Disminuyendo la reforma, Florida decide prohibir a ciertas personas volver a votar

Movilización popular para liberar el derecho de voto de los exprisioneros en La Florida. Foto: https://wegotthevote.org.

Por Kira Lerner

The Appeal

Cuando Lance Wissinger tenía 24 años, cometió el error de llevar a su amigo a casa desde un bar, tras un día de juego de béisbol. Lo siguiente que supo, dijo, fue que su auto se salió de control, volcó y los expulsó a él y a su amigo a la carretera. Wissinger sufrió heridas graves y su amigo, que rodó debajo del automóvil, murió casi de inmediato.

El nivel de alcohol en la sangre de Wissinger rebasaba el límite legal, y fue declarado culpable de homicidio involuntario por DUI (manejar bajo influencia). Pasó aproximadamente cuatro años y medio en prisión, donde reflexionó sobre su error y decidió hacer lo que pudiera para ayudar a otros en su situación.

Años más tarde, mientras vivía en Fort Myers se conectó con la Coalición por la Restauración de los Derechos de La Florida (FRRC), y ayudó a luchar por la restauración de los derechos de voto de más de un millón de floridanos con antecedentes de delitos graves (al pasar la Enmienda 4). En noviembre Wissinger, quien tiene 39 años celebró que finalmente recuperaría sus derechos civiles.

A Wissinger ahora le preocupa que la celebración haya sido prematura. En momentos en  que la Legislatura de La Florida se reúne este mes, algunos legisladores están tratando de establecer amplias excepciones para quienes pueden recuperar el derecho al voto. La reforma a la Enmienda 4 podría excluir de votar a las personas que todavía están pagando multas y tarifas, y podría prohibir que vuelvan a votar las personas condenadas por delitos tales como homicidio involuntario, homicidio vehicular e intento de asesinato.

“No tenía una pistola o un objeto para crear o causar daño, pero lo que hice fue una mala elección”, dijo Wissinger a The Appeal, explicando que no cree que deba ser considerado “condenado por asesinato”.

La constitucional Enmienda 4, aprobada en noviembre por 65 por ciento de los votantes de La Florida, restablece los derechos de voto de los ciudadanos de Estados Unidos que han cumplido condenas por delitos agravados, excepto los “condenados por asesinato o delito sexual grave”. Sin embargo, los legisladores todavía están tratando de aclarar qué incluye exactamente la excepción.

El martes (3/19/2019), el Subcomité de Justicia Penal de la Cámara de Representantes debatió en una audiencia, y adelantó un proyecto de ley que incluye una serie de restricciones a la enmienda de restauración de los derechos del voto. Y aunque no ampliaría la definición de asesinato más allá de los delitos de primer y segundo grados, agregaría docenas de delitos relacionados con el sexo, a la lista de delitos que constituyen “delitos sexuales graves”, como el tráfico y la ubicación de una tienda de entretenimiento para adultos a entre 2 mil y 500 pies de una escuela, según el Orlando Sentinel.

Dicho proyecto de ley también exigiría que las multas, los honorarios y las obligaciones financieras de los tribunales se paguen antes de que alguien sea elegible para registrarse a votar, incluso si los honorarios no formaban parte de la sentencia de alguien e incluso si la persona nunca fue a prisión. Los defensores de las votaciones llaman a esa estipulación un impuesto a las votaciones de hoy en día. El representante James Grant, presidente del Comité de Justicia Penal disputó esa caracterización.

Calificar a su proyecto de ley como un impuesto al voto “disminuye la atrocidad” de los históricos impuestos a las votaciones, dijo Grant durante la audiencia. “Compararlo con esto es una bofetada en la cara”.

El Senado estatal aún no ha actuado para aclarar la Enmienda 4, y es posible que la versión del proyecto de ley de la cámara alta pueda ampliar la definición de asesinato, para incluir delitos como homicidio involuntario, homicidio vehicular e intento de asesinato.

Jeff Brandes, un republicano y uno de los senadores clave que redactó este mes una legislación aclaratoria, dijo que creía que el intento de asesinato debería ser un delito descalificador. “La pregunta es: ‘¿Qué incluye?’”, dijo Brandes, según el Tampa Bay Times. “Obviamente el asesinato (primer y segundo grados) para mí significa intento de asesinato, porque hay intención”.

Grant y Brandes no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Appeal.

Otros legisladores no estaban de acuerdo sobre qué crímenes debían incluirse. Michael Gottlieb, un representante del estado y ex abogado defensor, dijo que los individuos condenados por homicidio no deben ser incluidos entre los condenados por asesinato en primer y segundo grados. “No pensé que debiéramos enturbiar las aguas y pasar de un delito menor un delito agravado”, dijo a The Appeal. “Uno puede ser un acto negligente, y el otro es un acto intencional”.

Aun así Gottlieb estuvo de acuerdo en que la Legislatura debe tomar medidas para aclarar cualquier confusión. “Desafortunadamente estas enmiendas, aunque bien intencionadas, son colocadas en la boleta electoral por ciertos grupos y no son realmente examinadas por el proceso legislativo en el comité, donde entramos y realmente hablamos e intentamos deshacernos de este tipo de problemas y de este tipo de distinciones”, dijo a The Appeal.

