Las cortes, campo de batalla contra órdenes ejecutivas de Trump

Campesinos de La Florida platican sobre las protecciones ganadas por el Programa de Comida Justa, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) mientras esperan una reforma a la ley de migración. Foto: cortesía de CIW.
A sólo horas de su investidura, Donald Trump declaró una emergencia nacional; envió tropas a la frontera, y ordenó abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Pero sus acciones detonaron un contrataque legal de estados demócratas y organizaciones de derechos civiles, que resultó en la suspensión temporal de por lo menos una de sus más polémicas órdenes ejecutivas. Con los detalles, desde la ciudad de Washington José López Zamorano.
Ocho años después de haber juramentado por primera vez, Donald Trump fue investido el mediodía del 20 de enero como el presidente constitucional número 47 en la historia de Estados Unidos. Fue investido dentro de la Rotonda del Capitolio debido a una onda gélida que azotó a la capital del país. Desde allí delineó su más alta prioridad para los siguientes cuatro años.
“Tenemos un gobierno que ha dado fondos ilimitados a la defensa de fronteras extranjeras pero rehúsa hacerlo para las fronteras de América o para su gente. Eso va a cambiar a partir de hoy y va a cambiar rápidamente”
Solo horas después Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera sur, y activó el envío de tropas a la frontera con México para frenar la entrada física de migrantes, refugiados o solicitantes de asilo; y despojó a los hijos de los inmigrantes indocumentados de la ciudadanía estadunidense, como parte de más de 40 órdenes ejecutivas.
“Esa es una buena, la ciudadanía por nacimiento… Es ridículo, somos el único país que hacemos esto con la ciudadanía por nacimiento”
Sus acciones detonaron la inmediata movilización legal de gobernadores demócratas, organizaciones de derechos humanos, defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas. La congresista Nydia Velázquez respondió a Trump, a nombre de la bancada hispana de la Cámara de Representantes.
“Estamos todos los miembros del Congreso para enviarle un mensaje claro al presidente: estamos unidos y resueltos a exigir que nuestras comunidades se respeten”
Paralelamente la Unión Estadunidense de Libertades Civiles y procuradores de justicia de 22 estados presentaron sendas demandas para impedir la abolición de la ciudadanía por nacimiento, restablecer el ingreso de refugiados y solicitantes de asilo, así como reactivar la aplicación móvil CBP One.
Cecilia Wang es la directora legal nacional de la ACLU.
“A través de la Enmienda 14 quedó claro que independientemente de la nacionalidad o el estatus de tus padres toda persona nacida en suelo estadunidense es un ciudadano de Estados Unidos“
El contrataque funcionó al menos temporalmente. El juez federal de Seattle, John C. Coughenour emitió una orden de restricción que bloquea la decisión de Trump, de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, prevista a entrar en vigor el 20 de febrero. Y declaró la medida de Trump “descaradamente inconstitucional”.
Nick Brown es el fiscal general del estado de Washington.
“La orden emitida hoy implica que durante 14 días el gobierno federal no puede tomar acciones adicionales pero regresaremos a la corte”
Para el veterano organizador comunitario de la organización PoderLatinx, Ben Monterroso, será necesario abrir un frente amplio de grupos y acciones para defender a la comunidad
“Estamos informando a la comunidad de sus derechos, estamos apoyando a la comunidad en darle guía y dirección legal en la mayoría de los estados donde tenemos líderes electos. Así es de que estamos preparados… El daño ya está hecho”
Ciertamente el zar Fronterizo, Tom Homan anunció que empezaron no sólo las primeras detenciones fronterizas sino arrestos en el interior del país, y activistas esperan el inminente inicio de redadas en centros laborales de varias ciudades.
Además se espera la entrada en vigor en breve de la Ley Laken Riley, aprobada en el Congreso con apoyo republicano y demócrata, que facilita la deportación de extranjeros toda vez que obliga a las autoridades migratorias a procesar con fines de extradición a todo migrante que cometa delitos menores como el robo.
Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.