Corte de Apelaciones frena temporalmente vigencia de la S.B. 4

En la zaga judicial de ida y vuelta sobre la vigencia de de la ley de Texas S.B. 4, hoy la lucha de la extrema derecha contra los inmigrantes vuelve a recibir un revés con la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, de frenar la entrada en vigor de dicha ley mientras su constitucionalidad es evaluada por el tribunal.

Esta corte señaló que escuchará los argumentos de los demandantes el próximo 3 de abril, cuando decidirá si se debe mantener la orden judicial, luego de que la Corte Suprema hubiera permitido que dicha ley entrara en vigor durante unas horas.

El fallo de la corte de apelaciones permite que una decisión judicial inferior permanezca en vigor, lo que impide que S.B. 4 entre en vigencia mientras se litiga el caso.

Quienes se oponen a las leyes antimigrantes han dicho que la S.B. 4 conduciría a la elaboración de perfiles raciales, separaría a las familias y dañaría a las comunidades de tez morena en el estado.

La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentaron una demanda en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, American Gateways y el Condado de El Paso, argumentando que S.B. 4 viola la cláusula de supremacía de la Constitución Política estadunidense, y se antepone a la ley federal, dicen en un comunicado.

En sus argumentos, la jueza principal del panel judicial, Priscilla Richman declaró que “Durante casi 150 años, el Tribunal Supremo ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de los no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”.

La S.B.4 es una extensión de la costosa “Operación Estrella Solitaria” del gobernador texano, Greg Abbott, un programa de seguridad fronteriza lanzado en marzo de 2021 que desde entonces se ha convertido en una iniciativa que ha gastado 12 mil millones de dólares del contribuyente texano, y que sin embargo ha arrojado pocos o nulos resultados.

La jueza Richman escribió que incluso si los aspectos de la ley de detención del estado de Texas se alinearan con la ley federal existente, al tipificar como delito cruzar a Estados Unidos sin autorización, “lo que sucede inmediatamente después de un arresto está en conflicto con la ley federal”, asentó.

Y agregó que la disposición de expulsión “perjudicaría significativamente el ejercicio de la discreción” por parte de los funcionarios federales de Inmigración, evitando que los migrantes arrestados busquen asilo antes de que un tribunal estatal les ordene abandonar el país.

Además, señaló que la entrada en vigor de la S.B.4 “causaría fricción internacional” y “pondría en riesgo a Estados Unidos de incumplir con sus obligaciones establecidas en el tratado”, no sólo con México sino también con los tratados internacionales sobre el derecho a emigrar.

“Me parece que esta es la primera vez que un estado ha afirmado que tiene derecho a expulsar” a los inmigrantes indocumentados, sostuvo Richman durante la audiencia. Y desestimó una de las afirmaciones más agresivas de Texas.

Y es que Texas afirma que se debe permitir que se mantenga vigente dicha ley, tras la llegada de un gran número de migrantes a la frontera sur, lo que constituye una “invasión” que desencadena “poderes de guerra estatales” bajo la Constitución de Estados Unidos, que confiere estos poderes exclusivamente al gobierno federal.