Anunciamos el Plan para un Estados Unidos más Seguro y más Justo

The Justice Collaborative (TJC)

Traducción del inglés: Zaidee Stavely

El colectivo The Justice Collaborative (TJC) se enorgullece en anunciar el Plan para un Estados Unidos más seguro y más justo; un nuevo marco integral para la reforma de la justicia penal a nivel nacional. El plan, desarrollado por los abogados de TJC y expertos en políticas de justicia penal traza los pasos concretos a seguir para abordar la crisis de encarcelamiento masivo, y ofrece soluciones viables para crear un sistema de justicia más justo y equitativo. Esto se presenta en medio de crecientes reclamos por una reforma, con votantes que han elegido a fiscales de mentalidad reformista en ciudades que van desde Boston y Filadelfia hasta St. Louis y Dallas. Para los candidatos presidenciales de 2020, el plan ofrece una hoja de ruta para restablecer el equilibrio de nuestro sistema de justicia antes de que se derrumbe bajo el peso de los costos sociales y económicos resultado del encarcelamiento de demasiadas personas.

“Este marco nacional es un importante primer paso para implementar los cambios necesarios para la transformación del descompuesto sistema de justicia penal de los Estados Unidos “, dijo Josie Duffy Rice, abogado y estratega de The Justice Collaborative. “En pocas palabras, la prisión debe ser un último recurso, no la primera parada, en nuestro sistema de justicia criminal. Nuestro plan incorpora las lecciones aprendidas de las inteligentes reformas a la justicia penal que están siendo implementadas por fiscales progresistas en todo el país. Pero no pueden hacerlo solos. Llegó la hora de que los candidatos presidenciales tomen una posición más decidida en la reforma a la justicia penal, y el proyecto de The Justice Collaborative les da una plataforma para hacer eso.”

El plan establece siete principios y 41 puntos necesarios para una reforma justa y equitativa a nuestro sistema de justicia penal:

Pobres “invisibles” en Estados Unidos hacen cola en Phoenix, AZ., en busca de ayuda del gobierno para sobrevivir ese día. Foto: www.theredphoenixapl.com

Dejar de hacer de la pobreza un crimen: Ninguna persona en Estados Unidos debe ser encerrada por ser muy pobre. Desde las empresas de fianzas hasta las compañías privadas de libertad condicional, hay personas que se está enriqueciendo a partir del sufrimiento y el encarcelamiento. Entre otras medidas, el plan exige poner fin a la fianza monetaria, multas y tarifas judiciales, el cobro a personas por llamadas telefónicas y el encarcelamiento de quienes no pueden pagar las multas que deben.

Tratar a los niños como niños: Los cerebros de los niños continúan desarrollándose hasta alrededor de la edad de 25 años  y la investigación demuestra una gran capacidad de crecimiento  y rehabilitación. El plan exige que los niños no sean procesados ​​en un tribunal para adultos, ni reciban castigos que excluyen la oportunidad de redención.

Permitir que las personas crezcan y cambien: Un acto criminal no define una persona para siempre. A medida que los niños se convierten en adultos, su juicio y su estabilidad emocional mejora. Las personas que sufren de adicciones y otras enfermedades mentales pueden recibir tratamiento. Otras personas encuentran la fe, o la estabilidad y significado en su trabajo, o simplemente encuentra la esperanza de una vida mejor a aquella que vivieron antes.

El plan exige el fin de los mínimos obligatorios, la pena de muerte y sentencias de más de 15 años que no tengan una oportunidad importante de liberación, entre otras medidas que brindan y reconocen la capacidad de las personas para crecer y cambiar.

Tratar la adicción como el problema médico que es: La guerra contra las drogas es un fracaso. El conjunto contraproducente de medidas y la actuación policial que forman la guerra contra las drogas no ha logrado reducir el uso y el acceso a drogas. Hay que poner fin al aumento de la violencia criminal y adoptar soluciones terapéuticas más eficaces para tratar la adicción a las drogas. El plan recomienda que ninguna persona debe ser encarcelada por posesión de drogas, y que los sitios de inyección segura deben legalizarse.

