Resistir o cooperar debaten gobiernos ante amenazas de Trump
Inmigrantes latinos y aliadlos, convocados por la organización comunitaria, CASA, protestan frente a La Casa Blanca para que se detengan las deportaciones. Foto: Cortesía.
Los estados de este país se debaten entre las deportaciones amenazadas por el presidente entrante Donald Trump y enfrentan una disyuntiva en sus estrategias entre ayudar a la maquinaria de deportación, aceitada y feroz, o resistir a ésta.
En San Diego,California, que vio una fuerte caída en la entrada de migrantes luego que el Presidente de EEUU Joe Biden dificultara la solicitud de asilo, el Sheriff Kelly Martínez dijo en un comunicado que si bien proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados es crucial, es igualmente importante garantizar que las víctimas de delitos no sean descuidadas en el proceso. Y en Los Ángeles y San Francisco prevalece una política de “Santuario”. Pero en El Paso, Texas, la maquinaria de deportación recibe el total apoyo del gobernador Greg Abbot con su infame Operación Estrella Solitaria.
El Instituto por la Justicia Vera advierte que “Este es el momento de actuar. Millones de personas y sus familias podrían verse perjudicadas por los planes de la administración Trump para las deportaciones masivas y el uso ampliado de la policía agresiva”. Pero advierte también que “en Vera, tenemos un plan: uno para proteger los derechos de todas las personas mientras luchamos contra las políticas racistas, xenófobas e injustas”.
Entre tanto, Tom Homan, el llamado Zar Fronterizo, luego de que el año pasado comparara la detención familiar con un “campamento de verano”, anunció el retorno a la detención familiar, o retener a padres migrantes con sus hijos al cruzar sin autrización la frontera en los centros de detención de inmigrantes que el presidente Biden terminó en 2021. Agregó que no habrá nada nuevo bajo el sol, pues se echará mano de las tiendas de campaña para esas familias migrantes.
Por su parte, Matthew Albence, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, invitó recientemente a la prensa a echar un vistazo a un de esos centros de detención familiar, que algunos miembros del Congreso han comparado con cárceles de la Patrulla Fronteriza, de poca duración, aunque hay migrantes que han permanecido meses, y han sido criticados por abogados de inmigración y legisladores demócratas por sus condiciones “horrendas”.
Y es que en las ciudades donde las autoridades locales subordinadas a las políticas de Trump y sus asesores, Homan y Stephen Miller, es más fácil y seguro para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestar a personas en dichas cárceles que en las calles. Los agentes pueden capturarlos y eventualmente deportarlos deteniéndolos en esas prisiones, en vez de en sus hogares, lugares de trabajo o en la calle, dice expertos.
Con todo, Homan ha declarado a la televisión que la nueva política de San Diego es “diez veces peor” que la ley de santuario del estado de California, pues bajo sus políticas, los agentes federales estarían obligados a obtener una orden judicial antes de que los funcionarios de la cárcel pudieran transferir a alguien a la custodia de ICE, o detener a alguien más allá de la fecha de liberación de un recluso para facilitar los arrestos por parte de los agentes de ICE.
En la ciudad de Nueva York, donde se calcula la existencia a de casi medio millón de inmigrantes indocumentados y que junto con el estado es una ciudad santuario, el alcalde demócrata Eric Adams ha contemplado trabajar estrechamente con ICE para facilitar la detención de migrantes en las cárceles de la ciudad. Y en Virginia, el gobernador republicano Glenn Youngkin ha propuesto un presupuesto que despojaría del financiamiento oficial a algunas de las agencias locales que se nieguen a responder a las solicitudes de ICE, para citar sólo algunos ejemplos de lo que se ve venir.