20 Fiscales Generales con California y Nueva York a la cabeza se pronuncian contra ‘Texas v. U.S.’

Protesta callejera contra política de Trump para acabar con DACA. Foto: www.cnn.com

En escrito (amicus curiare) para evitar el fin del programa de Accion Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha sido dirigido a una corte federal por los Fiscales Generales de Nueva York y California, al frente de las Fiscalías estatales de Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

“Los tribunales federales de costa a costa han dejado claro que, rescindir DACA es ilegal y podría causar un daño irreparable a Nueva York, California y a otros estados de todo el país”, dice un comunicado de la Fiscal General de Nueva York, Bárbara Underwood.

Los Dreamers o Soñadores, beneficiarios muchos de ellos de DACA (‘dacamentados’), “han seguido las reglas del juego, trabajan duro y pagan impuestos”. Además, como es bien sabido, Estados Unidos es el único país en que han vivido, o al menos “el único hogar que han conocido”, dice el documento.

DACA les ha proporcionado la oportunidad de salir de las sombras y vivir una vida plena, “haciendo que nuestras comunidades y nuestros estados sean un mejor lugar para todos nosotros… Ya hemos conseguido una importante victoria en la corte con nuestra demanda a principios de este año, y nuestra coalición de Fiscales Generales no va a dejar de luchar en nombre de aquellos a quienes servimos”.

En Nueva York hay cerca de 42 mil dacamentados de los cerca de 800 mil beneficiaros de DACA en todo el país, dice el Centro para el Progreso Americano.

Por su parte, el Instituto de Impuestos y Política Económica, dice que “el 97 por ciento de los beneficiarios de DACA van a la escuela o están empleados, y pagan 140 millones anuales de dólares en impuestos estatales y locales en Nueva York, donde 42 mil dacamentados.

El escrito presentado por la coalición de fiscales sostiene que el demandante, Texas, no puede proyectar más allá de ese estado una medida cautelar requerida, que no debe concederse porque entraría en conflicto con las dos medidas cautelares ya existentes, dictada por dos tribunales: el del Distrito Norte de California, y el del Distrito Este de Nueva York.

Los demandantes de Texas no pueden sobrepasar los méritos o el daño irreparable si DACA llega a su fin; pues el saldo de dichas acciones y el interés público pesan contra la concesión solicitada por la orden preliminar de dichos demandantes (Texas y 6 otros estados).

Como detalla la Fiscal General en su escrito y en demandas anteriores, rescindir DACA no sólo devastaría la vida de los beneficiarios, que confían en el programa, dice el amicus curiae. “También perjudicaría a los empleadores e instituciones educativas que dependen de las contribuciones de los beneficiarios de DACA, incluidos los empleadores estatales y las instituciones del Estado”, como dos cortes de distrito ya han concluido.

La fiscalía de Nueva York señaló que el estado sufriría daños “escalonados” e “irreversibles”, económicos y sociales. La pérdida de la autorización de trabajo de los dacamentados también “privaría a los Estados de empleados altamente calificados”, incluyendo a los de las universidades estatales, enfermeras, especialistas en tecnología de la información, y agentes de seguridad pública”.

Según el Centro para el Progreso Americano y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, sin DACA el producto interno bruto sería de 460 mil 300 millones de dólares menos durante la próxima década, mientras que la recaudación de impuestos para el Seguro Social y el Medicaid bajarían 24 mil 600 millones.

Por el contrario, los daños alegados por los Estados demandantes “son ilusorios o resultado de factores distintos de los que atribuyen a DACA, tales como la mera presencia de inmigrantes indocumentados o las consecuencias accesorias de la acción diferida en virtud de reglamentos y políticas federales”.

De hecho, el gobierno federal comenzó DACA en 2012 y “sin embargo el demandante esperó hasta 2018 para presentar este caso”, o sea un retraso de casi seis años, lo que “atentan contra cualquier reclamación de daños inmediatos e irreparables que justifiquen una medida cautelar”, dice la fiscalía.

La orden judicial a nivel nacional que los demandantes buscan es inadecuada por otras razones. Por ejemplo, esa orden judicial entra directamente en conflicto con dos órdenes preliminares de dos tribunales de distrito independiente, que han emitido fallos a favor de un amigo de la corte (amicus curiae), inmediatamente después de rechazar las afirmaciones del Departamento de Seguridad Interior, de que DACA es ilegal”, concluye el comunicado.