Orden ejecutiva para derogar ciudadanía por nacimiento, a tribunales

El presidente Donald Trump pasó su primer día en el cargo firmando órdenes ejecutivas para cumplir las promesas a su base electoral. Entre las primeras órdenes que firmó, además de enviar tropas a la frontera, decretar un estado de excepción en toda la zona fronteriza del sur del país y volver a imponer deportaciones al vapor negando el asilo a todos los migrantes en busca de refugio, destaca la orden de derogar el derecho constiucional a la ciudadanía por nacimento en Estados Unidos.

En tanto, hoy organizaciones de defensa legal de los inmigrantes, como la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, Vera Intitute, NILC, UnidosUS, Make the Road NY, y otros, respondieron legalmente a dicha orden ejecutiva.

Porque poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, a hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos no es cosa nada más de firmar un documento ejecutivo. Este derecho está consagrado en la Enmienda 14a de la Constitución.

Lo que quiere decir que “El presidente no puede cambiar la Constitución por su cuenta, por lo que aún no está claro cómo planea Trump retener los beneficios de ciudadanía a un grupo de personas nacidas en Estados Unidos. Cualquier movimiento es casi seguro que será impugnado en la corte”, dice un comunicado de las referidas organizaciones.

Y así fue. El caso fue presentado ante tribunales por ACLU de New Hampshire, de Maine, y Massachusetts; por el Asian Law Caucus, State Democracy Defenders Fund y Legal Defense Fund y The New Hampshire Indonesian Community Support; por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, y por Make the Road New York, “a nombre de organizaciones con miembros a cuyos bebés nacidos en suelo estadunidense se les negará la ciudadanía bajo la orden”.

La demanda acusa a la administración Trump de “burlar los dictados de la Constitución, la intención del Congreso y el precedente de la Corte Suprema desde hace mucho tiempo”. Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos “no sólo es inconstitucional, sino también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadunidenses. La ciudadanía por derecho de nacimiento es parte de lo que hace que Estados Unidos sea la nación fuerte y dinámica que es”.

La agrupaciones firmantes sostiernen que esta orden de Trump “busca repetir uno de los errores más graves de la historia estadunidense, creando una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos”, a las que se les niegan todos los derechos como estadunidenses. “No dejaremos que se desate este ataque a los recién nacidos y a las futuras generaciones de estadunidenses”.

El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño declaró que “… Este esfuerzo por demonizar a los inmigrantes morenos y negros se dirige a todos los inmigrantes de este país, independientemente de sus antecedentes. Si no se detiene, socavará la esencia misma de lo que significa ser estadunidense y destrozará a las familias”.

Por su parte la directora legal del Fondo Estatal de Defensores de la Democracia, Tianna Mays señaló que “La ciudadanía por derecho de nacimiento es un principio claro de la ley estadunidense. Cualquier desafío a esto es un ataque al estado de derecho y a las protecciones de la 14a Enmienda. Nos opondremos firmemente a cualquier esfuerzo para socavar estos derechos fundamentales”.

Y Karla McKanders, directora del Instituto Thurgood Marshall de LDF afirmó que “Desde la Ley de Naturalización de 1790 hasta la infame decisión de Dred Scott, la ciudadanía estadunidense ha sido moldeada durante siglos para mantener la jerarquía racial. Al eludir el proceso de enmienda constitucional, esta orden ejecutiva intenta reescribir unilateralmente la 14a Enmienda”, una medida esencial de la era de la Reconstrucción, “que otorgó la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, incluidas las personas anteriormente esclavizadas. Esta acción busca resucitar una noción racializada de quién es estadunidense…”.

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