Desestiman demanda contra Colorado por no cooperar con ICE

El juez de Distrito en Denver, David Goldberg propinó un duro revés al Condado de Douglas, apoyado por otros cinco Condados de Denver, que pretendía descartar la demanda que impugna las leyes estatales de Clorado que restringen la cooperación de la policía con el servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, porque el demandante “carece de posición para disputar las leyes”, dijo el juez, según The Denver Post.

Y es que el proyecto de ley HB 19-1124 de la Cámara de Representantes prohibe a la policía y a los ayudantes del alguacil detener a los inmigrantes indocumentados “únicamente en respuesta a las solicitudes de detención de ICE”.

Aún más. Otro proyecto de ley de la Cámara de Representantes, el HB 23-1100 impidió que los gobiernos estatales y locales celebraran o renovaran contratos con ICE para detener a personas sospechosas de violaciones civiles de inmigración.

El fallo, dice la fuente, “se produce después de que el tema de la inmigración ilegal desempeñara un papel clave en la configuración de las elecciones presidenciales del mes pasado, lo que resultara en el regreso del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero”.

Como se recordará, el tema de los cruces de migrantes sin autorización en la frontera y deportarlos masivamente fue un eslogan clave en la plataforma de campaña de Trump.

La disputa entre los referidos condados y el estado comenzaría cuando a principios de mes el Ayuntamiento de Castle Rock, la sede del condado de Douglas declarara que “apoyaría ‘todas y cada una’ las acciones de Inmigración de la administración Trump”.

Pero el alcalde de Denver, Mike Johnston reviró, afirmando que esa ciudad asumiría una férrea resistencia “ante cualquier esfuerzo de deportación masiva”, sostiene la fuente.

En los últimos dos años, los envíos de migrantes desde estados republicanos en la frontera, como Florida y Texas, han aumentado esta población en Colorado, llevando la cifra de los recién legados a unos 40 mil.

El Post señala un informe reciente de Common Sense Institute que estima que desde finales de 2022 Denver y otras de las organizaciones regionales de educación y atención médica, “han gastado 356 millones de dólares en atención a dichos migrantes, o aproximadamente 7 mil 900 dólares por cada uno de ellos”.

El argumento de los demandantes sostiene que la decisión del juez Goldberg fue un craso error, y que el Condado llevaría su caso a los tribunales federales, centrado en los dos proyectos de ley referidos: uno, de 2019, y otro del año pasado, aprobados por la Asamblea General de Colorado, que es liderada por los demócratas y que fueron promulgados como ley con la firma del gobernador, Jared Polis.

En su fallo, Goldberg escribió que “Como tal, los demandantes no sufrieron un daño de hecho a un interés legalmente protegido… porque la Constitución de Colorado otorga a la Asamblea General la autoridad para promulgar leyes, como la HB 19-1124 y HB 23-1100, que dictan las formas en que una subdivisión política puede cooperar o contratar con entidades gubernamentales federales”.