Aunque el gobierno federal reconoce negligencia médica en la muerte del salvadoreño Francisco Castañeda, la Suprema corte desestimó la demanda de los familiares de este inmigrante detenido por la agencia de Inmigración y Aduanas contra dicho gobierno, pues sostiene que los médicos del servicio público gozan de inmunidad, reporta Prensa Asociada (AP).
Los abogados de los médicos y el gobierno federal apelaron una ley que data de 1970, emitida por el Congreso, que da inmunidad a los médicos del Servicio de Salud Pública que tratan a los inmigrantes detenidos, como es el caso de Francisco Castañeda, de origen salvadoreño y de 36 años de edad, quien murió en cautiverio “después de que su cáncer de pene se extendiera al resto de su cuerpo. Al parecer no recibió la atención adecuada”, sostiene AP.
Pero una corte de California y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (en San Francisco) están en desacuerdo con los abogados del gobierno, pues afirman que los médicos no están protegidos de demandas por daños personales en caso de violación de los derechos constitucionales, como ocurrió con Castañeda.
Los abogados de Castañeda declararon a AP que al reo “nunca se le practicó una biopsia para el diagnóstico del cáncer. Sólo recibió un tratamiento con calmantes y antibióticos. Luego le amputaron el pene pero el cáncer se había extendido a otras partes del cuerpo y murió”.
Sin embargo el gobierno sostiene que los herederos de Castañeda sólo pueden demandar al gobierno federal, bajo los términos de la Tort Claims Act, que prohíbe juicios con jurado y daños punitivos con compensaciones económicas, que se limitarían -en todo caso- a lo que permite la ley de cada estado. En California, por ejemplo, la familia de Castañeda sólo podría percibir hasta 250 mil dólares por daños y perjuicios.
Será hasta finales de 2010 que se emita un veredicto final sobre este caso.