente tenemos que dar esos servicios, pero ahora no tenemos los fondos del gobierno federal”.

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