Arresto de jueza en Wisconsin desata protestas

Inmigrantes que han vivido en Estados Unidos y pagado impuestos observando la ley durante mucho tiempo, han adoptado este país como propio y buscan protecciones y derechos plenos como ciudadanos. Foto: Demethius.
Como parte de las colaboraciones habituales que mantiene Samuel Orozco, director de Noticias de Radio Bilingüe, con el programa “Entre Líneas”, del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, esta columna, “Desde el otro lado” es la colaboración de hoy, de Orozco con el IMER.
Samuel Orozco
Primero, agentes del FBI arrestaron este viernes a una jueza de Milwaukee, acusada de obstrucción a la justicia al aconsejar a un inmigrante indocumentado salir de su sala por una puerta restringida en vez de por la puerta de enfrente, donde le esperaban agentes federales de Inmigración.
El arresto de la jueza Hannah C. Dugan fue visto de inmediato como un escalamiento de las tensiones de la presidencia de Trump contra el poder judicial, luego de que el Departamento de Justicia había advertido que tomaría duras medidas contra todo aquel funcionario local que interfiriera con los operativos federales de Inmigración.
El mismo Donald Trump, en reacción a recientes decisiones judiciales en contra de las deportaciones al vapor, advirtió este fin de semana que “millones de gentes no podrán tener juicios porque el gobierno ya sabe quiénes son los criminales y es necesario sacarlos del país lo antes posible”.
Con el arresto de Dugan, la administración pasa de los ataques retóricos a la acción.
Al trascender la noticia del arresto de la jueza Dugan, cientos de manifestantes salieron a la calle a protestar en Milwaukee por dos días consecutivos.
Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi se mantuvo en su acción, afirmando que el arresto de la jueza Dugan envió un “mensaje contundente” a los jueces de que la administración Trump los procesará si obstruyen la justicia.
El director del FBI, Kash Patel se hizo eco de la amenaza publicando en X una foto de la jueza atada de manos, con el mensaje: “Nadie está por encima de la ley”.
¿De qué se acusa a la jueza? Resulta que la semana antepasada, el día 18, seis agentes federales llegaron al juzgado del condado de Milwaukee para arrestar a Eduardo Flores-Ruiz, ciudadano mexicano que se encontraba allí para una audiencia por cargos de agresión doméstica.
Según el expediente, antes de la audiencia un abogado le informó a la jueza Dugan que agentes del Servicio de Inmigración (ICE) se encontraban fuera de la sala. La jueza calificó la situación de “absurda” y bajó del estrado para hablar con los agentes federales, diciéndoles que necesitaban una orden judicial y que hablaran con el juez presidente del condado de Milwaukee.
Uno de los agentes habló con el juez presidente, Carl Ashley, quien le indicó que se estaba elaborando una regla para definir en qué lugares del juzgado los agentes de ICE podían arrestar. Sin embargo, “les dijeron que tales acciones no deben ocurrir en las salas del tribunal ni en otros lugares privados”, según el expediente.
Cuando Flores-Ruiz y su abogado salían de la sala, la jueza Dugan les dijo: “Esperen, vengan conmigo”, según un agente del juzgado. El agente la vio acompañarlos a través de una puerta que usan sólo los jurados, según el expediente judicial.
Más tarde, un agente observó a Flores-Ruiz salir del edificio, y lo persiguió y arrestó en la calle.
Una semana después, o sea, este viernes, agentes del FBI arrestaron a la jueza Dugan en el juzgado, acusada de obstruir a los agentes de Inmigración y de encubrimiento.
El abogado de la jueza, Craig Mastantuono calificó su arresto de “sumamente inusual”, señalando que los agentes federales podrían haberla contactado primero para interrogarla o haberle pedido que se entregara.
La jueza Dugan deberá comparecer ante la corte el 15 de mayo, ahora en calidad de acusada.
Tan pronto se supo la noticia del arresto de la jueza Dugan cientos de manifestantes se reunieron para protestar frente al juzgado. Un líder legislativo estatal, Ryan Clancy dijo allí: “El poder judicial actúa como un freno al poder ejecutivo sin control. Y las buenas democracias no encarcelan a los jueces”.
