Virginia opta por la ‘descarcelación’ y atención a problemas mentales contra el encarcelamiento masivo

Prisión en Richmond Virginia. Foto: Tianna Mosby / Capital News Service.

Prisión en Richmond Virginia. Foto: Tianna Mosby / Capital News Service.

De la redacción

El informe señala que más de la mitad de la población diaria de la cárcel consiste en detenidos en prisión preventiva, la mayoría de los cuales muy probablemente no necesitan ser encarcelados para mantener la seguridad pública. Y cuando los tribunales tratan la detención preventiva como la norma, las personas negras y latinas de bajos ingresos son castigadas desproporcionadamente.

El estado de Virginia decidó atacar los problemas de la sobrepoblación carcelaria con programas alternativos al tradicional encierro masivo y el aumento de custodios, y también optó por el desencarcelamiento y la inversión sustantiva en atención médica adecuada para los presos con padecimientos mentales.

Como reportamos el martes, el programa “Nueva Visión para el Condado de Los Ángeles”, de la Oficina de Desvío y Reingreso (ODR), implementó métodos alternativos al encarcelamiento y se propuso “recuperar, re-imaginar y reinvertir en dicho condado los 3 mil 500 millones de dólares asignados a la construcción de dos nuevas cárceles”.

Al parecer, una incipiente tendencia nacional se va abriendo camino. La Cárcel Regional de Hampton Roads en Virginia cedió a las recomendaciones de los defensores de sus presos, que insistieron en el desencarcelamiento y propusieron mejor optar por la atención especializada a los reoss con problemas mentales, reporta The Appeal, la revista electrónica enfocada en temas de justicia criminal y el encarcelamiento masivo a nivel estatal y local.

Cuando la Cárcel Regional de Hampton Roads propuso gastar 7 millones para contratar 113 nuevos guardias, los defensores redoblaron sus llamados para que los funcionarios mejoraran las condiciones de esa prisión, y sugirieron que “la cárcel podría ahorrar millones de dólares al encerrar a menos personas con enfermedades mentales”.

Y es que la referida cárcel regional de Hampton Roads, en Portsmouth, Virginia, “cuenta con un historial de prolongados problemas, que han producido enormes costos humanos y financieros”. Entre 2003 y 2018, dice la fuente, “hubo 68 muertes bajo custodia, así como millones de dólares gastados en arreglos extrajudiciales”.

Además en enero de este año “esa cárcel y su antiguo proveedor médico acordaron pagar 3 millones de dólares a la familia de Jamycheal Mitchell para resolver una demanda por su muerte en custodia”. Mitchell ingresó a en 2015 la cárcel por supuestamente robar golosinas en una tienda, cuyo monto ascendía a 5 dólares”.

Y en 2018 esa cárcel pagó 625 mil dólares por una demanda por la muerte de Henry Clay Stewar, “encarcelado por violar su libertad condicional y por un cargo de robo en una tienda también, reporta The Appeal, que cuenta con una profunda experiencia para exponer el impacto humano de las prácticas de justicia penal más rutinarias en Estados Unidos.

Prisioneros en la cárcel regional de Hampton Roads. Foto: The Viriginian-Pilot.

Prisioneros en la cárcel regional de Hampton Roads. Foto: The Viriginian-Pilot.

De tal suerte que la sobrepoblación viene siendo anticonstitucional, dice un informe de 2018 que dio a conocer el Departamento de Justicia (DOJ), sobre la explosión carcelaria de la prisión regional de Hampton Roads, que alberga aproximadamente a mil 100 personas al día”, provenientes de ciudades como Newport News, Norfolk, Chesapeake, Hampton y Portsmouth.

DOJ también dijo que esa cárcel “encierra innecesariamente a personas con enfermedades mentales y médicas graves, por delitos menores y no violentos, a un costo enorme para las comunidades locales: al menos 505 mil 890 dólares gastó tan sólo en 2017”. Sin embargo, en mayo, la junta de supervisión de la instalación propuso agregar 113 oficiales y un psiquiatra a tiempo completo a un costo de 7 millones de dólares para mejorar drásticamente sus condiciones de confinamiento.

La abogada de la Mancomunidad de Portsmouth, Stephanie N. Morales, dijo a The Appeal desconcerlos parámetros de dicha inversión, “‘de dónde viene ni para qué se puede usar, pero puedo pensar en lo que podríamos hacer con esos 7 millones… en todo tipo de cosas creativas que beneficiarían a nuestra comunidad”.

Morales publicó un informe el 20 de febrero criticando a los carceleros de Hampton Roads y a su proveedor médico por alojar a Jamycheal Mitchell en “condiciones deficientes” y supuestamente abusar de él, quien tenía “un historial documentado de discapacidad mental grave”.

