Anuncia Trump disposición a apoyar paquete de reformas al sistema de justicia criminal

Anuncia Trump su apoyo a importante reescritura de las leyes de sentencia de justicia penal de la nación, llamada “Ley de los Primeros Pasos”, en una ceremonia en la Casa Blanca el miércoles. Foto: Getty.

De la redacción

Basado en aprensiones de las décadas de 1980 y 1990, cuando se encarceló a delincuentes principalmente afroestadunidenses -y latinos- a tasas mucho más altas que los delincuentes blancos, el paquete de reforma “combina nuevos fondos para programas contra la reincidencia, y propone la expansión de los créditos de liberación temprana para los presos, así como la reducción de ciertas sentencias mínimas obligatorias”, dice The New York Times.

El proyecto de ley de compromiso abriría un camino potencial para promulgar cambios más significativos al sistema de justicia penal en una generación, y ayudaría a dar forma a las experiencias de decenas de miles de presos actuales y a futuros delincuentes.

Acompañado de legisladores republicanos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Trump “urgió” al Congreso a que sin la mayor dilación le enviara el proyecto de ley a su escritorio para firmarlo. “Es lo correcto”, dijo.

Este apoyo de Trump podría dar cobertura política a los republicanos desconfiados de reducir algunas reglas de sentencia de línea dura y permitir a los patrocinadores de la legislación formar una coalición bipartidista entre moderados, a tiempo para presentar un proyecto de ley antes de fin de año y antes del nuevo Congreso dividido que se avecina con el triunfo demócrata y la recuperación de la cámara baja.

Paradójicamente los cambios propuestos dan forma a una amplia e inusual gama de partidarios, como los hermanos multimillonarios Charles G. y David H. Koch (de derecha) por un lado, y la Unión Estadunidense de Libertades Civiles por el otro. Pero enfrenta la desconfianza de algunos republicanos que temen se aflojen algunas reglas de sentencia de línea dura, como por ejemplo delitos relacionados con las drogas y otros. Por eso, dice la fuente, resulta importante el apoyo presidencial, o por lo menos la certeza de que no  vetará el proyecto cuando llegue a su escritorio.

Los conservadores fiscales ven por su lado una oportunidad para comenzar a reducir los altos costos de la creciente población carcelaria de la nación, la mayor del mundo actualmente. Y los liberales, que se han opuesto durante mucho tiempo a las leyes de sentencia actuales, consideran que el país ha encarcelado injustamente a una generación de hombres jóvenes, especialmente hombres negros -y latinos-, por delitos de drogas y otros delitos no violentos.

Sin embargo el camino es largo y sinuoso. De acuerdo con la fuente, incluso con el apoyo de Trump “los proponentes ahora deben presentar un proyecto de ley complicado, con amplias implicaciones para el sistema de justicia criminal; pero sólo cuentan con una breve ventana de tiempo que se cierra rápido”. O sea, antes de que tome posesión el nuevo Congreso.

“Hasta el miércoles por la mañana, muchos senadores aún no habían visto un borrador del proyecto de ley, y se pensaba que algunos conservadores estaban firmemente en contra”, sostiene el Times. Los liberales, o sea los demócratas tienen sus propios motivos para sentirse decepcionados, “porque la mayoría de los cambios propuestos en las sentencias no se han hecho retroactivos, lo que limita drásticamente su efecto”.

Apresurado por la brevedad de la ventana de tiempo restante el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell declaró a la prensa que se había comprometido previamente a asumir el proyecto de ley si tenía al menos 60 senadores que lo apoyaran. Pero agregó que, dada la presión del tiempo, también tendría que “ver cómo se compara con nuestras otras prioridades al final de nuestra sesión”. Así que está por verse.

La primera reforma al sistema de justicia criminal fue aprobada por legisladores demócratas y republicanos por primera vez, de manera seria y expansiva en 2015, dice la fuente. “Contaron con el respaldo del presidente -entonces- Barack Obama, el presidente –saliente- de la Cámara de Representantes, Paul D. Ryan, y una sección representativa de legisladores de ambos partidos”. El proyecto, “parecía destinados al éxito”.

Pero naufragó. Y aun antes de llegar Trump a la Casa Blanca, con su campaña presidencial de “ley y orden”, que aparentemente iba en contra del espíritu de los cambios propuestos, muchos creían que era poco probable que el esfuerzo fuera a ser resucitado en un futuro cercano. Y ahora parece serlo.

La Fraternidad de Policías, la organización policial más grande del país, dijo el viernes pasado que apoyaría el proyecto de ley; y la Asociación Nacional de Sheriffs parece haber retirado algunas objeciones previas luego de que se hicieron excepciones para bloquear a ciertos traficantes de fentanilo, de la elegibilidad para Créditos de tiempo, “incluidos en la parte del proyecto que corresponde a la revisión de la prisión”.

Sin embargo, existen poderosos intereses económicos en oposición, entre quienes se hallan algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y legisladores conservadores; como el senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, que sostienen que “cambios en la sentencia como los propuestos representan un riesgo para la seguridad pública”.

Con todo, los opositores al paquete de reformas al sistema de justicia criminal “perdieron a un poderoso aliado dentro de la administración cuando Trump despidió a su Fiscal General, Jeff Sessions la semana pasada”. El reemplazo temporal de Sessions, Matthew G. Whitaker, ha señalado que está más abierto a los cambios. Aunque su misma permanencia en el puesto atraviese por serias controversias legales■