Aranceles, “esquema caprichoso e ilegal”: 12 estados demandan

La política arancelaria de la administración Trump en 2025 ha desatado una tormenta legal. Una coalición de 12 estados, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James y el fiscal general de Colorado, Phil Weiser presentaron, junto con otros 10 estados una demanda legal contra el gobierno federal, acusándolo de violar la Constitución al imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.

Los estados demandantes —entre ellos California, Colorado, Illinois y Massachusetts y Nueva York— afirman que la oleada de aranceles ha generado caos económico y ha afectado directamente a sus poblaciones. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

La semana pasada el gobernador de California, Gavin Newsom también interpuso una demanda en una corte federal del distrito norte de su estado, argumentando que los aranceles podrían costar miles de millones de dólares a California, el estado que más importa en el país. En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai defendió la medida: “La administración Trump sigue comprometida a abordar esta emergencia nacional que está diezmando las industrias de Estados Unidos”.

La Casa Blanca sostiene que los aranceles están amparados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que permite al presidente tomar medidas en caso de amenazas extranjeras. Según Trump, el tráfico de drogas y los desequilibrios comerciales justifican estas acciones.

Sin embargo, los estados demandantes argumentan que no existe una amenaza “inusual y extraordinaria” que justifique invocar esta ley, y que la nación no enfrenta ningún estado de emergencia.

Phil Weiser, fiscal general de Colorado, señaló que los residentes de su estado ya están sintiendo el aumento de precios derivado de los nuevos aranceles. Los demandantes afirman que las decisiones comerciales del presidente están guiadas por “caprichos” y no por un ejercicio legítimo del poder legal. Insisten en que sólo el Congreso tiene la autoridad para imponer aranceles.

Expertos legales coinciden en que la posición de Trump es jurídicamente frágil, y aunque el proceso aún está en etapas iniciales, podría tener profundas implicaciones para la política comercial futura del país.

Desde el 5 de abril, está vigente un arancel base del 10% para todas las importaciones a Estados Unidos, salvo excepciones en productos energéticos y minerales no disponibles internamente.

Medidas específicas:

• Aranceles recíprocos: Desde el 9 de abril se aplican tarifas a productos de 57 países, con tasas que oscilan entre 20% y 54% según el déficit comercial. China enfrenta un 54%, la UE un 20%, y Vietnam y Camboya entre 36% y 49%.
• China: Hasta hace días, productos chinos estaban gravados hasta con 145%. Sin embargo, ante presiones de grandes minoristas como Walmart y Target, Trump ha admitido que esos niveles son insostenibles y evalúa ajustes.
• México y Canadá: Se impuso un arancel del 25% a la mayoría de productos, con exenciones para los que cumplen el tratado USMCA/T-MEC.
• Sector automotriz: Aplica un 25% de arancel a autos y autopartes importadas, con excepciones si cumplen las reglas del T-MEC.
• Eliminación del umbral de minimis: A partir del 2 de mayo, se eliminará la exención arancelaria para productos de menos de 800 dólares provenientes de China, afectando a plataformas como Shein y Temu.
• La decisión judicial se anticipa como un hito clave para definir el alcance del poder ejecutivo en materia de comercio exterior.

Los estados demandantes son: Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Vermont.