Molestos y ofensivos grilletes electrónicos porta la joven pareja hasta que se defina su solicitud de asilo.Rubén Tapia.
Empresas privadas que siguen lucrando con la desgracia de los inmigrantes detenidos por falta de estatus migratorio permanente, como GEO Group y CoreCivic más notoriamente, motivaron el disgusto de un grupo de legisladores que enviaron una carta con carácter urgente a la administración Biden para pedir su intervención, a fin de poner fin a un controvertido programa federal que transfiere grandes sumas del presupuesto a la industria carcelaria privada.
De la redacción
Veinticinco legisladores demócratas liderados por la congresista Rashida Tlaib, pidieron al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, que reduzca la cantidad de inmigrantes inscritos en el programa de comparecencia de supervisión intensiva (LSAP), una iniciativa introducida en 2004 como “alternativa humana” a la detención de inmigrantes, que ha resultado ser todo menos una verdadera alternativa humana, según los congresistas
Los legisladores dijeron al semanario The Guardian que “el programa es punitivo, que a menudo somete a los inmigrantes a años de vigilancia y (que) no ha logrado su propósito declarado de reducir la cantidad de inmigrantes detenidos”. En cambio, sostienen, los inmigrantes que de otro modo serían liberados están sujetos a monitoreo electrónico.
Entre 2006 y 2021 el presupuesto original de LSAP aumentó de 28 millones de dólares !a 475 millones!, mientras que el presupuesto de detención de Inmigración aumentó de mil millones a 2 mil 800 millones de dólares, dice la carta: Las autoridades de inmigración “no pueden razonablemente llamar a LSAP una ‘alternativa a la detención’ si el programa efectivamente somete a más inmigrantes a la supervisión de la agencia mientras simultáneamente expande los programas formales de detención”.
Y es que Bl Inc, subsidiaria de Geo Group, una de las corporaciones de prisiones privadas más grandes del país, ofrece estos servicios de monitoreo para la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Algunos pueden ver un “avance” en la práctica de ICE, de permitir que inmigrantes detenidos inscritos en dicho programa puedan irse a casa en lugar de permanecer presos después de haber solicitado asilo o haber sido detenidos; pero ICE les asigna un régimen de “supervisión”, que incluye una pulsera electrónica atada permanentemente al tobillo, registros de reconocimiento facial en una aplicación de teléfono inteligente, o mensajes de voz para ser analizados por un programa de reconocimiento de voz, según el contrato actual de Ice con BI Inc.
Estos sistemas de monitoreo incluyen también una combinación de visitas semanales o semirregulares al hogar o al sitio de confinamiento. “Si bien los inscritos en dicha vigilancia a menudo son relegados a ciertos estados o áreas geográficas, y por lo general son libres de salir de su hogar, excepto en los días en que tienen visitas domiciliarias”, dice la fuente.
De acuerdo con ICE, actualmente poco más de 180 mil inmigrantes se hallan inscritos en el programa, el más grande de cualquier otra agencia de aplicación de la ley en Estados Unidos.
Entre tanto, lejos de atender la misiva de los congresistas el gobierno de Biden recurrirá nuevamente a BI Inc para ejecutar un programa piloto que “ampliaría la cantidad de personas que pueden inscribirse y probar la adición de este nuevo nivel de vigilancia, más estricto, que requeriría que los inmigrantes en LASP permanezcan en casa durante 12 horas al día, según Reuters.
Los legisladores también están preocupados por la forma en que BI recopila y comparte los datos de los usuarios a través de SmartLink, la aplicación que requiere que utilicen los inmigrantes, diciendo que su política de privacidad es demasiado amplia y que Ice y BI deberían ser más transparentes sobre los datos que recopilan.
Pero “Sin leyes federales que regulen el uso de la información del consumidor, esos datos personales podrían usarse en otros contextos de aplicación de la ley o venderse al mejor postor”, dijo Julia Mao, subdirectora de la organización de derechos de inmigración Just Futures Law.
En su carta a Mayorkas, los legisladores dicen que existe un precedente para estas preocupaciones: “Ya sabemos que los datos recopilados de los grilletes en los tobillos se han utilizado para realizar operaciones de ejecución y deportación”.
BI Inc. se desentendió de los cuestionamientos de los congresistas, y remitió a ICE todas las preguntas sobre las políticas de datos y privacidad que rigen SmartLink, y en 2020 Bl Inc. firmó un nuevo contrato exclusivo de cinco años con el gobierno federal, por valor de 2 mil 200 millones de dólares para ejecutar LSAP al servicio de ICE.
