¿Nueva ley de Florida combate realmente el terrorismo?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó una ley que le otorga a él y a otros funcionarios la facultad de clasificar a ciertos grupos como “organizaciones terroristas”. Defensores de los derechos civiles y de la comunidad musulmana califican la medida como un ataque a las libertades civiles y como parte de una estrategia electoral del gobernador, quien aspira a postularse a la presidencia en 2028. Con las voces críticas, Diana Montaño nos reporta desde Miami.

 Esta es una transcripción/Traducción del audio

Sonriente y rodeado de legisladores republicanos, el gobernador Ron DeSantis aseguró: 

“The legislation we will sign today is the…”

(La legislación que firmaré es la legislación más severa jamás aprobada para proteger a los ciudadanos…).

Además, DeSantis dice que ampliará las facultades del estado para combatir el terrorismo, incluyendo el doméstico.

Le permitirá a su jefe de seguridad declarar que un grupo es una “organización terrorista doméstica” o una “organización terrorista extranjera”.

Dicha ley surgió el año pasado como una orden ejecutiva. Aunque una corte la rechazó, fue habilitada por el congreso estatal de mayoría republicana. El gobernador busca acallar voces que apoyan la causa Palestina o que critican las agresiones de Israel. Wilfredo Amr Ruiz, es vocero del Consejo de relaciones islámico americanas  en la Florida.

“Su lealtad primaria es con el estado de Israel y por lo tanto quiere eliminar la crítica al estado de Israel y a la guerra de Israel con Gaza y Líbano y en este caso con Irán”

La polémica se resume en dos argumentos, el primero es que la designación de organizaciones terroristas corresponde al  gobierno federal, por lo que cuestionan su constitucionalidad, y el segundo es que viola la primera enmienda, dice Ángel Leal, abogado constitucionalista.

“Hasta qué punto estas leyes están y se han aprobado en base a querer silenciar a aquellas personas con puntos de vista que no precisamente son de acuerdo al punto de vista gubernamental, porque esa es la esencia de la Primera Rnmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión”

Básicamente la ley convierte en delito el ser miembro activo de una organización designada; recibir entrenamiento de ese grupo, o darle apoyo material o recursos. 

 “Quiere silenciar las voces como ya ha intentado; silenciar nuestra organización porque nuestra organización es una organización de derechos civiles”

Uno de los puntos más controvertidos asegura que estudiantes que “promuevan” estas organizaciones pueden ser expulsados inmediatamente y pierden ayudas económicas, destaca el abogado Leal. 

“Esta es una medida que no frena el terrorismo pero calla el punto de vista opositor”

Organizaciones como ACLU (Unión Estadunidense de Libertades Civiles) y otros críticos señalan que la ley da demasiado poder al gobierno para etiquetar grupos como terroristas; puede castigar a personas sin que exista un delito previo, violando la libertad de expresión y asociación. Algunos temen que se use contra organizaciones políticas, grupos religiosos y movimientos sociales.

“Es algo totalmente absurdo y ridículo”

Thomas Kennedy, es un veterano activista y vocero de la Coalición para inmigrantes de la Florida.

“Es parte de un proyecto racista antinmigrante e ideológico, político conservador derechista en el contexto trumpista”

Y es que con la ayuda de la Legislatura estatal controlada por los republicanos, el gobernador DeSantis ha promovido severas leyes antinmigrantes, medidas contra trabajadores del campo y ahora esta ley para silenciar las voces críticas. Este activismo tiene otro propósito más concreto, lograr la nominación republicana para la presidencia el 2028, concluye el activista Thomas Kennedy.

“Decir a los electores republicanos de la base que son extremadamente racistas, extremadamente antinmigrantes y decir: Nosotros abrimos Alcatraz de los Caimanes, designamos a este grupo de inmigrantes como terroristas, los deportamos a todos y bla bla bla…”

La ley antiterrorista de la Florida entrará en vigor el 1 de julio. Sin embargo, los grupos civiles están buscando estrategias legales para frenarla nuevamente en las cortes. 

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde Miami, Diana Montaño.