Fin de los ciclos de violencia. Tenemos una crisis nacional por usar los limitados recursos de seguridad pública para combatir delitos menores, como el consumo de marihuana, mientras delitos más graves quedan sin resolver. Tenemos que ser capaces de invertir importantes recursos fuera del paradigma policiaco, para asegurarnos de interrumpir los ciclos de violencia. Y tenemos que proporcionar recursos a las personas que son víctimas de serios daños físicos y para quienes se encuentran en mayor riesgo de convertirse en un futuro perpetrador o víctima de violencia. El plan solicita que se destinen recursos para modelos de interrupción no policiales y de tipo comunitarios.

Poner fin a la innecesaria separación familiar. Cuando una persona es encerrada en la cárcel o prisión, suele ser toda una familia la que sufre. Y cuando la persona regresa a su hogar en la comunidad se vuelve incluso más difícil encontrar un trabajo, una vivienda estable y contribuir con su familia y la comunidad. Es por eso que el objetivo siempre debe ser utilizar la cárcel o la prisión como último recurso y solo cuando sea absolutamente necesario para proteger la seguridad física de la comunidad.

Hacer que las personas y sus comunidades sean más fuertes. En ocasiones, una persona debe ser confinada en bien de la seguridad física de la comunidad. Siempre debemos asegurarnos de que no estamos haciendo más vulnerables, y traumatizando de forma innecesaria, a las personas encarceladas. En lugar de eso, deberíamos tratar de asegurarnos de que las personas vivan de forma tan normal como sea posible mientras estén confinadas, tengan la oportunidad de fortalecer su conexión con nuestra democracia, y tengan la oportunidad de ser personas más sanas y estables al volver con sus familias y comunidades.

El plan fue presentado en fechas recientes en un artículo de opinión del New York Times de la escritora de The New York Times Magazine, Emily Bazelon, en el cual se insta a los candidatos presidenciales del 2020 a hacer suyos estos principios y usar enfoques inteligentes de justicia modelados por  fiscales reformistas como el Fiscal del Condado de St. Louis, el abogado Wesley Bell, y el Fiscal del condado de King, Washington, el abogado Dan Satterberg.

PLAN PARA UN ESTADOS UNIDOS MÁS SEGURO Y MÁS JUSTO

Nuestro sistema de justicia penal debe ser reconstruido. Debemos equilibrar la necesidad de seguridad dentro de nuestras comunidades con las libertades y oportunidades que toda persona necesita para vivir una vida digna. En este momento, en todo el país, no hemos encontrado el punto de equilibrio. Encerramos a más personas que cualquier otro país en el mundo. Criminalizamos la pobreza, separamos innecesariamente a los niños de sus padres, separamos a las personas que cometen errores, y destruimos familias e incluso barrios enteros. Las personas de piel negra y morena se llevan la peor parte de este exceso de criminalización y sobre-encarcelamiento que ha desestabilizado comunidades y agravado la discriminación racial. En lugar de tratar a las personas con respeto y dignidad, nuestra cultura de vigilancia y castigo constantemente vuelve a las personas más vulnerables —no solo a las personas que vigilamos y castigamos excesivamente sino a todos nosotros.

School to prison infographic by ACLU

Necesitamos reformar aquellos elementos de nuestro sistema de justicia penal que sean costosos, contraproducentes y crueles. Estamos más seguros cuando utilizamos el encarcelamiento no como medida automática, sino como último recurso. Si reducimos nuestra excesiva dependencia en el encarcelamiento, podemos desbloquear recursos y crear un tejido social más fuerte con más oportunidades y justicia para todos, no solo unos pocos.

El crimen continúa en los niveles más bajos de los pasados 50 años. Hoy, sin embargo, encarcelamos a una tasa cinco veces mayor que la que teníamos en ese entonces. No estamos más seguros y somos mucho menos libres. Los Estados Unidos marcha en dirección contraria a otras democracias desarrolladas. Los estadounidenses no son intrínsecamente más peligrosos que los ciudadanos del resto del mundo. Necesitamos un reajuste radical para retomar el camino, antes de que nuestra sociedad se colapse bajo el peso de los costos sociales y económicos de la encarcelación excesiva.

Necesitamos un sistema de justicia penal que vigile y encarcele al menor número de personas posible por el menor tiempo necesario, para mantener a las personas y comunidades seguras. Necesitamos un sistema que esté estrechamente unido a la seguridad física, que reconozca que cada persona posee un valor inherente y un potencial de cambio, que trate a cada persona con dignidad y respeto y que no desperdicie los limitados recursos que deberían ser empleados para otros servicios y programas más adecuados para crear comunidades más sanas y seguras.

