17 Fiscales estatales luchan para preservar DACA y proteger a los Soñadores

De la redacción

El programa federal que difiere temporalmente de la deportacion a los jóvenes inmigrantes sin estatus legal, conocido como DACA, cumplió el jueves siete años de haber entrado en vigor, y ha estado llamando a los beneficiados a renovar este beneficio antes de que la Suprema Corte se pronuncie en la querella contra la administración de Trump por haber puesto fin al programa.

En la demanda, sometida originalmente en septiembre de 2017 y que será escuchada por el Tribunal Supremo este otoño, la fiscal James reitera que “Nuestro gobierno prometió a estos jóvenes que podrían vivir sin el temor a la deportación repentina y arbitraria; sin embargo, la administración Trump ha pasado los últimos dos años amenazando, intimidando y poniendo sus vidas y su futuro en gran riesgo. No permitiremos que el gobierno federal continúe esta cruel cruzada contra estos invaluables miembros de nuestra sociedad”.

Vale recordar que en septiembre de 2017 la Oficina de la Fiscalía General del Estado de Nueva York presentó una demanda en el Tribunal federal para el Distrito Este de Estados Unidos, rechazando la decisión de la administración Trump de poner fin a DACA. Y en febrero de 2018, el máximo tribunal emitió una orden judicial preliminar, a nivel nacional, que detuvo la terminación de DACA.

Así pues, la Suprema Corte escuchará el caso en el otoño, “junto con los desafíos paralelos a la terminación del programa de alivio migratorio de los ‘soñadores’, por la demanda presentada en los tribunales federales de California y del Distrito de Columbia”, dice la fiscalía de Nueva York en su página web.

Como se recordará, desde el 2012 DACA ha permitido que vivan, estudien y trabajen en Estados Unidos aproximadamente 800 mil jóvenes que vinieron a este país cuando niños y que ahora cuentan con estatus legal migratorio temporal, sin temor a ser arrestados o deportados

La coalición, liderada por el Estado de Nueva York, alberga a más de 150 mil beneficiarios de DACA, de los cuales al menos 42 mil residen en Nueva York. Según el Centro para el Progreso Americano, “el 97 por ciento de los beneficiarios de DACA están empleados o van a la escuela; y pagan 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Nueva York”, como lo ha detallado también el Instituto de Impuestos y Política Económica.

La Fiscal James presentó el referido escrito de réplica y la demanda junto a los Fiscales Generales del Norte de Carolina, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia■