Conoce tus derechos ante redadas de ICE en hospitales

Agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas endurecen las redadas contra las personas de color en EE UU. Foto: ICE/Flickr https://shorturl.at/RgGhe
Si eres paciente, acompañas a un familiar o trabajas en un hospital donde ICE se hace presente, es esencial conocer los límites legales que rigen la conducta de los agentes federales. Aunque ICE puede ubicarse en áreas públicas o acompañar a personas bajo custodia, está obligado a respetar tanto la Constitución como las normas de privacidad médica. Estas protecciones existen para evitar abusos y garantizar que las personas inmigrantes reciban atención médica sin miedo a represalias.
¿Cuáles son los derechos de un paciente detenido en un hospital?
La abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, explicó en Línea Abierta que la persona sigue teniendo derecho a comunicarse con sus familiares, médicos y abogados. Sin embargo, reconoce que esto no siempre se respeta en la práctica. “Una cosa es que tengamos los derechos y otra que los respete ICE”. Por eso, recomienda “documentar fechas, solicitudes de privacidad con médicos, negativas de ICE a retirarse de una habitación o cualquier acceso indebido”. Sugiere pedir papel y pluma a una enfermera, si el paciente no tiene acceso a su teléfono.
Nieto también aconseja presentar reportes ante la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que tiene oficinas en todo el país y puede usar estos casos para demandas grupales. “El miedo puede paralizar o puede darle fuerza a la persona para pelear y ser guerrero”.
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- Es clave recordar que:
ICE no puede entrar en áreas privadas de hospitales —salas de examen, habitaciones u oficinas— sin una orden judicial válida firmada por un juez. Aun así, el temor que genera su presencia ha hecho que muchas personas inmigrantes eviten buscar atención médica, incluso en situaciones de emergencia. - Toda persona tiene derecho a guardar silencio; cualquier declaración podrá ser usada en su contra.
- No estás obligado a firmar documentos ni a entregar información sin consultar a un abogado.
- Bajo leyes como la de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, los hospitales no deben compartir datos personales, estatus migratorio ni información médica con ICE sin un mandato judicial válido.
La preocupación se intensificó después del pasado 20 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS ) rescindió la política de “lugares sensibles”, que durante años protegió a hospitales, escuelas y clínicas de redadas migratorias. Desde entonces, ICE puede ingresar a hospitales, clínicas y centros de salud sin las restricciones previas.
El caso de Milagros Solís Portillo, una mujer salvadoreña hospitalizada bajo vigilancia constante de ICE, ilustra esta problemática. Agentes limitaron su privacidad, presionaron para que fuera dada de alta antes de tiempo e incluso la trasladaron a un centro de detención en contra de las recomendaciones médicas.
Claudia Boyd Barrett, corresponsal de KFF Health News, detalló en Línea Abierta que las leyes garantizan conversaciones privadas con médicos, enfermeras y proveedores de salud, así como con abogados. Sin embargo, aclaró que estas protecciones son más limitadas cuando ICE mantiene a una persona detenida.
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En el Valle de San Joaquín, en el centro de California, la falta de acceso a la atención médica se ha convertido en una crisis. La presión aumenta debido a un sistema de centros de detención migratoria que opera por encima de su capacidad, con múltiples denuncias por el deterioro físico y las condiciones deficientes de los inmigrantes detenidos. Esta situación incrementa el miedo, profundiza la desconfianza y reduce la disposición de muchos inmigrantes a buscar atención médica esencial.
¿Cómo afecta la expansión de los centros de detención al bienestar de la comunidad?
Lourdes Medina, de Services Immigrant Rights and Education Network (SIREN), explicó que el temor proviene del “racismo y el odio que se está transmitiendo desde la Casa Blanca”. Añadió que los 170 mil millones de dólares asignados al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, bajo la ley H-R1, han creado un incentivo para quienes lucran con la detención de inmigrantes. “Están con el ojo en el precio por cada cabeza de migrantes, por parte de operadores privados como CoerCivi o GEO Group … No les importan las reglas ni los permisos necesarios. Ellos hacen lo que quieren”.
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