La directora ejecutiva de ACLU de Wisconsin, Melinda Brennan declaró que “Estas acciones tienen la clara intención de intimidar, son crueles y socavan el estado de derecho”.
En el mismo sentido se pronunció la organización pro inmigrantes con sede en Chicago, Alianza Américas: “Una democracia depende de la independencia del poder judicial y de la administración justa. Los jueces, como todos los servidores públicos, tienen el deber solemne de defender la Constitución y proteger los derechos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Criminalizar el ejercicio imparcial de ese deber amenaza los mismos principios en los que se basa nuestro sistema legal.
Los líderes republicanos se plegaron a la línea de la administración Trump. Brian Schimming, presidente del Partido Republicano de Wisconsin afirmó que el arresto de Dugan demuestra que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces”. El congresista republicano por Texas, Troy Nehls, un firme aliado de Trump, declaró a periodistas: “¡Que los encierren!”. Y El representante republicano por Tennessee, Tim Burchett declaró: “Si violó la ley, que le apliquen todo el rigor de la ley”.
En la parte demócrata, algunos líderes condenaron la acción. Jamie Raskin, congresista demócrata por Maryland y miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que “Es una nueva caída al caos gubernamental”. Otros demócratas dijeron que esto muestra que la administración Trump rompe con las normas del sistema legal y con el orden instituido.
Los demócratas piden una investigación del arresto federal contra la jueza. Por ser “peligroso y escandaloso, y diseñado para intimidar a nuestro poder judicial”, según la representante demócrata por Vermont, Becca Balint, miembra del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
En otros temas, que también han causado consternación entre defensores del inmigrante está la deportación de niños ciudadanos de Estados Unidos con serios problemas de salud.
En días recientes, agentes del Servicio de Inmigración (ICE) deportaron a la madre cubana de una niña de un año, separándolas indefinidamente. ICE deportó además a tres niños de 2, 4 y 7 años, todos ciudadanos estadunidenses, junto con sus madres hondureñas, según informaron sus abogados el sábado.
Los tres casos plantean cuestionamientos sobre el respeto a los derechos fundamentales de quienes caen en la telaraña de los operativos de la llamada deportación masiva.
Los abogados de los casos anteriores describieron cómo las mujeres fueron arrestadas al presentarse de manera rutinaria en las oficinas de ICE, sin oportunidad de hablar con sus abogados ni con sus familiares, y luego deportadas en un plazo de menos de tres días.
En uno de estos casos, un juez federal exigió a la administración Trump que explique por qué una niña estadunidense de 2 años fue deportada a Honduras con su madre y su hermana mayor. Los abogados de la niña afirman que ella, su madre y su hermana de 11 años fueron detenidas cuando se presentaron en una oficina de ICE en Nueva Orleans para una cita de rutina el jueves. El juez solicitó hablar con la madre, pero le informó que ya habían sido deportadas a Honduras.
El juez, Terry Doughty pide que se le explique cómo es que el gobierno deportó a una ciudadana de Estados Unidos sin darle el beneficio del proceso legal de rigor. Aún cuando su padre solicitaba desesperadamente a los tribunales que la mantuvieran en el país. Cabe aclarar que este es un juez puesto en su cargo por Donald Trump.
El juez programó el viernes una audiencia para el 16 de mayo, la cual, según dijo, tiene como objetivo “disipar nuestra firme sospecha de que el gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadunidense sin el proceso legal de rigor”.
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración que lleva el caso de la niña de dos años, declaró: “Lo que hemos visto de ICE en los últimos días es aterrador y desconcertante”.
Mientras tanto, en Florida una mujer de origen cubano, madre de una niña de un año y esposa de un ciudadano estadunidense fue detenida en una cita programada en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa, según informó su abogada el sábado.
Heidy Sánchez fue retenida sin comunicación y trasladada a Cuba dos días después. Sigue amamantando a su hija, quien sufre convulsiones, según informó su abogada, Claudia Cañizares.
Cañizares afirmó que intentó presentar la documentación ante el ICE para apelar la deportación el jueves por la mañana, pero ICE se negó a aceptarla, alegando que Sánchez ya se había ido.

