Deportaciones, cárceles y burlas: alianza Trump-Bukele

La administración Trump continúa resistiéndose al regreso del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, pese a que reconoció ante un tribunal que su deportación fue un “error administrativo”. Sin embargo, luego alegó que ya no podían hacer nada para traerlo de vuelta, desoyendo órdenes del juez James Boasberg en Washington D.C. y la jueza Paula Xinis en Maryland.

Simultáneamente, el gobierno estadunidense ha intensificado el uso de la prisión salvadoreña CECOT, tristemente célebre por su historial de abusos a los derechos humanos. El plan es trasladar a inmigrantes deportados a este penal, con una aparente ventaja económica para Estados Unidos, ya que el costo por detenido sería menor que en prisiones estadunidenses. A cambio, El Salvador recibe pagos por su cooperación.

Este lunes, Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, su aliado clave para ejecutar deportaciones sin el debido proceso. Casos como el de Ábrego García ilustran este esquema: deportaciones rápidas, sin revisión judicial efectiva, y con destino a prisiones como CECOT.

La visita de Bukele fue vista por algunos medios y defensores de derechos humanos como un espaldarazo a la política migratoria de Trump. Human Rights Watch denunció que más de 200 ciudadanos venezolanos han sido detenidos arbitrariamente o desaparecidos forzosamente en El Salvador, en coordinación con autoridades estadunidenses.

Bukele ha mostrado incluso desprecio por los procesos judiciales. Cuando el juez Boasberg pidió a El Salvador devolver a los inmigrantes deportados ilegalmente, Bukele respondió con sarcasmo en un video diciendo “¡Ups!”, mientras se cubría la boca con la mano, sugiriendo que ya era demasiado tarde. Luego se rió en cámara, mostrando una actitud burlona ante una orden judicial estadunidense.

The New York Times reportó que el traslado de migrantes a CECOT es uno de los temas más delicados en las conversaciones entre ambos gobiernos, reflejo de un intento por eludir las normas migratorias y el control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo estadunidense.

Ayer mismo, el Departamento de Justicia intentó frenar una orden federal que exigía la repatriación de Ábrego García. Argumentaron que los tribunales carecen de autoridad para dictar medidas a la Casa Blanca en asuntos de política exterior, afirmando que sólo el presidente puede intervenir.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue el caso de Ábrego García, deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. A pesar de una orden de la Corte Suprema que exige su regreso, Bukele se negó a colaborar, calificando la solicitud de “absurda” y alegando que “no puede contrabandear terroristas” de vuelta a Estados Unidos, según Reuters.

Trump y Bukele también discutieron la cooperación migratoria. El mandatario estadunidense elogió a Bukele por aceptar la deportación de cientos de presuntos pandilleros, incluidos miembros de MS-13 y el Tren de Aragua, recluidos ahora en prisiones de alta seguridad en El Salvador.

Además, se concretó un acuerdo económico: Estados Unidos pagará unos seis millones de dólares para que El Salvador mantenga encarcelados durante un año a inmigrantes venezolanos. Esta iniciativa ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian detenciones ilegales, sin garantías y con indicios de desapariciones forzadas, según Infobae.

La reunión ha sido interpretada como parte de un esfuerzo de Trump por consolidar alianzas con gobiernos afines en América Latina, para reforzar su estrategia migratoria restrictiva. Bukele, por su parte, busca proyectar a El Salvador como un socio clave, aunque el país parezca convertirse en una cárcel dispuesta a recibir a todo el que Estados Unidos quiera expulsar.

La cooperación entre ambos países se intensifica, pero lo hace envuelta en críticas por su legalidad, legitimidad y respeto a los derechos humanos.