ACLU vs. Trump: 100 Días de Resistencia Legal

Estas niñitas protestan en la marcha del 5 de abril en la ciudad de Nueva York, en defensa de la inmigración y la educación, de los inmigrantes indocumentados. Foto: Marco Vinicio González.
La inmigración legal e indocumentada en Estados Unidos ha sido blanco de ataques sistemáticos, muchos de ellos crueles e incluso inconstitucionales, por parte de la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero de 2025.
Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes no han permanecido inactivos. Entre ellos, la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU) ha presentado hasta ahora más de 400 acciones legales contra el gobierno de Trump. Un número considerable de estas demandas está relacionado con políticas migratorias que, según la organización, vulneran derechos fundamentales en los primeros 100 días de este nuevo mandato federal.
Una de las demandas más recientes es una acción colectiva que busca impedir la deportación de niños que solicitan asilo en la frontera. Esta acción legal coincide con el centenario de la fundación de ACLU, subrayando su compromiso histórico con la defensa de los derechos civiles.
En un comunicado, ACLU del Norte de California informó que la jueza federal de distrito Jennifer Thurston, en el caso United Farm Workers v. Noem, emitió una orden judicial preliminar que limita las operaciones de la Patrulla Fronteriza en el Distrito Este de California —una región que se extiende desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón.
“En una victoria para los derechos civiles, en medio de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, un tribunal federal prohibió a la Patrulla Fronteriza el uso de prácticas de detención y arresto que violan la ley federal y la Constitución de EE. UU.”, señaló el comunicado de la organización.
En su fallo, la jueza Thurston declaró que las prácticas implementadas durante la “Operación Devolver al Remitente” —como detenciones arbitrarias a pie o en vehículos sin sospecha razonable—, los planes para continuar estas operaciones, y la aparente falta de capacitación de los agentes respecto a la Cuarta Enmienda, constituyen un daño irreparable inminente, especialmente para los migrantes de color en busca de una vida mejor.
La orden judicial preliminar prohíbe expresamente que los agentes de la Patrulla Fronteriza:
- Detengan a personas sin sospecha razonable de que no son ciudadanos o de que se encuentran en el país en violación de la ley federal de inmigración.
- Arresten a personas sin una orden judicial si no existe una causa probable de que la persona pueda huir.
Entre las 400 demandas destacadas por ACLU se incluyen:
- El exitoso desafío ante la Corte Suprema contra la inclusión de una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020.
- Litigios para poner fin a la separación de familias solicitantes de asilo bajo la política de “tolerancia cero”.
- Acciones legales para proteger el acceso al aborto de menores no acompañadas en centros de detención migratoria.
- Múltiples demandas para frenar los intentos del gobierno de desmantelar el sistema de asilo.
El fallo también ordena documentar todos los casos de detención y arresto sin orden judicial en el Distrito Este de California, y exige que la Patrulla Fronteriza emita directrices para asegurar que sus agentes respeten la Cuarta Enmienda y la legislación federal.
“El presidente Trump es uno de los presidentes más anárquicos de la historia moderna, incluso cuando promueve una agenda de ‘ley y orden'”, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU. “Nos aseguraremos de que el ‘Nosotros, el pueblo’ incluya a todos, aunque eso signifique presentar 400 demandas más”.

