A 23 años del 9/11, promesas sin cumplir para miles de afectados

Veintitrés años después del 11 de septiembre de 2001 se recuerda a las casi 3,000 víctimas mortales de los ataques terroristas del World Trade Center (WTC), igual que 343 miembros del Departamento de Bomberos y de la Policía de la Ciudad de Nueva York que murieron en las fechas, pero desde entonces han muerto otros 370 oficiales víctimas de la contaminación desprendida los escombros de las derribadas Torres Gemelas.

En noviembre de 2002 se firmó la Ley de Seguridad Nacional introducida luego de los ataques del 11 de septiembre, patrocinada por 118 miembros del Congreso y firmada por el presidente George W. Bush y se creó el nuevo cargo de gabinete del Secretario de Seguridad Nacional.

Pero fue hasta 2010 que se creó la Ley de Salud y Compensación del 11 de septiembre, nombrada James Zadroga, en honor a uno de los agentes caídos el 9/11.

En julio de 2018, la oficina del Programa de Salud del WTC publicó el primer inventario de los peligros químicos, físicos, biológicos y de otro tipo que se desprendieron de dichos escombros o la literatura científica revisada por expertos sobre los más de 350 peligros que pudieron estar presentes en las áreas de desastre y sitios cercanos.

La contaminación del aire siguió expandiéndose y enfermando a la gente y, a la fecha, hay 69 tipos de cáncer derivados de esa contaminación, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los tratamientos existentes son, sin embargo, muy costosos, por lo que todavía no todos pueden obtenerlos.

Posteriormente al 9/11 se corrió la voz en los vecindarios inmigrantes de la ciudad de Nueva York sobre la urgente necesidad de trabajadores que ayudaran en las labores de limpieza de los escombros. El trabajo pagaría en efectivo alrededor de 10 dólares la hora, sin preguntas sobre el estado migratorio. Algunos recibieron un pago de 60 dólares al día.

Pero si bien la policía, los bomberos y los trabajadores sindicalizados usaban equipo de protección, los trabajadores indocumentados habían sido contratados por pequeños contratistas no sindicalizados y sólo recibieron mascarillas de papel.

Muchos inmigrantes enfermaron y murieron en el anonimato por ser indocumentados, o volvieron a México a morir, pues su condición migratoria los excluyó de los tratamientos y la compensación económica del referido fondo con dinero federal.

Noticiero Latino de Radio Bilingüe abordó el tema otra vez en 2013 con Alex Sánchez (Inmigrantes del 9/11 continúan luchando por tratamientos médicos). El activista, nacido en Nueva York de padres dominicanos, trabajaba entonces para ABM, una compañía de limpieza y mantenimiento de edificios que envió una brigada de trabajadores para colaborar con las labores de limpieza en la Zona Cero. Fue ahí donde conoció a cientos de indocumentados que, junto a él, trabajaron más de 12 horas al día.

“Nosotros, como estadunidenses, ayudamos a limpiar la Zona Cero y a levantar la economía de esta ciudad como un compromiso con nuestra gran nación durante los ocho meses que duraron las tareas para despejar el Bajo Manhattan”, dijo Sánchez.

Christine Todd Whitman, quien había sido gobernadora de Nueva Jersey y luego jefa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el gobierno de George W. Bush en el momento de los ataques del 11 de septiembre, dijo en su oportunidad que el aire alrededor de la Zona Cero en Nueva York era seguro para respirar, pero admitió por primera vez en 2016 que estaba equivocada.

La presión fue intensa desde la Casa Blanca hasta la Alcaldía de Nueva York para limpiar lo más rápido posible lo que quedaba del World Trade Center y hacer que los edificios vitales cercanos, como la Bolsa de Valores de Nueva York, volvieran a la normalidad.

En 2010 se creó la Ley James Zadroga, que fue reautorizada en 2015 para entregar compensación y beneficios de salud a las víctimas del 11 de septiembre y a los trabajadores que respondieron a los ataques, incluidos algunos inmigrantes indocumentados que se habían quedado esperando sin éxito la ayuda. Casi el 70 por ciento de los trabajadores que ayudaron en la limpieza mostraron síntomas respiratorios, según investigadores del Centro Médico Mount Sinai.

En julio de 2017, el excongresista Joseph Crowley, sustituido luego por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, anunció un proyecto de ley que pondría a los socorristas del 11 de septiembre y a los trabajadores de limpieza en una vía rápida para la legalización. Su oficina estimó entonces que la medida protegería a entre 1,000 y 2,000 inmigrantes indocumentados, la mayoría con enfermedades que se cree, estaban relacionadas con su trabajo en la Zona Cero.

La congresista Nydia M. Velázquez copatrocinó en 2017 el proyecto de “Ley de Libertad de Trabajadores Inmigrantes del 11 de Septiembre” de Crowley, además de los representantes Adriano Espaillat y Jerrold Nadler, ambos de Manhattan. Pero al final naufragó el proyecto de ley. Los 2,000 inmigrantes indocumentados que ayudaron a limpiar después del 11 de septiembre de 2001 siguieron enfrentando la deportación.

Hace tres años, en el vigésimo aniversario de los ataques del 9/11, algunos congresistas expresaron su deseo de volver a convocar a los legisladores latinos para renovar ese esfuerzo y traerlo de nuevo a la luz, dijo Sánchez en la ocasión, quien desde 2005 abogó por la ley Zadroga y la necesidad de otorgar sus beneficios a los trabajadores indocumentados.

“Es hora de que los héroes olvidados del 11 de septiembre sean reconocidos plenamente”, señaló.

Este año, el aniversario de los ataques de 2001 llega sólo unas horas después del debate presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald J. Trump. Pero los inmigrantes siguen en el limbo esperando que se cumplan las promesas de los políticos.