Bloquean deportación bajo ley de “enemigos extranjeros”

El juez federal John Holcomb, nombrado por Trump, frenó temporalmente la deportación del venezolano Darwin Antonio Arévalo Millán, quien esperaba la aprobación de su asilo legalmente en Estados Unidos cuando fue detenido sin previo aviso por agentes de ICE durante una cita en la corte de Inmigración, aparentemente por tener tatuajes que según las autoridades podrían ligar a Arévalo con una pandilla criminal.

Pero el juez Holcomb dijo que Arévalo tiene derecho a debido proceso antes de ser designado como “enemigo extranjero”, y expresó preocupación por la renuencia de la administración Trump a cumplir con el requisito de dar un aviso de 14 días que exige la ley, según fallos anteriores.

Vale aclarar que este fallo llega en medio de tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial, justo después de que la Suprema Corte permitiera al gobierno de Trump eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil venezolanos, aunque quienes lo tienen extendido hasta octubre de 2026 no fueron afectados.

Holcomb también reconoció que la Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente un poder casi ilimitado para definir amenazas en tiempos de guerra. Sin embargo, se desmarcó de otro juez (también designado por Trump) que había dicho que esta ley sólo aplicaba si hay una declaración formal de guerra.

El caso de Arévalo pone el foco sobre el uso de tatuajes como prueba de vínculos con pandillas, una práctica muy criticada por su falta de precisión y sesgos raciales. Grupos civiles han advertido que esto podría llevar a deportaciones injustas y violaciones de derechos fundamentales.

Para muchos, esto va más allá de la migración y representa una amenaza a las libertades civiles en general, no sólo a los indocumentados.

El fallo subraya la necesidad de respetar los derechos procesales, incluso bajo políticas migratorias más duras. Mientras el caso de Arévalo avanza, podría sentar un precedente clave sobre cómo se aplica esta ley en contextos migratorios.

En paralelo, el Departamento de Justicia está reviviendo una ley antigua para acusar penalmente a inmigrantes no autorizados que no se han registrado formalmente ante el gobierno. Las primeras detenciones se dieron poco después del 11 de abril, cuando se restableció el requisito federal de registro, una norma que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que ahora sirve a una orden ejecutiva de Trump.

Según la administración, esta medida exige que personas mayores de 14 años proporcionen huellas dactilares y domicilio como parte de una estrategia de “seguridad nacional” para rastrear a millones de inmigrantes en el país.

Pero los primeros intentos de obtener condenas han tropezado con jueces federales escépticos, y han provocado rechazo de organizaciones pro inmigrantes, que dicen que registrarse ante el gobierno podría exponerlos a deportación inmediata.