Bukele ejerce silencio bajo control

Mientras el caso de Kilmar Ábrego García, un residente legal salvadoreño en Estados Unidos, deportado “por error” según la administración Trump, sigue sin resolverse, en El Salvador el presidente Nayib Bukele acaba de aprobar una ley que muchos ya llaman la “ley mordaza”. Y no es para menos.

Ábrego García había sido enviado al CECOT, una megacárcel salvadoreña con duras condiciones de encierro y presumibles violaciones a los derechos humanos, pese a haber recibido protección humanitaria en Estados Unidos. La Corte Suprema ordenó su regreso, pero la administración Trump ha desafiado no sólo esa orden, sino también otras similares, como en el caso más reciente de un mexicano enviado a Sudán del Sur, sin haber pasado por el debido proceso legal, y cuando una corte había prohibido su traslado.

Mientras tanto, el Congreso salvadoreño —controlado totalmente por Bukele— aprobó de forma exprés la “Ley de Agentes Extranjeros” con 60 votos a favor y 57 en contra. La norma otorga al Ejecutivo el poder de decidir con una sola orden qué ONGs o medios independientes pueden operar en el país.

Según El Espectador, esta ley podría afectar a unas 8 mil ONGs y más de una docena de medios independientes. Y va más allá: obliga a estas organizaciones a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y a pagar un 30 por ciento de impuesto sobre cualquier fondo o apoyo material recibido del exterior. El artículo 11 lo deja claro: “por cada transacción financiera, desembolso, importación en especie o bienes materiales provenientes del extranjero… se aplicará un impuesto del 30%”.

La “ley mordaza” entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, y ya hay preocupación dentro y fuera del país. Para la diputada opositora Claudia Ortiz, esta ley “es incompatible con la democracia” y servirá como “herramienta de control y censura”.

Incluso Francisco Lira, de la derechista ARENA, advirtió que se trata de una mordaza para quienes critican los excesos del gobierno.

Bukele, por su parte, justificó la medida acusando a ONG’s y organizaciones internacionales de manipular a la población humilde con fines políticos. La iniciativa fue presentada justo después de que varias ONG’s denunciaran la detención arbitraria del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Pérez, líder de una cooperativa campesina de 300 familias que protestaban por ser desalojada.

¿Y qué dice Trump sobre todo esto?

Según El País, el expresidente estadunidense ha respaldado abiertamente la ley de Bukele, celebrando su mano dura y su forma de gobernar. Durante una reunión en la Casa Blanca, expresó su “admiración” por el presidente salvadoreño y hasta sugirió que Estados Unidos podría enviar presos estadunidenses a las cárceles salvadoreñas, una propuesta que ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos.

Para muchos analistas, todo esto plantea preguntas inquietantes: ¿estamos viendo el surgimiento de un modelo de autoritarismo compartido? ¿Hasta dónde pueden llegar los gobiernos para controlar la narrativa, incluso violando órdenes judiciales?

Por ahora, tanto en El Salvador como en Estados Unidos hay una creciente preocupación por lo que estas decisiones significan para los derechos humanos, la libertad de prensa y el respeto al Estado de derecho.