Continúan redadas para cumplir promesa de campaña

Una operación multinstitucional de aplicación de la Ley de Inmigración sucedió este domingo en Chicago, como demostración de que la nueva administración Trump está cumpliendo con la promesa de campaña, de aumentar arrestos y deportaciones.

Sin embargo, no fueron las grandes deportaciones masivas que se esperaban según había anunciado el propio presidente. Hasta el momento se había deportad a poco más de dos mil 600 inmigrantes, casi mil durante nada más el fin de semana, lo que incluyó los arrestos en Chicago.

El llamado ‘zar fronterizo’, Tom Homan reiteró hoy a la televisión que la prioridad de deportación eran “los criminales”, y dijo también que si los inmigrantes indocumentados se hallan en lugares sensibles, como escuelas, hospitales, iglesias, cortes judiciales, entre otros, “y representan un peligro para la seguridad nacional, ¡iremos por ellos!”. La orden ya fue girada. Pero aclaró que el verdadero éxito de la operación pasa por el Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a través del servicio de Inmigración y Protección de Fronteras, CBP, emitió el siguiente comunicado:

“El Servicio de Inmigración y Aduanas, junto con socios federales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones, FBI; la Agencia de Alcohol y Tabaco, ATF; la Agencia Contra las Drogas, DEA; el CBP y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos comenzaron a realizar operaciones dirigidas y mejoradas hoy en Chicago; para hacer cumplir la Ley de Inmigración de Estados Unidos y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional al mantener a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades”.

Antes, el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Emil Bove había viajado a la “Ciudad de los Vientos’ a supervisar las tareas “policiales” de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para ampliar las redadas de inmigrantes indocumentados en Chicago, lo que Bove llamó una “emergencia nacional”.

A una semana de tomar el cargo el presidente ya firmó un torrente de órdenes ejecutivas, entre las que se hallan:

• Pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
• Detuvo el asilo y las admisiones de refugiados.
• Amplió esfuerzos de deportación a migrantes admitidos por razones humanitarias.
• Declaró una emergencia nacional  y militarizó en la frontera con México.
• Reafirmó su intención de activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una orden que da autoridad, rara vez utilizada aún en tiempos de guerra, para llevar a cabo deportaciones masivas por la vía exprés.

En respuesta a una demanda presentada por Arizona, Oregón, Illinois y el estado de Washington, el juez de distrito, John C. Coughenour, un designado por Ronald Reagan, emitió una orden de restricción de dos semanas (hasta el 19 de febrero) a la orden de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, e indicó que “la siguiente sería una orden judicial a nivel nacional”. Pero sin tal orden judicial, la orden de Trump, calificada de “descaradamente inconstitucional”, entraría en vigor el 20 de febrero. Un paso inicial en lo que se espera sea un litigio prolongado que probablemente llegará a la Corte Suprema.

Por otro lado, las mujeres embarazadas ocuparon un papel clave en esta zaga judicial. En un tribunal federal de Maryland el martes cinco mujeres embarazadas demandaron a la administración Trump “en nombre de sus hijos por nacer”. La demanda, dirigida por Asylum Seeker Advocacy Project, organización sin fines de lucro de litigio y activismo con sede en Nueva York, y por CASA, una agrupación de servicios para inmigrantes con sede en Maryland. Este litigio se une a al menos otros tres demandas contra la administración Trump. Todos estos litigios tienen en común que el intento de Trump de revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de padres indocumentados “claramente viola la 14a Enmienda de la Constitución”.

Según The New York Times, en un caso histórico en 1898, que involucró a un hombre chino nacido en San Francisco, California, la Corte Suprema dictaminó que la 14a Enmienda otorga la ciudadanía a todos los bebés nacidos en suelo estadunidense independientemente de su origen.

Entre tanto, Bove instó a los funcionarios locales a ayudar en el esfuerzo de caza de inmigrantes indocumentados, y advirtió que podría hasta “procesar a todo gobierno o funcionario que se pongan en el camino… Utilizaremos todas las herramientas disponibles para abordar la obstrucción y otros impedimentos ilegales a nuestros esfuerzos por proteger la patria”.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker dijo el domingo en El Estado de la Unión, de CNN, que su estado “cooperaría con las autoridades federales para deportar a los inmigrantes indocumentados condenados por delitos o con órdenes de deportación pendientes”. Pero, enfatizó, “las fuerzas del orden estatales no participarán en redadas específicas ni perfilarían a personas en el estado que podrían estar sin documentos”.