Aunque en Maine y Vermont los presos pueden votar, pocos reos lo hacen

Un nuevo informe revela que la disparidad racial en la población carcelaria de Vermont ha cambiado poco en los últimos años. Esta es un área común para los prisioneros en el Centro Correccional del Condado de Tallahatchie, donde 215 reos de Vermont fueron reubicados recientemente. Foto vtdigger.org.

De la redacción

Existe un intenso debate en todo Estados Unidos sobre las razones para votar, y por qué ir a la cárcel no debe necesariamente significar perder el derecho al voto. Pocos saben sin embargo que en algunos estados (Maine y Vermont) todos los presos pueden votar, y que en algunos otros se ha restituido este derecho para los prisioneros, aunque sólo para los que estando presos no hayan cometido violación o asesinato, aunque se hallan libres bajo fianza y que hayan sido sentenciados (La Florida).

En Maine y Vermont, por ejemplo, todos los presos son elegibles para votar pues estos estados cuentan desde hace mucho tiempo con los procedimientos y la aceptación general del público, pero “las bajas tasas de alfabetización y el escaso acceso a la información hacen sin embargo que muchos reclusos allí no ejerzan este derecho al voto”.

Del mismo modo, algunos prisioneros en Mississippi, Alaska y Alabama pueden votar mientras se hallan presos, aunque esto depende de sus convicciones, dice un amplio reportaje conjunto de periodismo independiente, realizado por The Marshall Project y por la revista Mother Jones.

En junio “seis de los 13 concejales en Washington, DC, aprobaron una legislación que permitiría votar a los prisioneros de la ciudad”. Además, legisladores en Massachusetts, Hawai, Nuevo México y Virginia introdujeron recientemente medidas para permitir que los presos votaran desde principios de este año. “Ninguno tuvo éxito, pero varios otros estados están facilitando el voto de las personas una vez que salen de la cárcel”, dice la fuente.

Agrega que en mayo “el gobernador de Nevada firmó un proyecto de ley que restaura automáticamente los derechos de voto de las personas en libertad condicional”. Y el año pasado, como reportamos oportunamente aquí, los votantes de La Florida volvieron a conciliar a casi 1.5 millones de residentes con condenas por delitos graves, excepto la violación sexual y el homicidio, mientras que “Louisiana restableció los derechos de voto de casi 36 mil personas condenadas por delitos graves. Los legisladores aún están considerando propuestas similares en Connecticut, Nueva Jersey y Nebraska”.

Aun así, la realidad es que la mayoría de los prisioneros pierden su derecho de votar mientras están tras las rejas. “Aproximadamente 15 estados restauran automáticamente los derechos de voto cuando los presos son liberados, pero varios estados como Alabama y Mississippi prohíben a las personas votar de por vida, incluso cuando han sido sentenciados sólo por algunos delitos”.

Permitir votar a los presos no debiera ser controversial. Algunos estudian mientras están en prisión. Foto: https://truthout.org.

En el caso de Vermont y Maine,  que comparten varias características que hacen que el voto de los presos sea menos controvertido, las personas encarceladas sólo pueden votar por voto en ausencia en el lugar donde vivieron por última vez. “No se cuentan como residentes de la ciudad que alberga una prisión, lo que significa que sus votos no pueden influir en las elecciones locales si por ejemplo votan en bloque”.

Por otro lado Joseph Jackson, fundador de la Coalición de Defensores de Prisioneros de Maine, sospecha que la demografía racial en Maine y Vermont puede explicar el hecho de que los prisioneros de ambos estados nunca perdieran el derecho a votar.

Vale anotar que las leyes que prohíben votar  a las personas con condenas por delitos graves comenzaron a surgir en los estados del sur durante la era de Jim Crow, dice la fuente. “Muchos defensores de los derechos de voto dicen que las leyes fueron un intento deliberado de limitar el poder político de los negros”.

Y es que aunque las personas negras representan una mayor proporción de prisioneros en comparación con su proporción en la población general, en Maine y Vermont la mayoría de los presos son blancos, y los negros son una minoría de los prisioneros, casi el 7 y el 10 por ciento, respectivamente, “lo que desactiva las dimensiones raciales de las leyes de privación de derechos por delitos graves”.

