¿Amenazas a la separación de poderes en EE. UU?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado los procesos legales contra figuras que resultan críticas o que han generado oposición a la administración Trump. Uno de los casos emblemáticos es el de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusada de fraude bancario y de declaraciones falsas relacionadas con la compra de una propiedad en Virginia. En abril de 2025, el Federal Housing Finance Agency (FHFA) inició una causa en su contra. Para entender el contexto, hay que recordar que el 21 de septiembre de 2022 James demandó al presidente Donald Trump y a la Organización Trump por fraude civil, lo que derivó en multas millonarias y en la suspensión de licencias empresariales. También hay otras investigaciones abiertas sobre su oficina en Nueva York.

La misma suerte corrió James Comey, exdirector del FBI, quien impulsó la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Comey se declaró no culpable de los cargos en su contra. Y el congresista demócrata, Adam Schiff, también está bajo investigación por presunto fraude hipotecario relacionado con el uso de una residencia en Maryland. Schiff encabezó el primer juicio político (impeachment) contra Trump en 2019. No ha sido acusado formalmente y la investigación se encuentra estancada.

¿Qué implican estas acusaciones cruzadas entre fiscales, jueces y figuras políticas sobre la percepción sobre la independencia del sistema judicial de la nación con el ejecutivo federal para la independencia judicial del país? “Es algo muy grave, porque el Departamento de Justicia sirve al pueblo estadounidense y a la Constitución, no al Presidente, al Congreso ni a ningún partido político”, señaló Kira Romero-Craft, abogada del Centro Brennan para la Justicia. Para la experta, la manera en que se están tramitando estas acusaciones resulta preocupante.

“El Presidente y la administración están utilizando la fiscalía para abrir casos contra estas personas. Es algo que no hemos visto en la historia reciente y no se debe utilizar de esa forma porque es ilegal”, advirtió.

¿Cómo estas maniobras, de utilizar al DOJ para perseguir a los enemigos políticos del presidente, ponen en riesgo la separación de poderes entre el Ejecutivo y el sistema judicial del país? “Estas funciones, que son clave para las instituciones, deben ejercerse de manera independiente y no ser dirigidas por el poder Ejecutivo. Estas instituciones existen para controlar al poder Ejecutivo y proteger los derechos. Cuando enfrentan presión política, se socava la democracia. El DOJ no le sirve al Presidente, sino al pueblo estadunidense”, respondió Romero-Craft.

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