Acusan congresista McIver de “asalto y obstrucción”

Tras el escándalo por el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, el 9 de mayo, las cosas siguen calientes en Nueva Jersey. Baraka fue detenido por presuntamente entrar sin permiso a un centro de detención de ICE durante una protesta. Sin embargo, hace unos días, la fiscalía federal anunció que los cargos de allanamiento contra él fueron retirados.

El gobernador Phil Murphy no se quedó callado: calificó el arresto como “injusto” y pidió la liberación inmediata del alcalde. Todo esto mientras los videos del momento se hacían virales en redes y medios.

Pero lo más polémico está por venir. Ese mismo día, en el mismo lugar, la congresista demócrata LaMonica McIver también estuvo presente. Acudió —según ella— como parte de una inspección oficial del centro, que ha sido criticado por supuestamente operar sin permisos adecuados y con condiciones cuestionables.

Ahora, McIver enfrenta cargos federales por alegado “asalto y obstrucción de la justicia”. El Departamento de Justicia afirma que tuvo un altercado físico con agentes del ICE. ¿El detalle? Los videos del incidente no muestran ninguna agresión clara, según han dicho analistas y medios.

Hay quienes se preguntan si pudiera ser una ¿Persecución política? Organizaciones como la ACLU (Unión Estadunidense por las Libertades Civiles) han salido en defensa de McIver y han exigido que se retiren los cargos. En un comunicado fuerte, ACLU acusó a la administración Trump de “usar tácticas autoritarias para intimidar a quienes supervisan sus acciones”, y pidió a otros legisladores que “también levanten la voz”.

El mensaje es claro y peligroso, dice la ACLU: “sigue la línea o enfréntate a las consecuencias… Si pueden ir tras funcionarios electos por hacer su trabajo, pueden ir tras cualquiera de nosotros”.

McIver, por su parte, ha negado todos los cargos y sostiene que actuó como parte de su labor legislativa. Su defensa legal está ahora en manos del exfiscal federal, Paul Fishman, y se está amparando en la cláusula constitucional de “Discurso o Debate”, que protege a los legisladores por sus actos oficiales.

Lo qué sigue hasta ahora, cuando todavía no hay fecha para una audiencia preliminar, es que el caso sigue generando ruido tanto en el Congreso como en la opinión pública. Mientras algunos lo ven como una señal de advertencia peligrosa, otros dentro del gobierno han defendido la legalidad de las acciones tomadas.

Pero este caso es especialmente relevante, porque es uno de los pocos en que un miembro del Congreso enfrenta cargos criminales sin estar ligado a corrupción o enriquecimiento ilícito.

Caucus Congresional Latino Apoya a la Congresista LaMonica McIver