La periodista Sanjuana Martínez fue detenida esta mañana en su domicilio
por tres elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León, miembros de la policía
estatal, quienes, con amenazas y amagos de armas largas, la subieron a la
patrulla 206. Sin decirle el motivo del arresto y sin mostrarle una orden de
aprehensión los policías la trasladaron a un lugar confinamiento. Luego, a la
abogada de la periodista se le presentó una orden de aprehensión girada por la
jueza Luz María Guerrero Delgado, del Juzgado Quinto de lo Familiar de San
Pedro Garza García. El arresto es administrativo y por “juicio de convivencia”
con su ex marido, el juez español Carlos Castresana Fernández, quien interpuso
una demanda para quitarle a sus hijos. Martínez tiene en curso un proceso de
divorcio, por lo que es ilegal de acuerdo con las leyes de Nuevo León que se reclame
a los hijos hasta que esa situación no esté terminada. Sin embargo, el arresto
se realizó como si fuera un asunto penal cuando el caso es civil, lo que es
grave. De acuerdo con luchadores sociales que están pendientes del caso de la
periodista, la jueza Guerrero Delgado es la misma que ordenó en septiembre de
2008 el allanamiento del albergue para mujeres víctimas de violencia física,
“Alternativas Pacíficas”, también en San Pedro, para llevarse a dos menores de
edad. En esa intervención, las autoridades judiciales de Nuevo León incluso se
llevaron secuestrada a la directora de esa ONG, María del Mar Álvarez Morales.
Luego se demostró que era un allanamiento ilegal para favorecer a un agresor
con mucho dinero y poder en esa comunidad, cuya esposa estaba recluida ahí, en
violación de la Constitución y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, lo que también transgredió la confidencialidad del
albergue y la custodia otorgada a la madre, refugiada en el centro de atención a
mujeres maltratadas. La jueza, añadieron, tiene un largo historial al favorecer
agresiones específicamente contra mujeres. Por su parte, Castresana Fernández
también tiene una historia polémica. Abogado nacido en Madrid, España en 1957,
se convirtió en Magistrado y Juez, en los años de 1986-1989, ingresó por
oposición en la Carrera Fiscal, en las Fiscalías Especiales Antidrogas y
Anticorrupción de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en
España, se convirtió en Fiscal del Tribunal Supremo de España en el año 2005,
antes de llegar a Guatemala fue coordinador de la Oficina de las Naciones
Unidas sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), en Monterrey, Mexico. En Guatemala
fue Comisionado Internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala -CICIG- desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010. Criticado
por sus expresiones agrias en cuanto a las democracias y libertades en muchos
países de Latinoamérica, Carlos Castresana en 1996 inicio el juicio por
crímenes de lesa humanidad amparado en los principios de Nuremberg en contra de
Augusto Pinochet ex presidente de Chile, en Argentina en respuesta a las
críticas que le hiciera el ex presidente Carlos Menem, dijo: “Hay conductas que
ofenden al conjunto de la comunidad internacional, que se han cometido contra
seres humanos en algún lugar del mundo y deben ser juzgados en algún lugar del
mundo”. En Perú criticó la forma como se llevan los juicios y dijo: ”En el Perú
hay una democracia de papel”. En Guatemala, Carlos Castresana dejó una mala
impresión entre los ciudadanos , por la “conducta deshonrosa” con la que se
desenvolvió en la investigación del asesinato de Rodrigo Rosemberg Marzano, en
la que exculpó a una serie de funcionarios publicos que se veían involucrados
en sus denuncias y asesinato. Desde hace más de un año, la periodista mexicana
pidió ayuda a las abogadas de “Alternativas Pacíficas” porque el juez
Castresana la amenazó con trasladar a sus hijos a España. La jueza Guerrero le
pidió se los entregara, pero ella acudió al refugió para ser asesorada, ya que
el juez español tenía incluso listos los pasaportes para llevarse a los niños.
Claramente, expusieron los abogados de la periodista, hay en este caso un
tráfico de influencias en ese juzgado para forzar a Sanjuana Martínez a
entregar a los niños, pues en lugar de seguir los cauces legales de pronto se
favorece al padre con un arresto que no tiene fundamento legal. Es insólito,
porque incluso en los casos donde los hombres son agresores, nunca se ha visto
una detención de un hombre amagado con pistolas y llevado bajo amenazas ante un
juez, no es una práctica común en México, y por eso, insistieron, estamos ante
un abuso de autoridad. La activista Ximena Peredo expuso en un mensaje, desde
su cuenta de Twitter (@ximenaperedor), que “@SanjuanaMtz está bien, no ha sido
maltratada…”. No obstante, la abogada está reportando que Sanjuana está pérdida
y no contesta su celular. La abogada está presente en el Ministerio Público de
las instalaciones de la Procuraduría estatal; sin embargo pidió verla y no la
han presentado, puesto que no está en ese lugar. Activistas de Nuevo León han
desplegado acciones para localizar a la periodista y exigir al procurador
estatal que la presenten y le den la protección que marca la ley.
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