DACA, a revisión este jueves en el Quinto Circuito de Apelaciones

El tribunal federal de Apelaciones del Quinto Circuito escuchará el jueves los argumentos acerca del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Estudiará si los estados han tenido que cubrir costos para poner en marcha y mantener el programa, que sin embargo ha permitido a cientos de miles de inmigrantes indocumentados hacer una vida productiva en este país.

El gobierno había concedido una prórroga de la deportación y permisos de trabajo a unos 800 mil inmigrantes no autorizados menores de 31 años, que hubieran vivido en el país desde que eran niños y cumplían otros requisitos.

En tanto, está previsto que un panel de tres jueces del referido tribunal en Nueva Orleans, cuya jurisprudencia abarca Luisiana, Texas y Misisipi y es  considerado como una de las cortes más conservadoras del país, escuche los argumentos del caso. Los magistrados evaluarán si los estados demandantes han demostrado que el programa realmente les cuesta dinero; si el gobierno de Harris-Biden actuó dentro de su autoridad en 2022 cuando intentó preservar y fortificar  DACA con una norma formal; y si el tribunal de primera instancia, que bloqueó a los nuevos solicitantes del programa en todo el país debería haber limitado su resolución sólo a los siete estados que lo demandaron.

Dichos estados arguyen que como los presidentes no pueden anular unilateralmente las leyes debidamente promulgadas, DACA sigue siendo ilegal. Pero quienes defienden a DACA afirman que el Presidente tiene autoridad para crear programas como este, y que también puede ejercer su criterio en materia de inmigración.

Desde que DACA entró en vigor hace 12 años, unas 800 mil personas se han inscrito y una gran mayoría lo ha renovado. Después de que la sentencia del juez Andrew Hanen paralizara las nuevas solicitudes en 2021, el número de inscritos descendió bruscamente, actualmente a poco más de 531 mil.

Los expertos atribuyen el descenso de las renovaciones al futuro incierto del programa, luego de que el juez Hanen volviera a dictaminar en septiembre de 2023 que DACA seguía siendo ilegal, lo que provocó la apelación que el referido panel estudiará esta semana en Nueva Orleans. No obstante, el fallo de Hanen permitiría a los actuales beneficiarios seguir renovando cada dos años, aunque prohibió al gobierno tramitar nuevas solicitudes.

Aunque ya la Corte Suprema ha dictaminado que DACA es ilegal, a pesar de los esfuerzos de reglamentación de la administración Biden, las renovaciones del programa continúan por el momento. Y es que como el Congreso no ha estado dispuesto a actuar, las batallas sobre DACA y, en general sobre la política de inmigración han acabado todo el tiempo en tribunales.

Desde que una demanda fue presentada en 2018 por Texas a nombre de otros seis estados gobernados por los republicanos, que argumentan que la creación e implementación del programa derivó una “extralimitación de la autoridad presidencial”, se impuso una pesada e indebida carga económica a los estados, dicen los detractores de DACA.

Pero a través del Departamento de Justicia el gobierno federal no ha dejado de defender a este exitoso programa, que ha permitido a cientos de miles de titulares de DACA graduarse e integrarse al tejido social de este país,  y hacer importantes contribuciones económicas y culturales a lo largo de los años.

También estados como Nueva Jersey y el Fondo Mexicoestadunidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), los gigantes tecnológicos Apple, Google y Microsoft, entre otros, respaldan el esfuerzo por preservar DACA; porque afirman que además de beneficiar a la economía, los presidentes tienen potestad para aplazar la aplicación de las leyes de Inmigración.