Alguaciles obligados a trabajar con ICE dicen sería contraproducente

En Carolina del Norte, a excepción de Trump, desde el gobernador y vicegobernador, la Secretaría de Estado, la fiscalía general, la Suprema Corte estatal, la Asamblea, cuya mayoría retienen todavía los republicanos pero sólo hasta el 20 de noviembre, todas estas oficinas y otras fueron ganadas por los demócratas en las recientes elecciones 2024.

Respecto a la Asamblea, mientras los republicanos mantengan la super mayoría están impulsando una propuesta -todavía en discusión-, que busca limitar severamente los poderes de todas estas oficinas ganadas por los demócratas, si se salen con la suya.

Entre tanto, este miércoles los republicanos del Senado estatal se sobrepusieron a la anulación del veto del gobernador, Roy Cooper, a otro proyecto de ley, la HB10 de la Cámara estatal de Representantes, cuyas consecuencias conducirán a un aumento masivo en la financiación de los vales de escuelas privadas.

Pero quizás más importante aún es que dicha ley incluye un requisito para que los alguaciles ayuden a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, a detener personas arrestadas que parecen por su aspecto físico ser sospechosas de estar en el país ilegalmente, las cuales ICE podría entonces tomar bajo su custodia para luego deportar, reporta hoy The New&Observer.

La referida ley “se aplica sólo a aquellos acusados de delitos graves, lo que puede amortiguar las preocupaciones de que bajo la 287g un inmigrante pudiera resultar detenido por una infracción de tránsito que conduciría a la deportación”, algo acorde con las intenciones declaradas por el presidente electo.

La fuente afirma que los defensores de los inmigrantes dicen que “los legisladores republicanos del estado se han sumado a los temores que han crecido desde la elección de Trump”. La directora ejecutiva del grupo de defensa latino de Carolina del Norte, El Pueblo, Iliana Santillán señaló al Observer que el voto de la Cámara de Representantes para anular el veto del gobernador de la HB10, “no tiene que ver con la seguridad pública o la educación… Si lo fuera, estos legisladores estarían fortaleciendo nuestras escuelas públicas, apoyando a nuestros maestros y construyendo puentes con nuestras comunidades de inmigrantes, no rompiéndolas”.

Y es que los sheriffs de varios de los condados urbanos más poblados de Carolina del Norte se han resistido a utilizar la aplicación de la ley local para hacer el trabajo de ICE. Afirman que “es inconstitucional retener a personas que de otro modo son elegibles para la liberación”.

También les preocupa que convertir sus departamentos en un brazo de ICE “aliene a las comunidades inmigrantes y las desaliente para denunciar delitos que atestiguan y para asistir en el enjuiciamiento de los delincuentes”.

Por ejemplo, Willie Rowe, el alguacil del condado de Wake, dice la fuente, se opuso al requisito aduciendo seguir preocupado de que “este proyecto de ley, y cualquier malentendido del mismo, pueda hacer que nuestra comunidad inmigrante dude en pedir asistencia policial, aumentando así la probabilidad de que puedan ser sometidos a victimización”.

Y el representante estatal, Destin Hall, republicano del condado de Caldwell y recién elegido presidente de la Cámara de representantes, que ha respaldado el requisito de cooperación con ICE, seãló que “se trata de proteger al público de las personas que han cometido delitos graves, pero la deportación también puede tratar de castigar a los inocentes. Los niños pierden padres, los ancianos pierden proveedores y los empleadores pierden trabajadores”.