Bloquea tribunal expulsiones fronterizas ilegales de la administración Trump

Niños llegados a la frontera de México con Estados Unidos. Foto: RTVE.ea.

Niños llegados a la frontera de México con Estados Unidos. Foto: RTVE.ea.

De la redacción

En lo que parece una cascada de reveses legales a las políticas antinmigrantes del gobierno de Trump, el Tribunal federal para el Distrito de Columba emitió hoy una orden que bloquea la aplicación de la ordenanza del “Título 42″, que ya resultó en la expulsión sumaria o sin el proceso debido de al menos 13 mil niños migrantes no acompañados, “incluso si el niño estaba huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no mostraba signos de tener COVID-19”.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), y Oxfam América sometieron una exitosa demanda colectiva contra la administración Trump por su “cruel” política de inmigración. En respuesta, el Tribunal del Distrito de Columbia “impugnó la política antinmigrante, que restringe la inmigración en la frontera con base en una invocación ilegal y sin precedentes de la Ley del Servicio de Salud Pública, o el Título 42 del Código federal de Estados Unidos”.

Este fallo de hoy es “un paso fundamental para detener el intento ilegal y sin precedentes de la administración Trump, de expulsar a los niños migrantes bajo el superficial disfraz de la salud pública… que ha permitido ya la rápida expulsión de más de 13 mil niños necesitados de protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo”, dijo Lee Gelernt, abogado principal de ACLU en la referida demanda colectiva.

Éstga argumenta que la administración federal “no está autorizada para emitir la orden de expulsión según las disposiciones de salud pública del Título 42 del Código de Estados Unidos”, dice el comunicado de ACLU.

Esta disposición rara vez se ha utilizado y nunca de esta manera, dice el documento de la coalición. Porque el referido Título 42 “no permite la expulsión de no ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos, ni permite legalmente la remoción de niños”, sostiene la demanda.

Por su parte Jamie Crook, director de litigios de la CGRS, aplaudió la referida medida dictada por el tribunal, porque ha puesto en peligro a miles de niños refugiados que son vulnerables: “El fallo de hoy afirma que el gobierno de Trump no puede usar la pandemia como pretexto para incumplir sus obligaciones legales con los niños que huyen de la persecución… Estamos encantados de que el tribunal haya frenado esta política cruel, que ha puesto en peligro a miles de niños refugiados vulnerables”.

En tanto, el líder de políticas globales de Oxfam América, Noah Gottschalk expresó en el comunicado que “Esta es una gran victoria, ante todo para los miles de niños y sus familias que ahora tendrán la oportunidad de encontrar un refugio seguro, pero también para quienes somos como una nación”.

Durante los últimos cuatro años, agrega el documento de la coalición demandante, “el gobierno de Trump ha dado vergonzosamente la espalda al largo legado de nuestro país como refugio para las personas que huyen de la persecución. Hoy, estamos dando un paso crítico para comenzar a reparar el daño causado por estos ataques dañinos contra nuestra humanidad común”.

Los demandantes afirman que como siguiente paso rescindirán la orden por completo: “Ha sido necesario meses y una demanda contra el gobierno para confirmar lo que ya sabíamos: la administración Trump no puede convertir una pandemia en un arma para destruir protecciones establecidas desde hace mucho tiempo para los niños, con un sistema en la sombra y de cero responsabilidad”.

Karla Marisol Vargas, abogada principal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, concluye que continuarán manteniendo vigilada a esta administración y a la siguiente. El caso también citó violaciones a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Convención contra la Tortura■

El caso también citó violaciones a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Convención contra la Tortura.

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