No obstante, citando un informe The Sentencing Project de 2018, Jackson afirma que “de los 6.1 millones de personas que aproximadamente se estima están marginadas de su derecho a votar en el país por una condena por delito grave, casi el 40% son personas de la raza negra”.

Con todo, las tasas de privación de derechos por delitos graves varían según el estado, ya que los estados “instituyen una amplia gama de políticas de privación de derechos”, dice The Sentencing Project.

De esta suerte, en Maine y Vermont las constituciones estatales garantizan los derechos de voto de todos los ciudadanos, “incluidas las personas encarceladas desde los primeros días de la estadidad (en Vermont, una decisión legal data de 1799).

Pero los intentos anteriores de excluir a los condenados por delitos graves han fracasado en las legislaturas. Actualmente, no hay oposición organizada en ninguno de los dos estados para votar desde la prisión. Los oficiales de las correccionales de ambos estados incluso “alientan a los presos a votar”, pero estos dependen de voluntarios que los ayuden a registrarse.

Algunos prisioneros en Maine han hecho un gran esfuerzo y se han graduado de la preparatoria estando en prisión. Foto: http://www.maineprisoneradvocacy.org.

The Marshall Project y Mother Jones dicen por su parte que la Liga de Mujeres Votantes y la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NAACP, “se han coordinado con los departamentos correccionales para organizar campañas de registro de votantes en las prisiones, y para cerrar la brecha de información comparten una página con datos de los candidatos estatales y explican sus posiciones sobre temas clave”.

Sin embargo, las barreras para votar, tanto externas como internas, siguen siendo altas, insiste la fuente. “Las personas encarceladas tienen prohibido el uso de Internet y, a menudo quedan aisladas de las noticias de los lugares donde solían vivir. No se les permite hacer campaña por candidatos, exhibir carteles o mostrar otros signos de partidismo político”.

Pero, ¿quiénes de los que están encarcelados votan y quienes no? Es difícil saber. Debido a que los votos de los prisioneros se cuentan junto con otras boletas de votación en ausencia, “los funcionarios electorales en Maine y Vermont no cuentan específicamente la cantidad de personas encarceladas que votan”.

Además, entre los pocos presos interesados en política, discutir temas puede ser peligroso estando en la prisión; como en el resto del país, “los presos liberales y conservadores están cada vez más polarizados”, dijo a la fuente John Sughrue, el bibliotecario de leyes en la Instalación Correccional del Estado del Sur en Vermont. “Parece que el clima político actual nos ha dividido inexorablemente”, escribió a través del sistema de correo electrónico de la prisión.

Pero el mayor problema, dice Sughrue, es “la sorprendente tasa de analfabetismo entre los prisioneros de Vermont”. Al ayudar a las personas con sus casos legales Sughrue “notó  que muchos no pueden leer, e incluso aquellos que pueden leer tienen dificultades para escribir, lo que hace que registrarse para votar y llenar una boleta sea prácticamente imposible sin ayuda”.

Los departamentos de correcciones no rastrean la tasa de alfabetización. Pero en Vermont, los funcionarios estiman que “casi el 20% de los reclusos ingresaron en prisión con menos de una educación de secundaria. Algunos estudios estiman que casi el 60% de las personas en prisión son analfabetas”, dice el bibliotecario.

Paul Wright, director ejecutivo de Prison Legal News afirma por su parte que “la desafección del votante no es exclusiva de los prisioneros… El 61% de todos los votantes elegibles emitieron su voto en las elecciones presidenciales de 2016 y en las intermedias de 2018; pero por lo general “en un momento de menor participación ese número se redujo a 49%, según Pew Charitable Trusts.

Wright sospecha que parte de la apatía acerca de la votación se debe a “los relativamente pocos candidatos con antecedentes en materia de justicia penal, que apelarían a personas encarceladas o con crudos encuentros con la policía y los fiscales”.

Y señaló además que a nivel local, los funcionarios que desempeñan un papel importante en la configuración de los resultados de la justicia penal, como los alguaciles, jueces y fiscales, “a menudo se presentan sin oposición. Los fiscales progresistas son un fenómeno relativamente reciente. Entonces, al igual que los segmentos desafectados del electorado general, los presos pueden creer que sus votos harán poca diferencia”■