DEJEMOS DE HACER DE LA POBREZA UN CRIMEN

Ninguna persona en Estados Unidos debería ser encarcelada por ser pobre. Pero en este momento tenemos personas sin hogar arrestadas por dormir afuera; padres que no pueden comprar su liberación de la cárcel y personas que entran y salen de la cárcel porque no pueden pagar viejas multas, mientras otras nuevas se acumulan. Peor aún, tenemos corporaciones que hacen miles de millones de dólares a costa de nuestras comunidades más pobres. Desde los fiadores a empresas de libertad condicional, hay gente que se está enriqueciendo con el sufrimiento y el encarcelamiento. Incluso las ciudades y los condados llenan sus arcas con las multas y tarifas que se imponen a las personas que luchan tan sólo por sobrevivir. Necesitamos un sistema de justicia penal que ponga a las personas por encima de las ganancias, y eso ayuda a que las personas vulnerables sean más estables, no menos estable.

1. Reducir drásticamente la población en prisión preventiva en Estados Unidos para poner fin a las fianzas y establecer, en su lugar, una firme presunción de liberación.

2. Terminar con todas los gastos asociados con cualquier desvío, tratamiento o programa de supervisión comunitaria. Todos los costos deben ser asumidos por el gobierno.

3. Terminar con todos los gastos de la corte, los honorarios del defensor público y otros costos que requieren que los pobres subsidien el sistema de justicia penal.

4. No imponer sanción alguna o suspensión de derecho alguno debido a la incapacidad para pagar multas u honorarios.

5. No procesar penalmente las infracciones menores que son una manifestación directa de adicción, la falta de vivienda,  enfermedad mental, pobreza, o la juventud.

TRATAR A LOS NIÑOS COMO NIÑOS

El cerebro de los niños continúa desarrollándose hasta alrededor de los 25 años y la investigación demuestra una gran capacidad de crecimiento y rehabilitación. Los niños no deben ser procesados ​​en un tribunal de adultos, ni se les debe dar penas que impidan la oportunidad de redención.

1. Nunca juzgar a un niño menor de 21 años en un tribunal de adultos.

2. Abolir la sentencias de cadena perpetua juveniles sin libertad condicional, y la cadenas perpetuas de facto, en la actualidad y retroactivamente.

3. Detener todos los cargos criminales por comportamiento disciplinario vinculado a las escuelas.

4. Cerrar todas las prisiones juveniles en Estados Unidos; toda instalación juvenil deberá ser diseñada para el crecimiento y la rehabilitación.

PERMITIR QUE LAS PERSONAS CREZCAN Y CAMBIEN

Padre Gregory Boyle trabaja con ex-convictos Homeboy Industries.Foto: Homeboy Industries via facebook.

A menudo las consecuencias derivadas de una sentencia, como la restricción en el acceso a viviendas, y obstáculos para encontrar empleo y la obtención de préstamos para estudiar, interfieren con la capacidad de las personas para dar vuelta a la página y formarse una vida productiva.

Un acto criminal no define a una persona para siempre. Sabemos que la gente crece y cambia. A medida que los niños se convierten en adultos, mejoran su juicio y su estabilidad emocional. Sabemos que el crecimiento continúa a medida que las personas maduran y el riesgo de criminalidad violenta disminuye drásticamente. La gente que sufre de adicción y otros trastornos mentales puede recibir tratamiento. Otras personas encuentran la fe, la estabilidad y significado en su trabajo, o simplemente descubren la esperanza de una vida mejor a la anterior. Debemos proporcionar a todos la oportunidad de cambiar; y, si lo hacen, nosotros debemos proporcionar el camino de regreso a sus hogares y comunidades.

Miembros de Homeboy Industries . Foto Homeboy Industries via Facebook

1. Nadie debe ser condenado a un término de más de 15 años sin una oportunidad significativa para su liberación, y todas las personas que hayan cumplido con 20 años deben tener derecho a una presunción de libertad condicional.

2. Los ancianos encarcelados deben ser trasladados al ambiente menos restringido en la comunidad, siempre que sea posible.

