Biden dijo que el dinero no debe usarse para prisiones, pero la lucha aún no ha terminado

¿Qué tiene que ver la detención de inmigrantes con las prisiones privadas? Más del 70% de los inmigrantes detenidos se encuentran recluidos en instalaciones privadas y las prisiones privadas reciben más de Mil Millones de Dólares al año en contratos de ICE, ¡eso es casi 2 mil 800 millones de dólares por día de dinero de los contribuyentes! Foto: Realmoneymove.org.

De la redacción

Es notable, y hasta indignante para muchos, que algunos estados se resistan a implementar las medidas sanitarias que el gobierno federal está promoviendo a través de sus instituciones de Salud, como el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), o los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), y otros, con recomendaciones acompañadas de jugosas partidas presupuestarias para combatir la pandemia en los estados, estén éstos gobernados por demócratas o republicanos. Y no sólo esto, sino que además estén invirtiendo ese dinero en priones privadas para encarcelar a inmigrantes indocumentados.

Aunque últimamente se sabe que Omicron es menos letal que la variante Delta  y el Covid-19, de todos modos este virus está copando las salas de hospitales, agotando los recursos materiales y humanos, los cuartos de cuidados intensivos, el personal médico y de enfermería, creando una crisis en los sistemas hospitalarios de la nación.

Ante esto, “El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una regla final que prohíbe a los estados usar fondos de ayuda del COVID-19 para construir nuevas prisiones o expandir las existentes”, dice el programa Línea Abierta, acerca de este peliagudo tema.

Y en medio de esta crisis, y de un invierno que agudiza el problema con la temporada de la gripa por ejemplo, “Sin embargo, Alabama y otros estados hacen planes para no cumplir y utilizar los fondos del Plan de Rescate Estadunidense para financiar nuevas prisiones en lugar de invertir en la salud pública”, señala Samuel Orozco, Director de Noticias de esta red nacional de emisoras de radio pública latina.

Y también comenta aquí las opiniones de analistas políticos y activistas en la materia, que ponen el dedo en el trasfondo económico de la movida de estados como Alabama para invertir el dinero del Plan de Rescate Estadunidense en la construcción y expansióon de prisiones ya existentes, que van a enriquecer las cuentas bancarias de corporaciones privados como CoreCivic.

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Junto con el activismo de base de la coalición #FamiliesBelongTogether y la campaña #BackersOfHate, el liderazgo de Real Money Moves ayudó a influir en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, SunTrust, BNP Paribas, Barclays, Fifth Third Bank y PNC, quienes se comprometieron públicamente a poner fin a su vínculos económicos con prisiones privadas. Foto: realmoneymove.org

Morgan Simon es inversionista de la empresa, Candide Group, escritora para la revista sobre finanzas, Forbes.com, y además  activista en la lucha contra las prisiones privadas y los derechos de los inmigrantes en centros de detención; se especializa en utilizar las finanzas para catalizar cambios pro justicia social, dice Orozco, quien platica con ella. Morgan se enlaza a Línea Abierta desde su sede en Oakland, California.

Al resumir el contenido de las nuevas directrices del gobierno de Biden, que ha hecho circular para dirigir el combate a la pandemia con el uso de fondos del Plan de Rescate de la administración federal, la escritora de Forbes responde a Orzoco.

–¿Qué tan clara son estas reglas, en contra del uso del dinero en proyectos tales como la construcción de prisiones… y por qué los funcionarios estatales de Alabama están tan confiados en poder usar este dinero pese a las restricciones; cuáles son esas excepciones a las que están apelando?

“Lo que hemos encontrado es que en diez de esos estados en todo el país tenían planes para utilizar más de 800 millones de dólares para construir prisiones. Y pensamos que esos fondos deben ser para la crisis del covid… Servicios de salud, educación…, esas deben de ser las prioridades de los estados, y no para construir prisiones… más del 70 por ciento de los inmigrantes encarcelados están en esas prisiones privadas”, y unos 17 estados están pensado en usar el dinero federal en proyectos similares.

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Miembros del grupo La Resistencia, en el edificio de la alcaldía de Tacoma, Washington. Foto: La Resistencia / Facebook.

En medio de este panorama, el número de infecciones de Covid-19 con su variante Omicron se ha disparado en los centros de detención privados que el servicio de Inmigración y Protección de Aduanas, ICE, le renta a corporaciones trasnacionales como CoreCivic y GEO Group.

Orozco afirma que “los números de infecciones por coronavirus en los centros de detención de ICE han aumentado en un ¡520 por ciento! desde el primer día de este año nuevo. O sea, hace menos de tres semanas. Hasta el jueves, mil 776 detenidos estaban siendo monitoreados o aislados por casos confirmados de Covid1-19, en comparación con los 285 casos informados hasta el 3 de enero”.

La activista por los derechos de los inmigrantes detenidos en dichos centros o cárceles privada que contrata ICE, Maru Mora Villalpando se enlazó a Línea Abierta desde su sede en Tacoma, Washington, donde ha venido luchando por los derechos de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención del Noreste (NWDC), ubicado precisamene en Tacoma.

“Recibimos una noticia de 5 nuevos casos positivos de Covid-19 en el centro de detención de Tacoma; 3 de ellos de personas detenidas y dos de guardias de GEO, la empresa que son dueños y manejan ese centro de detención. Creo que lo importante de esto es que sabemos que la mayoría de estos casos de contagio vienen de afuera, principalmente de los empleados”.

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