De protegidos a deportables, en un parpadeo

Dos recientes fallos de la Corte Suprema han sacudido a más de medio millón de personas que vivían legalmente en Estados Unidos bajo libertad condicional humanitaria y Estatus de Protección Temporal (TPS). De un día para otro, muchos de ellos pasaron de estar protegidos contra la deportación a quedar completamente expuestos, aunque aún tengan visas humanitarias temporales activas. Y sí, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sabe perfectamente dónde vive la mayoría.

Es un cambio radical para esta comunidad de inmigrantes que, cabe aclarar, entraron legalmente al país y entregaron toda su información: nombres, datos biométricos, huellas dactilares, domicilios y hasta el nombre y dirección de sus patrocinadores.

Hablamos de medio millón de personas que han podido quedarse en Estados Unidos gracias a “vías legales para personas que enfrentan guerra o conflictos políticos graves en sus países”, reporta The New York Times.

“De la noche a la mañana, miles de personas —especialmente haitianos, cubanos y venezolanos— pasaron de tener presencia legal a ser deportables”, dijo al Times Jason Houser, exfuncionario de ICE durante el gobierno de Biden. Y lo que es más preocupante: muchos podrían ser fáciles de localizar, “justo en un momento en que la administración Trump busca maneras de agilizar las deportaciones”.

Mientras los casos legales avanzan en tribunales inferiores, muchos inmigrantes afectados ya están en una situación muy frágil. “Es la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna”, dijo a la fuente Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia, organización que ya está desafiando estos fallos en tribunales.

Además, parece que las decisiones de la Suprema han dado un nuevo aire —o más bien, poder— a agentes de Inmigración y de otras agencias federales que colaboran con ellos. La sensación es que ahora se perciben a sí mismos más autorizados para actuar, casi como si hubieran sido envalentonados.

Eso sí, aún no está claro si el gobierno tomará medidas drásticas de inmediato para detener a quienes han perdido su estatus legal. Pero según reporta la fuente, “los funcionarios ya venían diciendo desde hace meses que creen tener autoridad para hacerlo”.

Tumlin también apuntó que los fallos de la Corte se basaron en solicitudes de emergencia de la administración Trump, que lleva tiempo presionando por más arrestos y deportaciones, incluso en casos como este, de personas que estaban legalmente dentro del país. El argumento oficial: ciertos programas migratorios estarían siendo “abusados” y habrían permitido la entrada de personas que de otro modo serían rechazadas.

En cuestión de dos semanas, la Corte desmontó ambos programas —la libertad condicional humanitaria y el TPS— sin firmar las decisiones ni explicar sus razones, algo que es “típico en procedimientos de emergencia”.

Ya en marzo, el gobierno había dicho que usar deportaciones aceleradas evitaría “mayor presión sobre el sobrecargado sistema judicial de Inmigración”.

Andrea Flores, exfuncionaria migratoria del gobierno Biden, comentó a la fuente: “Su propia justificación es poder deportarlos rápido, ya que la mayoría llegó hace menos de dos años”. Añadió: “La decisión de la Corte es cruel, y sólo va a alentar a esta administración a ir más allá: perseguir específicamente a venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos, castigándolos por cumplir con las reglas y devolviéndolos a contextos muy peligrosos”.