Casa Blanca, deportaciones y el freno judicial

La lucha del gobierno federal por expulsar a inmigrantes indocumentados —y en algunos casos, incluso documentados— se ha convertido en una pugna constante contra el sistema judicial estadunidense. Los tribunales federales han respondido con firmeza a las agresivas políticas de deportación impulsadas por Donald Trump, desacelerando la prisa de la Casa Blanca por ejecutar expulsiones sin respetar el principio fundamental del debido proceso.

Caso tras caso, la administración de Trump ha enfrentado reveses legales, ya que las cortes han reafirmado el derecho de los inmigrantes a tener, al menos, la oportunidad de impugnar sus deportaciones. Esto es especialmente relevante dado que los funcionarios de Trump han reclamado poderes “novedosos y extraordinarios” para acelerar dichas expulsiones.

Un ejemplo clave es la reciente decisión del Tribunal Supremo, que bloqueó los intentos de deportar a migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación diseñada originalmente para tiempos de guerra. La Corte subrayó la ausencia de procesos legales adecuados para los detenidos, muchos de los cuales fueron acusados de pertenecer a pandillas sin evidencia clara. El fallo remarcó que, incluso en contextos de seguridad nacional, los derechos constitucionales no pueden ser ignorados.

Además, tribunales federales en Texas y Nueva Inglaterra han emitido resoluciones limitando el uso de esta ley en procesos de deportación, argumentando que su aplicación en tiempos de paz es injustificada e inconstitucional.

Esto cobra relevancia porque el texto de la Ley de Enemigos Extranjeros establece que “siempre que haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero”, el Presidente está autorizado a tomar medidas contra extranjeros “que se vuelvan susceptibles como enemigos” y que se nieguen a abandonar el país, con base en consideraciones de seguridad nacional.

La aplicación más reciente de esta postura se dio el viernes por la noche, cuando la Corte Suprema reprendió a la administración Trump por intentar dar solo un día de advertencia a un grupo de inmigrantes venezolanos en Texas, antes de deportarlos bajo dicha ley del siglo XVIII. La Corte determinó que debe brindarse a los inmigrantes tiempo suficiente y un “aviso antes de la expulsión”, señalando que la administración no ha ofrecido información sobre “cómo ejercer los derechos al debido proceso para impugnar esa remoción”. En palabras del tribunal: “Seguramente no pasa la prueba”.

El texto original de la ley también señala que los extranjeros que no hayan cometido actos de hostilidad real deben tener tiempo razonable para disponer de sus bienes y organizar su salida del país, según lo estipulado por los tratados entre .Estados Unidos y su país de origen.

Hasta la fecha, según El País, la administración Trump ha deportado a más de 142 mil personas, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Durante su primer mandato (2017–2021), se deportaron cerca de 1.5 millones de personas, según el Migration Policy Institute.

En lo que respecta a México, desde el 20 de enero de 2025 a la fecha se han deportado 14 mil 470 personas, de las cuales 11 mil 379 son mexicanos y 3 mil 91 de otras nacionalidades.

Cabe destacar, como también reporta El País, que las cifras actuales podrían estar subestimadas por la falta de transparencia del gobierno federal en la publicación de datos oficiales.

En resumen, la administración Trump ha ejecutado más de 142 mil deportaciones en lo que va del año, con un enfoque particular en la frontera sur y un aumento en las expulsiones hacia México. Mientras tanto, los tribunales siguen recordando que, ni la urgencia política ni las narrativas de seguridad nacional pueden estar por encima de la Constitución.