3. Hacer que el tiempo ganado sea el estándar; cada sentencia debe permitir hasta el 50 por ciento de tiempo ganado.

4. Poner fin a la sentencia obligatoria, incluidos los mínimos obligatorios y mejoras obligatorias de la sentencia.

5. Poner fin a la pena de muerte.

6. Restringir lo que se puede definir como asesinato al dar fin a los cargos de asesinato estatutario, y el enjuiciamiento de casos de sobredosis como homicidio.

7. Incrementar radicalmente la disponibilidad y uso de clemencia ejecutiva.

8. Hacer que la expurgación sea automática, verdadera y ampliamente disponible, con la gran mayoría de las ofensas automáticamente expurgadas 5 años después de la finalización de las condiciones, si no inmediatamente.

9. Eliminar las barreras legales y reglamentarias y facilitar el acceso a vivienda, educación, transporte y tránsito, servicios sociales, y el empleo para que las personas que regresan a casa de la cárcel o la prisión puedan construir una vida estable y productiva.

TRATAR A LAS ADICCIONES COMO EL PROBLEMA MÉDICO QUE SON

Usando cualquier indicador objetivo, la guerra contra las drogas es un fracaso. Durante las últimas cuatro décadas, los gobiernos federales y estatales han vertido un estimado de $1 billón de dólares en este esfuerzo. El conjunto de políticas y prácticas policiales retrógradas que constiti¡uyen la guerra contra las drogas no han podido reducir el uso o disponibilidad de las drogas. Pero lo que la guerra contra las drogas ha logrado con éxito es elevar los crímenes violentos y desplazar las soluciones terapéuticas más efectivas para tratar con la

drogadicción.

1. Ninguna persona debe ser encarcelada por posesión de drogas.

2. Legalizar la marihuana; automáticamente anular y eliminar pasadas condenas por marihuana, y deshacer el daño hecho a las comunidades devastadas por la guerra contra las drogas.

3. Despenalizar la posesión de buprenorfina y asegurarse de que todos los oficiales de policía y primeros auxilios lleven naloxone para prevenir la sobredosis de opioides.

4. Legalizar sitios seguros de inyección en todo Estados Unidos.

PONER FIN A LOS CICLOS DE VIOLENCIA

Poner un alto a la violencia requiere comprender y abordar las circunstancias que hacen estallar y propagar la violencia. Las fuerzas policiacas desempeñan un papel crítico en este proceso. Tenemos una crisis nacional de bajas tasas de resolución de homicidios, lo cual da la impresión, en los barrios de todo el país, de que no valoramos a las personas lo suficiente como para resolver los asesinatos de sus seres queridos y haciendo parecer que los asesinato han quedado impunes.

Este problema de la tasa bajas de resolución es especialmente corrosivo porque las agencias policiacas continúan utilizando sus limitados recursos para seguridad pública para combatir delitos menores como el uso de la marihuana mientras los delitos más graves quedan sin resolver. Esto no es solo un desperdicio de los valiosos recursos para la seguridad pública, sino también una receta para socavar aun más la confianza que las comunidades han depositado en las personas que juraron servirlos y protegerlos. Pero la aplicación de la ley no es lo única, o incluso lo más importante para hacer frente a los ciclos de violencia.

De hecho, pedimos a las autoridades policiales que hagan demasiado para atender los problemas surgidos de nuestro desgastado tejido social. Tenemos que ser capaz de invertir recursos significativos fuera del paradigma policiaco para asegurarnos de que estamos interrumpiendo los ciclos de violencia. Y debemos estar listos para proporcionar recursos específicos a las personas que son víctimas de daño físico grave y para quienes están en mayor riesgo de volverse futuros perpetradores o víctimas de violencia.

1. Encausar los recursos de actividades policiacas para aumentar dramáticamente la tasa de resolución de delitos más graves, como tiroteos, homicidios y agresiones sexuales.

2. Proveer recursos a modelos comunitarios no policiacos  para la interrupción de violencia.

3. Proporcionar opciones reales y recursos constantes a sobrevivientes de crimen y sus familias, incluida la salud mental, costos de tratamiento, servicios de trauma, servicios de traslado de víctimas, y ayuda para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y transporte.

4. Financiar programas para personas que corren grave riesgo de ser ya sea perpetradores o víctimas de violencia con armas de fuego; ofrecer servicios no dirigidos por la policía que incluyan la formación profesional y asistencia de colocación, educación y ayuda para cubrir necesidades como vivienda, alimentación y transporte.

