Activistas transforman la dureza con el crimen, de ventaja a obligación

El Congreso y el presidente Donald Trump están impulsando la legislación de la “reforma de la justicia penal”, con la Ley de los Primeros Pasos. Foto: Allanswart / Getty Images.

De la redacción

Cuando Bob McCulloch, el fiscal del condado de St. Louis, Missouri se convirtió en el foco de atención nacional, tras el asesinato del joven afroestadunidense Michael Brown, a manos del policía de Ferguson, Darren Wilson en agosto de 2014, su victoria para un séptimo término le permitió anunciar que Wilson no enfrentaría cargos, dice la revista especializada en el tema, The Appeal.

Antes, en 2002 Donnie Harrison, conocido por sus prácticas policiales abusivas y por atacar a los inmigrante había sido elegido como primer Sheriff del condado de Wake, en Carolina del Norte. Y Rich Stanek, quien como Sheriff del condado de Hennepin ha estado en el cargo desde 2007 en Minnesota, estuvo ayudando al servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Suerte similar siguieron otros funcionarios policiales en Massachusetts y en otros estados.

Un año de organización sin precedentes

El 16 de abril, POWER realizó un ‘sentón’ de dos horas en el Rittenhouse Starbucks, donde días antes dos hombres negros fueron esposados y detenidos por la policía de Filadelfia, por sentarse y esperar pacientemente a un amigo. Foto: Cortesía de POWER Interfaith Movement.

Fiscales de distrito y alguaciles rara vez enfrentan una dura competencia, pero algo estaba flotando en el aire en 2018. Y una serie de victorias electorales señalaron un cambio a nivel nacional.

La serie de triunfos electorales de candidatos que apuntan a una reforma del sistema de justicia criminal contribuyeron a que los arriba mencionados perdieran sus respectivas reelecciones, después de “protestas sustanciales y de organización comunitaria en contra de sus políticas hostiles” contra las comunidades de color.

“Los organizadores vieron un éxito sin precedente al conectar la injusticia experimentada por los residentes, con el poder ejercido por los funcionarios locales. Y algunos de estos funcionarios reconocieron la vasta autoridad que poseen y tomaron medidas para enfrentar el encarcelamiento masivo, brindando ejemplos de cómo sortear en el futuro las terceras vías habituales de estos debates”, dice la fuente.

Múltiples organizadores atribuyeron estas victorias a un compromiso más amplio en sus comunidades y a audiencias más receptivas a sus argumentos, así como a la coordinación renovada entre los grupos que buscan transformar la política local.

“Este ha sido un año de organización sin precedentes, con diferentes tipos de personas que no son los sospechosos habituales que se oponen a la separación familiar a nivel local”, dijo a The Appeal Andrew Willis Garces, coordinador-organizador del American Friends Service Committee y Siembra, que se opone a la cooperación con ICE en el condado de Alamance, en Carolina del Norte.

De manera similar, la Reverenda Dra. Cassandra Gould, directora ejecutiva de Missouri Faith Voices, declaró a  la fuente que “El año pasado, decidimos que la carrera de fiscales de St. Louis  sería lo más importante en lo que trabajaríamos este año (2018)… para devolver la esperanza a la comunidad y cambiar el curso de la historia”.

Gould afirmó que “la participación de las personas directamente involucradas en el sistema de justicia penal resultó decisiva para transformar la narrativa”, sobre este tema en St. Louis. Las personas que se ven afectadas, agregó la reverenda, “saben que no son sólo sus historias, sino que rara vez pueden contar su historia; y rara vez a las personas les importa lo suficiente como para escuchar su historia… Pudimos conectar entonces la historia de su dolor con la oportunidad de hacer que algo diferente sucediera”.

12 organizaciones de defensa de inmigrantes exhortan a donar si no puede salir a la calle a apoyar las protestas contra la política de separación familiar de Trump. Foto: Bustle.

Por otro lado, las campañas dirigidas por personas anteriormente encarceladas, como la Coalición por la Restauración de los Derechos de La Florida, que como reportamos oportunamente en este espacio contribuyeron al triunfo en las urnas de la Enmienda 4, que restaura a los ex convictos su derecho a votar, “y la Voz de los experimentados de Louisiana, también hicieron incursiones importantes en otras partes del país”, dice The Appeal.

Grupos con mensajes y tácticas diferentes se beneficiaron de los esfuerzos de coordinación con la comunidad, realizados más estrechamente que en el pasado según Gould, respecto a los cambios en St. Louis.

Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva Voces de la Frontera, grupo de derechos de los inmigrantes con sede en Milwaukee, declaró por su parte a la fuente que “Creamos una plataforma conjunta con las reformas que queríamos ver en la oficina del alguacil de Milwaukee… Eso reunió a un grupo más amplio de personas y realmente unió al movimiento Black Lives Matter con el movimiento por los derechos de los inmigrantes. Fue una coalición sólida que se formó para tener esta visión más amplia del cambio que queríamos… Había una sinergia natural. Fue un momento galvanizador”.

Ir a donde las reformas son más necesarias

Vista general de una manifestación en protesta por el encarcelamiento de Meek Mill en el exterior del Centro de Justicia Criminal de Filadelfia durante la audiencia sobre el estado del rapero el 16 de abril de 2018 en Filadelfia, Pensilvania. Foto: Brian Stukes / Getty Images.

Con todo, el país se ha alejado en gran medida de la era en la que los políticos compiten sobre la base de quiénes son más “duros con el crimen”. La fuente agrega que “Muchos funcionarios públicos ahora exigen reducir las tasas estratosféricas de encarcelamiento”. Pero este objetivo -acota-, seguirá siendo difícil de lograr “mientras las propuestas de reforma se concentren en cómo lidiar con delitos de bajo perfil, como la posesión de drogas”.

Según un informe de la Iniciativa de Políticas de Prisiones / Prison Policy Initiative, “la mayoría de las personas encarceladas en prisiones estatales han sido condenadas por delitos clasificados como violentos, una realidad que exige cambios que aún se perciben como políticamente riesgosos”.

Pero en 2018, algunos funcionarios señalaron que “podría ser posible impulsar aún más la transformación del sistema de justicia penal”, concluye The Appeal■