Preparan estrategia legal contra dura política migratoria

El reciente ataque de un inmigrante afgano a dos jóvenes soldados de la Guardia Nacional en Washington, DC, aceleró el endurecimiento de la política migratoria hacia refugiados y asilados de 19 países. Grupos de defensa de migrantes y abogados advierten de un impacto sin precedentes y preparan una batalla legal en la corte para tratar de neutralizar las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Trump. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.

Desde la Oficina Oval de la Casa Blanca el presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra los inmigrantes de países como Somalia, y los hizo extensivos a inmigrantes de otros países que vienen a Estados Unidos.

“No los quiero en nuestro país. Si soy sincero, alguien diría: ‘Oh, eso no es políticamente correcto’. Me da igual. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve por algo. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país. Puedo decir lo mismo de otros países”

Tras el ataque a los soldados de la Guardia Nacional en Washington, DC, cuyo sospechoso era un ciudadano afgano con asilo, la administración Trump anunció una serie de acciones migratorias citando preocupaciones de seguridad nacional.

Se suspendió la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaporte afgano y se suspendieron las adjudicaciones de asilo en todo el país para todas las nacionalidades, hasta que la integridad del proceso pueda ser garantizada, entre otras acciones.

“Es un acontecimiento muy triste”

Vanessa Frank es una abogada migratoria de Los Ángeles, California.

“Trata de castigar a todo el grupo. De hecho, nuestra Constitución asegura que un individuo solito toma responsabilidad por sus propias acciones, no un grupo en general”

Al mismo tiempo se ordenó una “reevaluación rigurosa y a gran escala” de todos los casos de Green card (residencia permanente) para nacionales de 19 países que ya estaban sujetos a una prohibición o restricción de viaje previa. Entre éstos figuran Venezuela y Cuba.

Además avanza la nueva propuesta de “Carga Pública” que, de ser aprobada, aumentaría el temor de muchos padres a usar programas como SNAP para sus hijos elegibles, opina Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families Coalition (PIF).

“Crea un caos y, segundo, puede llevar a discriminación porque esencialmente un ajustador o un oficial de Inmigracion puede determinar independientemente si una persona es cara pública o no”

Bajo las reglas vigentes, los servicios que se consideran en la determinación de carga pública son aquellos que proveen apoyo de ingresos directamente como Asistencia en Efectivo, ingresos suplementarios de seguro social y ayuda para familias necesitadas.

Vanessa Cardenas directora ejecutiva de la organización America’s Voice señaló que las acciones migratorias del presidente ya dijeron que organizaciones de derechos civiles y de defensa de migrantes llevaran la batalla a las cortes para tratar de neutralizarlos.

“En el corto y mediano plazo se van a pelear estos casos en las cortes, pienso que eso va a frenar un poco la implementación de estas políticas y también se espera que frene un poco lo que este presidente está haciendo”

Sin embargo Vanessa advirtió que en el largo plazo la preocupación es que el presidente no siempre se ha visto dispuesto a seguir las directivas de los tribunales federales.

“Mi último rayito de esperanza que veo es que más gente se está pronunciando en contra de estas medidas”

Se espera que en cualquier momento, la Suprema Corte de Justicia emita el fallo final sobre la constitucionalidad de una de las principales órdenes ejecutivas del presidente, que negaría la ciudadanía por nacimiento a todos los hijos nacidos en Estados Unidos de personas sin estatus legal.

Para la Edición Semanaria de Noticiero Latino desde la capital Washington, José López Zamorano.