Mientras veo las fotos de los cuatro concejales de la ciudad de Bell vestidos en traje de preso, acusados del desfalco de más de cinco millones y medio del erario público de una pequeña ciudad de vecinos latinos de bajos ingresos al sur de Los Ángeles, me viene a la mente la última vez que los vi en sesión pública. Esa vez se mostraban desafiantes ante un grupo de residentes que indignados les reclamaron el por qué se auto pagaban de manera abusiva hasta 800 mil dólares en sueldos, tal como era el caso del administrador municipal, Robert Rizzo, cantidad que representa el doble del sueldo del presidente de la nación.
Al final de la sesión los cuatro concejales, aunque aceptaron declinar sus salarios se negaron a renunciar a sus puestos, como lo pedían los enojados vecinos, quienes también pedían cárcel para sus gobernantes.
Hoy varios altos funcionarios de Bell están tras las rejas gracias sobre todo al tip de oficiales de policía (preocupados de que su departamento sería eliminado) a un diario local. Ahora bien, este pillaje cometido ‘con todas las de la ley’ ocurrió a la vista pública. Uno se pregunta: ¿Cómo es posible que tanto manoteo del tesoro público ocurriera durante tanto tiempo?
Parte de la respuesta está en la casi nula participación electoral de los residentes de Bell. De sus 40 mil habitantes sólo nueve mil están registrados para votar, y de estos muy pocos acuden a las urnas. Va sólo un dato: cuando la ciudad pasó a categoría de ciudad Charter, una figura que les dio más poder y menos supervisión del gobierno estatal, menos de 400 residentes emitieron su sufragio.
Hoy las cosas han dado un vuelco de 360 grados en Bell. Los ciudadanos no sólo siguen asistiendo por centenares a las audiencias del Concejo de la ciudad, pidiendo que no se detengan las investigaciones de las finanzas municipales por parte del gobierno estatal y del condado de Los Ángeles, sino que en menos de tres semanas lograron recaudar el doble de las firmas necesarias para obligar a elecciones de destitución el próximo año. De hecho, bajo esta presión ya renuncio uno de los concejales. Al mismo tiempo, durante este periodo se han registrado en el padrón electoral 500 nuevos votantes.
Esto es señal de que los residentes de Bell han aprendido bien su lección. No basta con elegir a los representantes populares, ni de que estos tengan apellido latino. El votar es apenas el principio de las responsabilidades del ciudadano. Lo principal viene después: vigilar y fiscalizar a sus gobernantes para asegurar que cumplan bien con su función pública, o, como en el caso de Bell, evitar que se ‘despachen con la cuchara grande’.
Rubén Tapia
Satélite Radio Bilingüe
Corresponsal en Los Ángeles, CA