5. Hacer responsables a los policías por corrupción y conducta violenta irrazonable.

PONER FIN A INNECESARIA SEPARACIÓN FAMILIAR

Amanda es una mujer guatemalteca que se acogió a Santuario el 17 de agosto de 2018 en la Iglesia de la Santa Cruz/Holyroot en el vecindario de Washington, en la ciudad de Nueva York. Foto: MVG.

Familias reunidas después de décadas de separación se divierten.

Cuando una persona está encerrada en la cárcel o prisión, a menudo es una familia la que sufre. Los salarios perdidos, incluso temporalmente, pueden significar perder un apartamento o una casa. Un padre encarcelado podría significar un niño puesto en cuidado temporal. Y, en definitiva, cuando la persona vuelve a su hogar en la comunidad, que es casi siempre el caso, se vuelve aún más difícil encontrar un trabajo, encontrar una vivienda estable y contribuir con la familia y la comunidad. Por esa  razón, el objetivo siempre debe ser usar la cárcel o la prisión como último recurso, y solo cuando sea absolutamente necesario, proteger la seguridad física de la comunidad. Siempre que sea posible, las personas que cometen daños deben ser responsabilizados en sus comunidades. Eso no solo es mejor para esa persona, pero a menudo también para toda la familia.

La participación de la policía en el sistema de inmigración a menudo reproduce esta dinámica al destrozar familias de formas duraderas. Por eso, el uso del sistema legal penal por parte de autoridades de inmigración deben ser vigorosamente examinadas.

1. Ninguna sentencia por un delito que no implique grave daño físico deberá superar los diez años.

2. Dejar de procesar a las personas por sexo consensual, incluido el sexo en el trabajo.

3. Poner fin al encarcelamiento por violaciones técnicas de supervisión comunitaria.

4. Poner fin a la colaboración entre la policía local y ICE.

5. Asegurarse de que ninguna persona se vea obligada a abandonar Estados Unidos en base a un arresto criminal o condena.

HACER GENTE Y COMUNIDADES MÁS FUERTES

Hay que asegurarnos siempre de que no estamos haciendo, innecesariamente, más vulnerables y traumatizadas a las personas encarceladas. En lugar de esto, deberíamos asegurarnos de que las personas vivan de forma tan normal como sea posible mientras estén confinados, y que tengan la oportunidad de fortalecer su conexión con nuestra democracia, así como tener la oportunidad de llegar a ser personas más sanas y estables cuando regresen con sus familias y comunidades.

Foto: Chan Zuckenberg Initiative via facebook

1. Proporcionar acceso verdadero a atención médica en las cárceles y prisiones, incluyendo tratamientos contra la adicción y la salud mental, así como medicamentos para la sobredosis.

2. Poner fin al confinamiento solitario; se trata de una práctica bárbara e innecesaria que vuelve a las personas más vulnerables y las traumatiza en un momento en el que necesitan exactamente lo contrario.

3. Garantizar el derecho de voto y el acceso significativo al voto para todos los ciudadanos en edad de votar, incluidas las personas encarceladas.

4. Proporcionar formación educativa, profesional, y tratamiento de salud mental y adicciones a todas las personas encerradas en la cárcel y la prisión.

5. Pagar a todas las personas encarceladas salarios reales por su trabajo.

6. Terminar con el uso de registros de por vida de delitos cometidos y las restricciones de residencia obligatorias; dos prácticas absolutistas que estigmatizan y son de una crueldad innecesaria y que, en última instancia, vuelven a la gente menos estable y afectan su capacidad de tener vidas productivas en la comunidad.

7. Asegurarse de que los datos, incluidos los datos demográficos, la información vinculados a todos los aspectos del sistema de justicia penal —que incluyen arrestos, decisiones de juicio, leyes de disciplina  policiaca, y registros de investigación interna y encarcelamiento —- son públicos y de fácil acceso para todos.

8. Reducir la duración de la libertad condicional y otras formas de supervisión comunitaria, para que los términos no sean más largos de lo necesario para proteger la seguridad física de la comunidad.

9. Asegurarse de que todas las personas encarceladas en la cárcel y en la prisión tengan acceso a llamadas telefónicas gratuitas y visitas en persona.