Dificultan reunificación familiar de niñez migrante

En la infatigable zaga de ataques y órdenes ejecutivas contra los inmigrantes y la inmigración, el gobierno de Trump establece nuevas y más restrictivas medidas que dificultan aún más la reunificación familiar de los miles de niños arrebatados literalmente de los brazos de sus madres en la frontera sur estadunidense, durante el primer periodo de Trump (2017-2021).

De los más de 4 mil 600 niños y niñas migrantes que se hallaban extraviados hasta hace uno o dos años, mil 300 se reportaban sin reunirse todavía con sus padres y madres hasta abril de 2025. Es decir, casi la tercera parte de los menores reportados extraviados, aunque dicha cifra puede variar según la fuente.

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por ejemplo, reveló en su oportunidad que entre 2019 y 2023 “las autoridades perdieron contacto con más de 32 mil niños migrantes no acompañados, que ingresaron a Estados Unidos y fueron entregados a familiares o patrocinadores”. Estos menores no se presentaron a sus audiencias en los tribunales de Inmigración, y las autoridades no pudieron determinar su paradero, lo que “aumenta el riesgo de trata, explotación o trabajo forzado”.

Y en medio de esta crisis humanitaria persistente, ante la urgente necesidad de elaborar y aplicar políticas migratorias que prioricen la reunificación familiar de estos menores con sus padres y protejan sus derechos, “la administración Trump endurece las restricciones de seguridad para la elegibilidad de los patrocinadores, según abogados y otros defensores que trabajan con ellos”, reporta Los Angeles Times.

Defensores de los derechos de estos menores afirmaron a la fuente que las nuevas medidas, que en realidad están ahí desde el 20 de enero, “han puesto a algunas familias indocumentadas en una situación desesperada, dejando a los niños que cruzaron la frontera sin acompañante languideciendo durante meses bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR)”.

Algunos de esos menores detenidos, se recordará, fueron albergados en enormes instalaciones de piso de cemento separadas por rejas de alambre que demarcaban enormes espacios cuadrados donde los menores tendían su cama en el suelo, uno al lado del otro.

Eso no es todo. Se reportó negligencia de parte de las autoridades en el cuidado de estos menores. En enero de 2020, CNN reportó que padres de niños separados en la frontera demandaron al gobierno de Estados Unidos por presuntos abusos sexuales sufridos por sus hijos en hogares de acogida (foster homes).

Uno de los abusos a un menor de 7 años sucedió en uno de esos hogares de acogida. Llamó mucho la atención pública en su momento por tratarse de un abuso sexual contra el menor, dice la fuente. “Los padres aseguran que su hijo fue abusado sexualmente por otro menor en un hogar de acogida en Nueva York”. Otro caso involucró a una niña de cinco años que fue tocada inapropiadamente por un niño en su hogar de acogida en Arizona.

Entre la serie de nuevas reglas implementadas por el gobierno federal se encuentra el requisito de “que las familias proporcionen prueba de su fuente de ingresos, muestren una identificación oficial estadunidense y, en muchos casos, se hagan una prueba de ADN. Programar una prueba puede llevar semanas en algunos estados”.

Nerea Woods, una abogada que trabaja con menores no acompañados, afirmó a la fuente que “la ORR ha rescindido su política de no compartir información sobre los patrocinadores con las agencias de Inmigración y las fuerzas del orden, y una ola de controles de bienestar de los menores anteriormente no acompañados ha puesto nerviosas a muchas familias”.

La abogada se pregunta: “¿Están usando esa información para llegar realmente a patrocinadores indocumentados, o a personas indocumentadas que viven en la casa?”