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Avanza litigio por arresto de activista inmigrante en CO

Por Marco Vinicio González
Publicado 01 mayo, 2025

Janette Vizguerra, mostrando documentos que la amparaban durante su estancia en santuario. Foto: Jesús Sánchez Meleán.

La disputa legal entre la administración federal y la defensa de la activista por los derechos de los inmigrantes, Jeanette Vizguerra, continúa desarrollándose en Colorado. El 17 de marzo de 2025 Vizguerra fue arrestada por agentes de Inmigración y Contrl de Aduanas, ICE, en el estacionamiento de una tienda Target en Denver, donde trabajaba. Desde entonces, se encuentra detenida en un centro de detención en Aurora, operado por la multinacional GEO Group .​

La defensa de Vizguerra argumenta que su arresto fue una represalia por su activismo en favor de los derechos de los inmigrantes, violando su derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda. Por su parte, los fiscales federales sostienen que ICE actuó en cumplimiento de una orden de deportación reinstaurada contra Vizguerra y que, como no ciudadana, ella no puede impugnar la ejecución de esa orden basándose en la Primera Enmienda.

El 21 de marzo, la jueza federal de distrito, Nina Wang, emitió una orden que impide a ICE deportar a Vizguerra hasta que se resuelva su solicitud de habeas corpus, presentada por su defensa para cuestionar la legalidad de su detención.

Además, se ha cuestionado el proceso de evaluación del “temor razonable” de Vizguerra, un procedimiento durante una orden de deportación en el que un funcionario de asilo evalúa la validez de los temores del detenido a regresar a su país de origen. La abogada de Vizguerra, Laura Lichter ha argumentado que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no notificó a Vizguerra ni a sus abogados con suficiente anticipación para prepararse en varias ocasiones y que tanto un guardia del centro de detención como un oficial de asilo intentaron engañar a Vizguerra durante esos procedimientos.

El 14 de abril la directora asociada de distrito del USCIS, Simone Grant emitió una determinación negativa acerca del “temor razonable” de Vizguerra, argumentando que “la activista no presentó pruebas de la posibilidad de persecución o tortura en México”. Añadió que, de acuerdo con su política, “la agencia remitió a Vizguerra a un juez de Inmigración para que revisara las conclusiones”.​

El caso de Jeanette Vizguerra ha generado una amplia movilización social y política en Colorado, con protestas y manifestaciones en apoyo a su liberación y en defensa de los derechos de los inmigrantes. Diversas organizaciones y líderes políticos han expresado su preocupación por lo que consideran una persecución política y un ataque a la libertad de expresión.​

La continuación de este proceso judicial será clave para determinar el futuro de Vizguerra y el alcance de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

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