Deportan familia mexicana en Texas, 5 hijos ciudadanos

La familia Hernández García, originaria de México, fue detenida en un puesto de control migratorio en el interior de Texas mientras viajaban desde su hogar en Río Grande hasta Houston, donde su hija de 10 años y nacida en Estados Unidos recibe tratamiento para su cáncer cerebral. En ocasiones previas, la familia había logrado cruzar los puntos de control presentando cartas de médicos y abogados que explican la urgencia del traslado de la niña. Sin embargo, a pesar de estos documentos, el 4 de febrero las autoridades de Inmigración arrestaron y deportaron a toda la familia a México.

Los padres y uno de los seis hijos son inmigrantes indocumentados, mientras que los otros cinco nacieron en Estados Unidos. Entre estos se encuentra la niña sobreviviente de cáncer cerebral, quien necesita atención médica urgente que no puede recibir en México. Este caso pone de relieve la complejidad del tema migratorio, dicen expertos, particularmente cuando se involucra a familias con estatus migratorio mixto, y especialmente cuando hay niños ciudadanos estadunidenses con necesidades médicas críticas.

En febrero, la familia se vio frente a la difícil decisión que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le planteaba: dejar a la niña y a los otros hijos ciudadanos bajo el sistema de bienestar infantil, con la posibilidad de no volver a verlos, o deportar a toda la familia junta, lo que finalmente decidieron hacer.

La persecución a los inmigrantes indocumentados en Texas no es nueva. Sin embargo, es un impulso casi endémico en el gobierno del estado. Es un conjunto de leyes, órdenes ejecutivas y prácticas del gobierno texano que han dificultado la vida de comunidades cuyos ancestros incluso han habitado esos territorios desde su fundación. En 2017, una de las medidas más destacadas ha sido la orden que obliga a las autoridades locales a cooperar con ICE en asuntos migratorios bajo amenaza de sanciones penales y destitución si no se acata la orden. Otra medida relevante es la “Operación Estrella Solitaria”, iniciada en 2021, que moviliza a la Guardia Nacional y a las fuerzas de seguridad estatales para reforzar la frontera a un elevado costo para los contribuyentes de Texas. Además –cómo omitirlo–, está la Ley SB-4 de 2023, que permite a las autoridades estatales arrestar y deportar a migrantes de manera expedita, sin un debido proceso.

Aunque la implementación de la SB-4 ha enfrentado desafíos legales, en enero de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas argumentando que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que la Constitución, las leyes federales y los tratados hechos bajo la autoridad de Estados Unidos son la ley suprema del país y que los jueces deben seguirla, incluso si entra en conflicto con las leyes estatales.

En febrero de este año, ICE realizó operativos bajo la “Operación Salvaguardar”, destinada a detener y deportar a inmigrantes indocumentados en áreas urbanas, incluyendo ciudades santuario o aquellas que limitan su colaboración con las autoridades federales de Inmigración.

Por esto, cuando el 4 de febrero ICE detuvo y deportó a la familia Hernández García, que vivió en este país desde 2013 y enfrentó complicaciones por el tratamiento de cáncer de su hija, el incidente generó preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Se alertó sobre las posibles consecuencias negativas para los niños involucrados, incluidos problemas de salud mental y el riesgo de ser colocados en el sistema de acogida si los padres fueran deportados. Por eso, para evitar que sus hijos vayan al sistema de cuidados infantiles si los padres indocumentados son deportado (a), estos deben designar legalmente a una persona adecuada y de confianza para que tome el cuidado de los hijos.