De acuerdo con el Servicio de Noticias de La Florida, Grant instruyó al personal para incluir todos los delitos sexuales graves en la legislación. Cuando la Constitución dice, “delitos sexuales graves” y eso no significa nada legalmente, lo mejor que puedo hacer es proponer una lista de delitos sexuales”, dijo Grant. “La realidad es que voy a hacer mi mejor esfuerzo para mantener lo que creo que requiere el estado de derecho, ahora con una enmienda constitucional súper ambigua”.

No todos están de acuerdo en que es necesario aclarar la legislación. La ACLU (Unión Estadunidense de Libertades Civiles) de La Florida dice que la ley es clara sobre lo que constituye un asesinato y un delito sexual grave, y que la Legislatura no necesita actuar para aclarar los términos.

Neil Volz, political director of the FRRC. Foto: Página web de FRRC.

“El lenguaje fue preciso, fue específico y se diseñó para que se autoimplementara”, dijo a The Appeal Micah Kubic, director ejecutivo de la ACLU de La Florida. “No hay necesidad de aclaraciones adicionales. Los delitos específicos que están excluidos se explicaron en el lenguaje de la enmienda constitucional, y se refieren a cosas específicas”.

Kirk Bailey, director político de ACLU de La Florida le dijo al Orlando Sentinel que el proyecto de ley de la Cámara de Representantes “es una afrenta para los votantes de La Florida… Esto es exactamente lo que nos preocupaba desde el principio”, señaló.

Neil Volz, director político del FRRC, el grupo que lideró los esfuerzos para aprobar la Enmienda 4, dijo a The Appeal que los redactores de esa enmienda pretendían excluir sólo a los condenados por los “peores casos” de asesinato y agresión sexual. Los votantes de La Florida adoptaron la enmienda con esa intención en mente, dijo.

“Vamos a luchar tan duro como podamos para asegurarnos de que se respete la intención de los votantes”, dijo.

Legisladores y defensores dicen que están preocupados de que habrá dos consecuencias negativas si la enmienda es confusa o si se aclara de una manera que la haga aún más confusa.

A algunos les preocupa que las personas puedan creer falsamente que son elegibles para votar, cuando en realidad no lo son. Si esas personas marcan la casilla en sus solicitudes de registro de votantes indicando que se les han restaurado sus derechos, podrían ser culpables de perjurio, un delito grave que podría enviarlos de vuelta a la cárcel.

Jack Campbell, un abogado del centro del estado de La Florida dijo que el proyecto de ley está redactado de tal manera que no podría procesar a nadie por fraude electoral.

“En este momento, eso es lo suficientemente ambiguo como para que, mi opinión, sea que no vamos a poder procesar a nadie a menos que sea un ejemplo bastante evidente de fraude”, dijo Campbell a The Appeal. “Por ejemplo, si actualmente está encarcelado y trata de registrarse”.

Campbell afirmó que para poder procesar a individuos por violar la ley, la Legislatura tendría que definir claramente qué delitos están excluidos y qué califica como asesinato.

“No puedo esperar que alguien siga una ley explícitamente si no entiende lo que dice, porque obviamente soy más sofisticado que la mayoría de las personas cuando se trata de leyes penales”, dijo.

“Si es nebuloso, no será procesable”, agregó Campbell, y explicó que los fiscales de La Florida no están “interesados ​​en procesar a alguien que no entendía dónde está la línea”.

Los defensores de las votaciones dicen que Campbell y otros fiscales les alientan a decir que no planean presentar cargos contra ciudadanos que regresan por un posible fraude electoral, pero Kubic señaló que no hay garantía de que todos los fiscales se sientan de la misma manera.

Sostuvo que también se ha procesado a personas en La Florida, en situaciones en las que parecía que carecían de la intención de violar la ley.

“Hay una serie de delitos que requieren intenciones, donde las personas han sido procesadas en circunstancias que otros podrían describir como carentes de intención”, dijo. “Realmente se reduce a la discreción del fiscal”.

Campbell agregó que no tenía interés en presentar cargos contra personas que no entienden la ley. Para lograrlo, algunos legisladores dijeron que la Enmienda 4 debe ser clarificada.

“Realmente debemos hacer algo para tratar de defender la intención de los votantes y, al mismo tiempo, asegurarnos de que no estamos recriminalizando a las personas por cometer errores si se registran”, dijo Gottlieb.

Pero otro riesgo que preocupa a Kubic -de ACLU- más que el posible fraude es que aclarar la legislación podría tener un efecto escalofriante en el registro de votantes. Si los ciudadanos que regresan no están seguros de si son elegibles para la restauración de derechos, pueden decidir no registrarse ni votar en absoluto.

“La mayor preocupación que tendría es que las personas que de hecho son elegibles pueden creer que no lo son y como resultado se nieguen a registrarse”, afirmó Kubic. “La información errónea serviría como un bloqueo para las personas que de hecho son elegibles, incluso bajo esta norma más onerosa y más difícil”.

A pesar de los datos que muestran un aumento en los registros de votantes desde que entró en vigencia la Enmienda 4, Kubic dijo que el registro de votantes había aumentado aproximadamente un 36 por ciento en enero, en comparación con el mismo período de los dos años anteriores. Todavía le preocupa que este efecto escalofriante pueda reducir sustancialmente el número de personas depositando papeletas.

“Podría tener miles y miles y miles de personas en esa posición, que podrían no estar seguros de su estado y, por tanto, negarse a registrarse”■