Aprueba cámara baja Ley Laken Riley, con 46 demócratas a bordo

La cámara de Representantes, de mayoría republicana aprobó el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021, más conocida como la Ley Laken Riley. En una votación de 263 a 156, con 46 legisladores demócratas que se unieron a los republicanos, el proyecto fue aprobado y ahora pasa al Senado. Requiere un aumento masivo de migrantes llegando a la frontera de Estados Unidos, y amplias capacidades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Protección de Fronteras (CBP) y Patrulla Fronteriza, pero no incluye ningún nuevo financiamiento, ni parece contar -por el momento- con la infraestructura requerida para la detención de las redadas masivas.

No obstante, los republicanos presentaron el proyecto como la más “comprensiva reforma integral” a la Ley de Inmigración, la primera legislación que el presidente Donald Trump firmaría. En realidad es una ley de detención de inmigrantes indocumentados acusados de robo, y delitos violentos, que facilita su deportación fast track.

En una inusualmente rápida votación del Congreso, los republicanos con apoyo demócrata se movieron ágilmente de acuerdo a sus planes, anunciados por el presidente cuando estaba en campaña; es una ley que toma medidas drásticas contra la inmigración no autorizada.

Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de enfermería, en Georgia, asesinada el año pasado por un hombre venezolano indocumentado. Este lamentable incidente encendió el debate sobre la inmigración, que ha sido una de las piezas centrales de las discusiones del Congreso, e inclinó la balanza electoral hacia la derecha.

Existe una fuerte percepción negativa de los inmigrantes en un amplio sector de los estadunidenses. Una encuesta reciente del New York Times-Ipsos, señala por ejemplo que 55 por ciento de los adultos encuestados dijo estar a favor de “deportar a todos los inmigrantes que están aquí ilegalmente”.

Pero otras encuestas prueban que la mayoría de los estadunidenses no aprueba del todo las políticas específicas para deportar -¿a México?- a los millones de inmigrantes indocumentados. Sólo el 38% de los adultos estadunidenses apoya el “uso de los militares para encontrar y detener inmigrantes indocumentados”. Y sólo el 34% dijo apoyar “la separación de familias como parte de las deportaciones rápidas”.

Esta percepción, especialmente entre los votantes de clase trabajadora fue alimentada con discursos republicanos mentirosos -sin ser comprobados-, acerca de la política demócrata de fronteras supuestamente abiertas, cuando 2024 registró uno de los más bajos flujos, encuentros y detenciones de migrantes con los agentes fronterizos. 

Como ya dijimos en este mismo espacio iformativo, en los primeros días como presidente Trump se ha dedicado a firmar órdenes ejecutivas para desmantelar todo el aparato que regula la inmigración; sellar la frontera con México, detener toda petición de asilo, deportar a millones de inmigrantes con y sin estatus legal; ya canceló el reasentamiento de refugiados y hizo pública su intención de procesar a los funcionarios locales de las fuerzas del orden que no hagan cumplir sus nuevas políticas de inmigración.

Entre otras cosas, la Ley Laken Riley costaría 26 mil 900 millones de dólares a los estadunideneses durante el primer año, y necesitaría aumentar a 110 mil las camas de los inmigrantes detenidos en los centros de detención de ICE. Hasta hace un par de años el Congreso otorgaba el presupuesto federal para ICE a condición de mantener ocupadas 36 mil camas diarias en dichos centros de detención.

La Ley Laken Riley pasa al Senado y de ser aprobada, lo que es muy probable, pasará a la firma del presidente, quien ha dicho que la firmaría. Algunos otros demócratas temen que dicha ley despojaría a los migrantes de su derecho al ‘debido proceso’. Y temen también que acabaría con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y los menores ‘No Acompañados’.

El senador demócrata de California, Alex Padilla, dijo según. la fuente que las autoridades federales ahora se verían obligadas a priorizar la detención de los migrantes arrestados por delitos de bajo nivel, como el robo en tiendas, en lugar de aquellos que cometen delitos violentos.

Pero “los grupos que abogan por políticas restrictivas de inmigración disputan o descartan estos hallazgos”.