Decreto sin par obliga a facilitar el voto a presos en Colorado

Mientras los seis magistrados conservadores de la Corte Suprema acaban de dictaminar que sea más fácil manipular distritos electorales, creando otro obstáculo para el electorado no blanco que intenta proteger sus derechos de voto, en el caso, ‘Alexander v. South Carolina NAACP’, el gobernador de Colorado, Jared Polis firmó recientemente una ley que permitirá a miles de habitantes encarcelados en el sistema penitenciario de ese estado poder votar en persona mientras están bajo custodia.

Esta nueva ley, que pasó hace días en el Senado (Proyecto de Ley del Senado 72 ) de Colorado y que entró en efecto inmediatamente después de la firma del gobernador Jared Polis, es la primera en su tipo en Estados Unidos y se aplicará a las elecciones generales de 2024.

Las cárceles y centros de detención del condado, dice Colorado Politics, “deben ofrecer al menos un día de votación en persona, durante por lo menos seis horas para los votantes confinados elegibles”. El día de la votación se llevará a cabo hasta cuatro días antes del día de las elecciones, afirma.

La ley establece que “los alguaciles deben trabajar con el Secretario del Condado y la Oficina del Registrador en la votación en persona”, y establecer la recolección de votos por correo así como “un sistema de curación de votos dentro de la cárcel”. Los votantes confinados deben recibir información de la votación y también pueden registrarse para votar.

Por su parte The Denver Post señala que “Si bien Denver y algunas otras ciudades de Estados Unidos han establecido programas de votación en persona, ningún estado ha exigido nunca que su sistema de cárceles convierta el espacio en lugares temporales de votación, para las personas que están dentro de ellos”.

Esta ley “… refleja un reconocimiento más amplio de la importancia de las segundas oportunidades y la necesidad de abordar las barreras sistémicas para la plena participación en la vida cívica”, declaró en comunicado Carmen J. López, del Proyecto de Sentencia.

Patrocinada por la senadora estatal demócrata, Julie Gonzales y los representantes de su partido, Manny Rutinel y Kyle Brown, la ley requiere además inspecciones periódicas de las instalaciones carcelarias y  “permite al fiscal general realizar evaluaciones bajo un nuevo programa de supervisión firmado este lunes”.

Cuando en 2022 la Legislatura de Colorado aprobó un marco legal para supervisar las más de 50 cárceles del estado y a las miles de personas encarceladas dentro de ellas, “un grupo de defensores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abogados y expertos han venido trabajando en los estándares”, dice la fuente.

La norma establece además la atención prenatal para las mujeres embarazadas, prohíbe el uso de la fuerza contra los reclusos y estable derechos básicos para ellos.

“Aunque la legislatura ha tratado cada vez más de regular las operaciones de la cárcel y la prisión, el estado nunca antes había tenido un conjunto uniforme de normas o mecanismo para supervisar las condiciones de la cárcel”.

De acuerdo con el Post, los defensores han dicho que los problemas en las cárceles generalmente sólo salen a la luz a través de demandas.

Pero el proyecto de ley “dividió a los empleados del Condado, algunos de los cuales lo llamaron un mandato no financiado”, y se opusieron los alguaciles citando “sanciones civiles de cinco mil dólares por violación, para las cárceles que no cumplieron” con dicho proyecto de ley.