El descarcelamiento trae beneficios tangibles. Por ejemplo, “ha brindado capacitación en equipos de intervención en crisis a 5 mil 600 oficiales de la ley en el Condado de Miami-Dade”. En 2017, dice la fuente, “los equipos de intervención de crisis respondieron a más de 11 mil llamadas, y sólo 19 de esas llamadas resultaron en arresto, “impidiendo la acumulación de más de 15 mil días de cárcel”.

Y en 2015, el programa también contribuyó al cierre de una cárcel de Miami. “Estas políticas juntas le ahorraron a los contribuyentes unos 17 millones de dólares cada año, y este cálculo ni siquiera aborda los beneficios sociales urgentes, a menudo totalmente ignorados, de la descarcelación”.

Y lo mismo está sucediendo en otros condados de Texas, donde “el desvío de la cárcel a programas que atienden a personas con enfermedades mentales se asocia con una ahorro  de 2 mil 800 dólares para el contribuyente por cada persona desviada o reconducida…  este costo está asociado con un mejor acceso al tratamiento”.

De tal modo que descarcelar, o reducir la población de presos en las cárceles de los condados, evita traumáticos problemas, declaró a The Appeal Leo Beletsky, profesor de derecho y ciencias de la salud de la Universidad del Noreste: “Y realmente tenemos que invertir para evitar estos encuentros traumáticos y contraproducentes con el sistema de justicia penal que nos afectan a todos”.

Así que antes de gastar millones en guardias en Hampton Roads, defensores de la descarcelación y representantes de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, de Virginia, y de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NAACP de Portsmouth, quieren que la cárcel satisfaga mejor las necesidades de su población. Pero “si el proveedor contratado no proporciona suficiente calidad y cantidad de servicios, y el público no tiene forma de verificarlo, dado que los informes de garantía de calidad proporcionados a una entidad financiada con fondos públicos son privados, entonces tenemos un gran problema”, dijo Honda Thissen, directora ejecutiva de la sucursal en Virginia de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales.

Sin embargo, la solicitud de The Appeal para revisar los resultados de una inspección sobre la atención médica en Hampton Roads fue rechazada por su proveedor, Wellpath (anteriormente Correct Care Solutions) ■

Henry Clay Stewart, de 60 años abrazando a su nieto, murió a causa de una hemorragia interna. Había perdido 35 libras entre el momento en que fue trasladado a la cárcel el 7 de junio de 2016 y el día en que el médico forense le realizó una autopsia a su cuerpo, según una demanda. Foto:  Richmond Times-Dispatch.

Henry Clay Stewart, de 60 años abrazando a su nieto, murió a causa de una hemorragia interna. Había perdido 35 libras entre el momento en que fue trasladado a la cárcel el 7 de junio de 2016 y el día en que el médico forense le realizó una autopsia a su cuerpo, según una demanda. Foto: Richmond Times-Dispatch.

Los ahorros de la descarcelación

  • El DOJ identificó a 62 personas con una enfermedad mental grave, como trastorno bipolar o esquizofrenia, cuyo historial de reservaciones en la cárcel “incluía sólo delitos menores como robar en tiendas, traspasar o violaciones de libertad condicional”.
  • Al 31 de agosto de 2017, esas personas había pasado encerradas 17 mil 373 días, a un costo estimado de 63 dólares por persona cada día.
  • El encarcelamiento de esas 62 personas le cuesta al contribuyente unos mil 100 millones de dólares al año.
  • El informe del Departamento de Justicia (DOJ) señala que esta suma supera con creces lo que las comunidades locales hubieran gastado en servicios comunitarios de salud mental (alrededor de 45 dólares por día).
  • Es probable que los ahorros en los costos derivados de la encarcelación sean significativamente más altos.
    En junio de 2017, aproximadamente 400 de las mil 100 personas encarceladas tenían una enfermedad mental grave.
    Según un análisis realizado recientemente por Virginian-Pilot, la cárcel tiene más personas con esquizofrenia y trastorno bipolar que cualquier otra en Virginia, y en el año fiscal 2018 dicha cárcel incurrió en 2 millones 700 mil dares en costos de tratamiento de salud mental y medicamentos relacionados.
  • Sin embargo, el personal correccional de Hampton Roads tiende a responder a las crisis de comportamiento al colocar a estas personas en viviendas restrictivas, según el DOJ.
    Es probable que estas prácticas exacerben los problemas de salud mental y reduzcan las tasas de éxito de quienes salen de la cárcel.
    El informe del DOJ señala que hay alrededor de 70 personas con enfermedades mentales graves en viviendas restrictivas en un día determinado, pero esa cifra a veces llegó a 250 personas.
  • El informe también señala también que más de la mitad de la población diaria de la cárcel (aproximadamente 600, de los mil 100 reclusos) consiste en detenidos en prisión preventiva, la mayoría de los cuales muy probablemente no necesitan ser encarcelados para mantener la seguridad pública.
  • Y cuando los tribunales tratan la detención preventiva como la norma, las personas negras y latinas de bajos ingresos son castigadas desproporcionadamente.
This entry was posted in Homepage Feature, sistema de justicia criminal. Bookmark the permalink.