Deportaciones a menores recorta servicios legales

El gobierno de Donald Trump anunció el pasado 21 de marzo la terminación del financiamiento del programa de servicios legales para menores migrantes no acompañados. La medida dejó sin representación y en el limbo legal a miles de niñas y niños —desde bebés hasta adolescentes de 17 años— que enfrentan procesos de asilo y otros procesos migratorios sin conocer sus derechos ni hablar inglés.

El 2 de abril, la jueza Araceli Martínez Olguín, del Tribunal del Distrito Norte de California bloqueó temporalmente la eliminación de fondos destinados a estos servicios, lo que permitió mantener la asistencia legal para unos 26 mil menores. Sin embargo, la medida tuvo efecto sólo hasta el 16 de abril. En su fallo, la jueza advirtió: “La terminación de los fondos, sin un plan para continuar con el apoyo legal a estos menores no acompañados, viola potencialmente la ley federal”.

En este contexto, Mireya Moreno Rodas, del ACACIA Center for Justice, explicó en Línea Abierta que “el gobierno de Estados Unidos está tratando de usar la reunificación familiar como una estrategia cruel para evadir protecciones legales que tienen los menores”. 

Los impactos de esta decisión no se han hecho esperar. A inicios de septiembre la administración Trump ejecutó deportaciones nocturnas masivas desde Texas, en las que al menos 600 menores guatemaltecos fueron despertados abruptamente y trasladados por la fuerza a aviones en medio de condiciones altamente traumáticas. Ante la gravedad de los hechos, el National Immigration Law Center presentó una demanda de emergencia. Como resultado, la jueza Sparkle L. Sooknanan detuvo las deportaciones durante 14 días, brindando un alivio temporal.

Meses después, el 29 de agosto se supo que el gobierno planeaba remover a cientos de niñas y niños guatemaltecos no acompañados y que estaban bajo custodia gubernamental. “Muchos de esos menores, a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), están en espera de ser liberados con un familiar o tutor legal en Estados Unidos, quien podría cuidar de ellos mientras presentan su solicitud de protección ante los tribunales de inmigración. En lugar de eso, los demandados buscan devolverlos a Guatemala en violación de la ley”, describió el National Immigration Law Center en la referida demanda de emergencia.

Además, añadió que, según la información disponible, la administración ha identificado a más de 600 niños guatemaltecos con el objetivo de deportarlos desde Texas como parte de un programa piloto sin precedentes, negociado mediante un acuerdo con el gobierno de Guatemala.

Luego de que una jueza bloqueara el intento de deportación masiva, la justicia también refrendó, temporalmente, las protecciones suspendidas para estos menores, afirmando que el gobierno tiene la obligación de garantizar seguridad y acompañamiento legal. 

La directora asociada de Acacia agrega: “Así que esta cantaleta de Trump, de la reunificación familiar, en realidad violentó y generó aún más trauma a la niñez, que vive en situaciones vulnerables”.

Ante el debate entre política y respeto al estado de derecho, Moreno concluye que “en este momento, lo más importante es continuar brindando apoyo a estas organizaciones de base, que han sido creadas con gente que está realmente comprometida con la causa; que defiende al migrante, y que provee asistencia política tanto a niños como a adultos, para que la gente no se deje engañar y sigamos dándole voz a los menores, en estos momentos que han sido silenciados”.

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